Nunca como en los últimos cinco años, en México se había criminalizado la protesta por la defensa del suelo: en los últimos 20 años se han registrado 502 casos de persecución, intimidación, encarcelamiento y asesinato contra defensores de los derechos ambientales; 302 se registraron en lo que va del actual sexenio.
De acuerdo al informe de “La Esperanza No se Agota”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, se establece que el estado de Chiapas es el más peligroso para abanderar la defensa de la tierra.
Pero es el estado de Oaxaca en donde se han registrado la mayor cantidad de agresiones a los defensores que se oponen a megaproyectos de desarrollo, en donde se han registrado agresiones por oponerse a 13 proyectos, extractivos y de generación de energía, y a otros 17 que tienen que ver con desarrollos urbanos, construcción de carreteras y privatización de playas.
En el 2017, según recuentos periodísticos, en México fueron asesinadas 12 personas que estaban directamente relacionadas con labores de defensa del suelo, por lo que diversas organizaciones civiles, entre ellas Global Witness, atribuyen sus ejecuciones a la labor social realizada, en donde no se descarta la intervención de agentes del Estado.
En el estado de Oaxaca se han registrado la mayor cantidad de agresiones a los defensores que se oponen a megaproyectos de desarrollo
Según lo establece la organización Frontline Defenders en su informe anual “Sobre los/as Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo”, en el 2016 fueron ejecutadas 26 personas.
De acuerdo a la lista negra que reconoce Frontline Defenders durante el 2016, el número de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales fue al alza como consecuencia directa de la elevada cantidad de proyectos de desarrollo que se pusieron en marcha en todo el territorio nacional, principalmente en zonas vírgenes que fueron arrebatadas a los pueblos indígenas.
Los tiene que proteger el Estado
Esa misma organización internacional reconoce que el estado de riesgo en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, se denota en las medidas que el mismo Estado ha tenido que dictar, a través del Mecanismo Federal de Protección, para la seguridad de otros muchos defensores y defensoras que actualmente tienen amenazas de muerte.
Según datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, hasta octubre del año pasado se habían recibido ya 215 solicitudes de incorporación para brindar medidas de seguridad a personas defensoras de derechos humanos que se consideraron en riesgo de muerte.
A la fecha son 385 defensores y defensoras de derechos humanos los que el Estado considera en riesgo en todo el país, quienes reciben medidas de seguridad a fin de que puedan realizar su labor.
Sexenio trágico
Según los datos del informe “La Esperanza No se Agota”, con los 302 casos de agresiones a los defensores de la tierra y de los derechos humanos registrados durante el actual sexenio, se ha afectado directamente a mil 37 personas y a 422 colectivos.
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Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, pues a la fecha encabeza la lista nacional de agresiones a defensores de la tierra, al documentar 56 hechos violentos contra ellos, luego sigue Oaxaca con 45 casos, después la Ciudad de México con 37, Guerrero con 25, Veracruz con 21, Puebla con 17, el Estado de México con 16, Chihuahua con 13, Jalisco con 11 y en el resto de las entidades con menos de 10 casos por cada estado.
El recuento que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, hace sobre las ejecuciones de medioambientalistas en lo que va de la actual administración federal, refiere que a la fecha han sido asesinadas un total de 76 personas defensores de derechos humanos.
De todos los ejecutados, se presume que al menos 24 fueron abatidos por agentes estatales, principalmente policías estatales o municipales, que actuaron de manera extrajudicial tanto en la investigación como en la detención y asesinato de las personas; los homicidios de otras 52 personas se estima que fueron cometidos por particulares que podrían tener relación con células criminales que actuaron por encargo.
Conflictos al alza
Ala fecha, según un recuento de la Comisión Nacional para el Diálogo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) existen en todo el país al menos 335 conflictos en comunidades indígenas, en donde la mayoría de ellos obedecen a las disputas por el suelo y por la preservación del medio ambiente, las que encaran contra promotores de grandes proyectos de desarrollo.
La principal causa de esas disputas que reconoce el Gobierno federal es la disputa por la tenencia de la tierra, lo que ha generado 50 “focos rojos” de confrontación entre comunidades indígenas, pero en 45 conflictos las comunidades indígenas están confrontadas contra mineras que pretenden proyectos extractivos abrazadores.
Otros 28 enfrentamientos por la posesión del suelo tienen que ver con proyectos de infraestructura, 28 más están relacionado con programas y servicios gubernamentales, otros 28 conflictos se derivan de la ejecución de proyectos hidráulicos para la generación de energía eléctrica, 16 tienen que ver con proyectos carreteros y 12 con desarrollos inmobiliarios.
