Desde que inició la gestión de López Obrador, las dependencias encargadas de perseguir los actos de corrupción como la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se concentraron en abrir investigaciones a personajes de administraciones anteriores o en contra de exfuncionarios o funcionarios que cuestionan acciones del gobierno actual.
En sus indagatorias abordan cuestiones como lavado de dinero o conflictos de interés, entre otros.
Sin embargo, han sido blanco de críticas, pues se les señala de no ser igual de rígidas con trabajadores gubernamentales sometidos a investigación que son cercanos al presidente u ocupan lugares clave en su administración.
Manuel Barttlet, titular de la CFE, fue investigado por posibles faltas administrativas, conflicto de interés y enriquecimiento oculto luego de que se dieran a conocer los más de 20 inmuebles que posee y no declaró, sin embargo fue absuelto por la SFP
Uno de los casos más sonados en los que la UIF y la SFP se vieron involucradas, fue la renuncia de Guillermo García Alcocer a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ocurrida a mediados del 2019.
Este hecho se dio después de que García Alcocer mantuviera un conflicto con el Gobierno federal.
El excomisionado declaró que los perfiles de las ternas enviadas por el Ejecutivo al Senado, para la designación de nuevos integrantes de la CRE, carecían de especialización en el ramo energético.
Tras ese señalamiento, la SFP y la UIF abrieron una investigación en conjunto por un probable conflicto de interés vinculado al entonces presidente de la Comisión. Después de la presión ejercida, García Alcocer abandonó el cargo.
La UIF es el brazo anticorrupción más activo de la llamada cuarta transformación. Santiago Nieto, titular de la unidad, de manera constante divulga la apertura de expedientes o las solicitudes de congelamiento de cuentas relacionadas a funcionarios y exfuncionarios federales.
Es el caso de los exsecretarios de Estado y servidores públicos de alto nivel de la gestión de Enrique Peña Nieto se encuentran Rosario Robles, Emilio Lozoya y Luis Miranda, entre otros.
Rosario Robles, Emilio Lozoya, Luis Miranda y Genaro García Luna son algunos funcionarios de administraciones pasadas que están siendo investigados por el actual Gobierno federal por distintos ilícitos relacionados con corrupción
También existen indagatorias en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico
Pese a estas medidas para perseguir acciones corruptas por parte de la UIF, la SFP fue criticada por grupos opositores al gobierno en turno luego de que absolviera a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad.
La SFP, dirigida por Irma Eréndira Sandoval, inició una investigación en septiembre del año pasado por posibles faltas administrativas, conflicto de interés y enriquecimiento oculto, luego de que se presentaran una serie de denuncias por los más de 20 inmuebles que posee el titular de la CFE y que no fueron incluidas en su declaración patrimonial inicial.
En diciembre de 2019, la SFP absolvió a Manuel Bartlett. Entre los argumentos se encuentran que la Secretaría no encontró faltas administrativas graves ni conflicto de interés.
Para Pablo Montes, los casos emblemáticos perseguidos por la UIF generan una percepción en la ciudadanía de que realmente se está combatiendo la corrupción; no obstante, la práctica de no investigar en la misma medida a los personajes vinculados al gobierno indica que se mantienen los mismos vicios de administraciones anteriores.
Se investiga a los incómodos pero no a los cercanos. Esto ocurría en gobiernos pasados, que había protegidos. Ahora, todo el armamento sale, vemos al titular de la UIF, se hace un gran espectáculo en la mañanera cuando se trata de acusar a opositores, pero cuando son de los suyos, las investigaciones no arrojan resultados
