Permite a privados, pero no lo entrega

Cuando Enrique Peña Nieto se tome la foto saliendo de Los Pinos el 2018, el gobierno mexicano habrá privatizado toda la cadena de valor de su industria petrolera. 

El 80 por ciento de aguas profundas y de comercialización de gas podrá ser privado. Para los demás proyectos podría ser privado y extranjero, hasta el 75 por ciento. 

El paquete de reformas secundarias en materia energética, presentado el miércoles 30 al Senado, solo se exige que un 25 por ciento de la industria quede en manos mexicanas.

La prensa extranjera recibió con alivio el anuncio, que coloca a México como “uno de los mejores prospectos de inversión en energía”, según el Financial Times.

Para The Washington Post la apertura es “histórica”, pero aún “queda por ver si las empresas extranjeras y privadas se apresuran a desarrollar campos en México”.

La reforma está diseñada para atraer grandes inversiones rápidamente, consideró The Wall Street Journal.

En este atractivo, un punto medular serán las gasolinas, cuya importación por privados iniciará en enero de 2019, “cuando haya comenzado el próximo gobierno”, dice a Reporte Indigo un actor cercano a las negociaciones. 

La fecha para que la gasolina que se venda en México no sea comprada a Pemex, ni producida en el país, fue modificada tras bambalinas y a última hora. 

La última versión de la Ley de Hidrocarburos, de la noche del 29 de abril, horas antes de que se divulgara el paquete de leyes secundarias, contiene fechas para el expendio e importación de gasolinas por privados que difieren, por dos años, de las presentadas en el documento final.

Esta versión indica que en enero de 2016 los privados podrían obtener permisos para vender al público gasolina y diésel. Pemex no podría, desde esa fecha, exigirles que tuvieran una franquicia para venderles gasolina.

Un año más tarde, en enero de 2017, los privados podrían importar su propia gasolina y diesel. 

En el documento entregado al Senado, la venta de gasolinas por privados se cambió a 2017, y la importación de gasolinas y gas LP hasta 2019, es decir, después de que concluya el periodo electoral.

A partir de esa fecha la condición de país petrolero de México no impedirá que se venda en su territorio gasolina de otras marcas, pues la legislación secundaria en la materia no prevé que los privados tengan un porcentaje máximo del mercado.

La comercialización de gas e hidrocarburos también será privada. 

La iniciativa negociada por el gobierno y el PAN establece que Pemex solo mantendrá la adjudicación directa para la comercialización de los hidrocarburos hasta diciembre de 2017.

A partir del 1 de enero de 2018, esta comercialización será licitada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

En el caso del gas natural, la ley incluso se asegura que la mayoría esté en manos privadas. 

Obliga a que en los próximos cinco años “la participación como comercializador de gas natural de una empresa productiva del Estado, no sea superior al 50 por ciento”. 

En una década, el Estado no podrá comercializar más del 20 por ciento del gas natural que se produzca en el país. 

Esta Ley pone en calidad de inminente la privatización de toda la cadena de valor. 

Establece que en cuanto entre en vigor, los privados ya podrán tener permisos para “tratamiento y refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio al público de hidrocarburos, gas LP, petrolíferos o petroquímicos.

Negociación a medias

Los tiempos políticos se le vinieron encima a este gobierno. 

Obligado a presentar el paquete de leyes secundarias de la reforma energética antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, entregó al Congreso una serie de documentos negociados -a medias- con el Partido Acción Nacional.

El próximo mes será aún clave en la negociación entre los representantes de Peña Nieto y el grupo de seis legisladores panistas, con quienes han estado en mesas de trabajo desde enero. 

Quienes participan en las mesas insisten en que el paquete energético debe quedar aprobado en la segunda quincena de junio, probablemente en un segundo periodo extraordinario.

Sucederá después del receso de un primer periodo extraordinario, en que se aprobarían la reforma secundaria en telecomunicaciones y político-electoral.

Los puntos de desacuerdo que persisten, ya con las iniciativas presentadas este miércoles, se refieren a las gasolineras de otra marcas distintas a Pemex, el contenido nacional de los contratos, las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de Energía. 

Tampoco hay consenso aún acerca de cuánto será la base del derecho que deberán pagar los privados una vez que obtengan los contratos. 

La cantidad de regalías que las empresas deben erogar y cuánto petróleo podrán llevarse son otros puntos en disputa, pues aún no queda firme si serán porcentajes fijos por tipo de contrato o si en cada caso serán establecidos por la CNH. 

Fortalecido con la ratificación de su presidente, este organismo se reafirma dentro del paquete de leyes secundarias como el nuevo gran actor de la industria.

El otro gran ganador es la Secretaría de Hacienda, que garantiza un piso de recaudación por parte de Pemex para los próximos dos sexenios.

Recibirá, además, los derechos base que pagarán los privados por explotar los yacimientos y el impuesto sobre las ganancias, sin importar qué tipo de contratos se haya firmado para cada yacimiento.

La CNH con todo el poder

La Ley de Hidrocarburos reafirma a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como depositaria de la información y las decisiones más importantes de la industria de hidrocarburos. 

Relega, ya en reglas concretas, a que Pemex actúe como un mero operador. 

La participación de las compañías privadas iniciará desde el reconocimiento y exploración superficial, que podrán realizar por sí solas, sin intervención de la petrolera mexicana, únicamente teniendo permiso de la CNH. 

Para el uso de suelo negociarán directamente con los dueños de los terrenos y podrán pedir que la Sener incluya en el proceso la participación de un testigo social. 

Pemex se mantiene como el único actor que podrá tener asignaciones petroleras, pero deberá renunciar a ellas si quiere asociarse con privados o usar el nuevo régimen fiscal. 

Esta “migración” de asignación a contratos también será autorizada por la CNH, que licitará y decidirá con qué privado Pemex puede asociarse para cada contrato, bajo lineamientos técnicos y fiscales impuestos por Sener y Hacienda. 

Cuando la Comisión haya decidido con qué privado Pemex puede asociarse, firmará el contrato y le informará a la petrolera qué compañía será su socio.

Una vez asociados, Pemex puede ceder al privado el control corporativo, de gestión, y las operaciones del yacimiento de  “forma parcial o total”, también con autorización de CNH.

El artículo 14 de la Ley de Hidrocarburos especifica que los socios privados “podrán compartir costos, gastos, inversiones, riesgos, así como utilidades y producción”.

La palabra “licencias” no se menciona en el documento, a pesar de que este modelo de contrato fue aprobado en la reforma constitucional de diciembre. 

Para la petrolera mexicana y los privados, regirán las mismas reglas. 

Se les pueden revocar sus asignaciones o contratos si incumplen con el plan de exploración o desarrollo de los campos, da información falsa o suspenden los trabajos en el campo sin justificación, por más de 180 días.

La asociación puede ser sólo de dinero. 

La Ley busca que los vehículos financieros del Estado mexicano “cuando se desee impulsar un proyecto”, puedan participar hasta con el 30 por ciento de la inversión, aunque los operadores sean solamente privados.

El 80 por ciento de cada yacimiento en una zona transfronteriza podrá ser, en su mayoría, de corporaciones no estatales. 

Pemex  entra a competir

Cuando se vaya a adjudicar un nuevo campo petrolero, la CNH realizará la licitación, en la que pueden participar “Pemex, empresas productivas del Estado y personas morales”. 

Esto implica que en algunos proyectos podría competir Pemex contra la Comisión Federal de Electricidad, ya que ambas serán empresas productivas. 

La Comisión Federal de Competencia Económica dará su opinión técnica sobre el mecanismo de selección del ganador,  y la CNH lo anunciará. 

Si algún concursante no está de acuerdo con el resultado, puede solicitar un juicio de amparo indirecto. 

Nuevamente, como en la reforma constitucional, “los contratistas tendrán derecho a reportar, para efectos contables y financieros, la asignación o el contrato para la exploración y extracción, así como los beneficios esperados del mismo.

Deben afirmar en dicha asignación o contrato, de manera expresa, que los Hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del Estado Mexicano.

Las mineras que ya tengan concesiones vigentes tendrán adjudicaciones directas, sin necesidad de entrar a una licitación, para explotar el gas producido por el carbón mineral. 

A diferencia del borrador de esta ley, al que tuvo acceso Reporte Indigo en diciembre pasado, esta versión última sí especifica que la explotación será únicamente en “la veta de carbón mineral y producido por la misma”. 

Si las mineras extraen otro gas no asociado al carbón, le cancelarán su concesión. Con esto, no podrán explotar el shale sin licitación, como estaba comprendido en las primeras versiones de las leyes secundarias. 

Las ocupaciones de Sener respecto a los contratos quedarán en la selección del yacimiento a licitar, la aprobación de los planes quinquenales de explotación y en la promoción de las licitaciones, mientras Hacienda establecerá los términos fiscales. 

CNH hará todo lo demás, que incluye emitir las bases, adjudicar y firmar los contratos, supervisarlos técnicamente, aprobar o modificar sus términos, aprobar los planes de exploración o extracción, los planes anuales de inversión y la cesión de control corporativo. 

La Comisión controla  todo

El poderío de CNH llegará hasta el control de la información. Antes, el órgano colegiado debía solicitar a Pemex los datos de los yacimientos, pozos, reservas y recursos prospectivos que usara para elaborar sus reportes y dictámenes técnicos. 

Ahora, a más tardar tres meses después de aprobado el paquete de leyes secundarias, crearán y administrarán el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 

Este Centro va a guardar, administrar, analizar y publicar la información de la producción de hidrocarburos, las reservas, la relación entre producción y reservas, los recursos contingentes y prospectivos. 

Además, concentrará toda la información geológica, geofísica, petrofísica y petroquímica que posee actualmente el país, más la que va a generarse con los nuevos contratos. 

La CNH se encargará de preservar los núcleos de roca, recortes de perforación o muestras de hidrocarburos en una Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos. 

Apenas entre en vigor la ley, Pemex debe dar total acceso a CNH de “manera presencial y remota” a toda la información. Una vez creado el Centro, la Comisión, Sener y Hacienda tendrán “acceso irrestricto”, además de universidades y centros de información que firmen convenios con CNH.

Con la información administrada, la Comisión va a cuantificar y certificar las reservas de hidrocarburos mexicanas, va a medir la producción y aprovechamiento del gas natural asociado a los pozos petroleros.

La Ley de Hidrocarburos establece que solo el 25 por ciento de las actividades de exploración y extracción en el país “en promedio” deben ser realizadas por nacionales. 

En cada contrato habrá un mínimo, que será variable y lo determinará  Sener. 

Las empresas que pretendan comercializar hidrocarburos, gas LP, petrolíferos y petroquímicos no requerirán permiso, sino únicamente un registro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Para tratar y refinar petróleo, procesar gas natural, exportar e importar hidrocarburos, así como gas LP, sí deberán pedir permiso a la Sener. 

Los requisitos son únicamente entregar una solicitud con nombre, domicilio, actividad, especificaciones del proyecto y carta de compromiso con garantías. 

Estos permisionarios pueden desarrollar ductos de transporte y el almacenamiento de gas natural.

Fijan sanciones altas …menos para corrupción

Si los contratistas no permiten que la Sener, la CNH o la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente acceder a sus instalaciones, serán sancionados. 

Serán “responsables de los desperdicios, derrames de hidrocarburos o demás daños que resulten”.

Las sanciones serán impuestas en algunos casos por Sener y en otros por la CNH. 

Por incumplir los términos de las asignaciones, los privados pagarán un máximo de 5 millones de pesos de multa.

Si exploran o explotan yacimientos sin permiso les pueden obligar a pagar hasta 30.3 millones de pesos, de acuerdo con la cifra actual de salarios mínimos. 

Otros 50.5 millones de pesos podrían pagar de multa, si ceden o traspasan los derechos de una asignación.

La multa por realizar extracción de hidrocarburos sin contrato, puede ascender hasta 504.7 millones de pesos.

Por su parte, la CNH sancionará no entregar información de reconocimiento superficial, incumplir las reglas para la exploración superficial, los planes de exploración o extracción, explorar o extraer con un sistema de medición distinto al aprobado por la misma comisión, o ceder derechos de un contrato sin autorización. 

Las multas van de 200 mil a 15 millones de pesos. 

La sanción más onerosa que impondría la CNH sería de 505 millones de pesos por “proporcionar información falsa, alterada o simular registros de contabilidad”.

En los casos de corrupción, el gobierno fue mucho menos específico. 

La Ley dice que se sancionará a las personas o empresas que ofrezcan o entreguen dinero a servidores públicos, busquen evadir reglas para obtener contratos, intervengan en nombre propio pero en interés de personas impedidas para participar en las licitaciones, u ostente influencia o poder político sobre cualquier servidor público.

En ninguno de estos casos se especifica cuánto sería el mínimo ni el máximo monetario de las sanciones, ni qué organismo sería el encargado de imponerlas. 

Y mientras tanto, en el futbol…

El mismo día en que se estaban afinando los últimos detalles de la legislación secundaria que cambiará la naturaleza y las funciones de Pemex, su director de Procura y Abastecimiento estaba ocupado en Múnich viendo el partido del Bayern contra el Real Madrid. 

Este jueves, el diario español El Confidencial publicó que Arturo Henríquez Autrey se había presentado a ver el partido junto a Borja Prado, presidente de la compañía de electricidad y gas española Endesa.

“No se entiende muy bien la falta de pudor a la hora de subirse a un avión privado, con todos sus lujos asociados, en amor y compañía de un directivo teóricamente ajeno, cuando no contrario, a los intereses que representa Pemex en España”, dice el medio. 

En algunos rubros Endesa funge como competidora de Repsol, la petrolera española de que la Pemex posee una participación minoritaria. 

“La sintonía de la extraña pareja causó impresión entre algunos de los ilustres madridistas… entre otras razones porque el tal Henríquez es un devoto y confeso seguidor del Barça”, agregó el autor del blog El Confidente, que se publica sin firma.

Publicaron: “No sabemos si Prado aprovechó para distribuir tarjetas de visita en solicitud de nuevo empleo, o si el día de Champions sirvió para estrechar lazos vinculados con el departamento de compras de Pemex”. 

Henríquez Autrey fue nombrado director de Procura y Abastecimiento de Pemex en enero de este año. La dirección es reciente y fue creada a propuesta de la administración de Emilio Lozoya. 

El director de compras, economista por la Universidad de Boston, fue elegido en 2004 director de Repsol y fungió como consejero de la empresa hasta su nombramiento en Pemex.