Domingo Juárez se quedó ciego a los 37 años de edad y fue en ese momento cuando verdaderamente pudo entender lo que implica vivir con una discapacidad en México.
“El problema no es tanto no poder ver, sino la falta de oportunidades y la discriminación a la que nos enfrentamos todos los días. Desde que perdí la vista no he podido encontrar un trabajo formal y dependo para muchas cosas de mi hermana, algo que no es fácil ni para ella ni para mí”, cuenta.
Como Domingo existen 7 millones 877 mil 805 personas más con alguna discapacidad en México, lo que representa un seis por ciento de la población total del país —124 millones 994 mil 566—
Para este grupo poblacional que desde hace décadas se encuentra en el olvido del Gobierno federal, la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder representaba una esperanza para poder mejorar sus vidas, pues desde que el tabasqueño estuvo en campaña, una de sus principales promesas fue la de atender y dar prioridad a las personas con alguna discapacidad.
De acuerdo con el compromiso del titular del Ejecutivo se debieron haber destinado 15 mil 840 millones de pesos, nada más en 2019, para mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional.
Sin embargo, las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad señalan que su situación no sólo no ha mejorado, sino que incluso ya se empiezan a ver algunos retrocesos.
El primero y el más claro de ellos es la desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el cual tenía como objetivo supervisar y establecer políticas públicas para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y su participación en todos los ámbitos de la vida
“Hoy en día una preocupación muy amplia y sentida tanto de las personas con discapacidad como de las organizaciones de la sociedad civil que los apoyan es respecto a la desaparición del Conadis y cuál va a ser la política del nuevo gobierno con respecto a estos ciudadanos y los mecanismos e instituciones que se van a crear para atenderlas”, dice Diana Sheinbaum, Coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia para la organización Documenta.
Por su parte, la profesora de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Patricia Brogna, explica que ningún gobierno puede retroceder en lo que a derechos humanos se trata.
Preocupa esta situación porque los gobiernos, en lo que se refiere a derechos humanos, tienen la obligación de no regresividad; pueden no avanzar, pero no pueden regresar. Lo que ya fue un derecho de las personas no lo puedes echar para atrás
“La regresión implica que las políticas públicas a favor de estas personas están desapareciendo, que las instancias de aplicación o coordinación se debilitan y que los presupuestos se disuelven o se están haciendo políticas de transferencia directa (darle dinero a la gente) lo cual es como decirles: toma esta cantidad y arréglate tu mismo, estrategia que únicamente funciona como simulación y la cual ha predominado en México”.
Ante esta realidad, diversas asociaciones y organizaciones no gubernamentales, junto con personas defensoras de las personas con discapacidad, enviaron una carta al presidente de México haciendo un llamado a los gobiernos y al mismo tiempo alertando a la Comunidad Internacional y a organismos Regionales e Internacionales de Derechos Humanos por el sistemático y peligroso recorte de derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
“Denunciamos que dentro del contexto político general […] la población con discapacidad de la región ve sistemáticamente cercenados sus derechos y garantías reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad […] lo que repercute en el deterioro de la vida de estas personas y sus familias promoviendo la pobreza, la discriminación y la exclusión educativa, laboral y social”, señala un fragmento del documento.
El rezago por el que atraviesa México en esta materia además de ser grave es irónico, pues fue este país el que en 2001 propuso la creación de dicha Convención, misma que se aprobó en el 2006. No obstante, miles de mexicanos en situación de vulnerabilidad, siguen a la espera de que los tres niveles de gobierno cumplan.
Trabajo, el reto principal de las personas con discapacidad
Asus 35 años Teodoro Alejandro Muciño quedó confinado por el resto de sus días a una silla de ruedas. Hoy tiene 48 años y no ha podido volver a conseguir un empleo estable que le permita valerse por sí mismo.
“Me fracturé dos vértebras tratando de rescatar a dos personas que se estaban ahogando en el mar, en Zihuatanejo. Desafortunadamente una ola me atrapó mientras las empujaba a la orilla, me estrelló contra la arena y me dejó con un grave problema motriz”.
Desde entonces Teodoro cuenta que su vida cambió radicalmente, pues él era una persona muy deportista, trabajadora y a quien siempre le gustaba estar en movimiento.
“Yo estuve muchos años en el Ejército, fui sargento. Después de presentar mi baja participé con el Heroico Cuerpo de Bomberos, me convertí en maestro de natación y me metí a trabajar a una compañía llamada Marketing Development, la cual, por cierto, se desentendió por completo de mí en cuanto tuve el accidente”.
Las afectaciones que sufrió Muciño tras la fractura de dos de sus vértebras le han provocado estragos más allá de no poder mover las piernas, pues sus manos poco a poco se han ido deformando, situación que le ha complicado aún más el poder conseguir un trabajo.
“He ido a pedir empleo a muchos lugares sin éxito. En la empresa de seguros Quálitas, por ejemplo, la cual además se promociona como una compañía incluyente, me dijeron que no me podían contratar por el estado de mis manos, el cual no me permite teclear rápido.
Otra de las grandes empresas que fui a visitar fue Gayosso, sin embargo no cuenta con un plan en caso de una emergencia, como un terremoto, por lo que en mi condición implica mucho riesgo”.
Acceder a una empleo formal es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, carencia que obstruye sus posibilidades de valerse por sí mismos y de alcanzar una vida plena e independiente
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 realizada por el INEGI, de la población total de personas con una discapacidad de 30 años o más —6 millones 581mil— únicamente 1 millón 911 mil tienen ingresos gracias a un empleo formal.
Del resto, 1 millón 761 mil individuos obtienen dinero de algún programa de gobierno, 1 millón 196 mil a través de una pensión o jubilación, 265 mil 636 reciben recursos de otra persona que se encuentra en el extranjero, 524 mil 792 de alguien más que tiene un empleo en México, 85 mil 406 de la renta o alquiler de una propiedad y 1 millón 618 mil no cuentan con ninguna fuente de ingreso.
Entre los principales retos que Teodoro identifica para poder conseguir un trabajo está la necesidad de venir de alguna fundación que te conecte con la empresa para que te contraten.
“Para poder aprender a moverme en la silla de ruedas me integré a la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (FHADI) en donde me ayudaron mucho. Sin embargo, mi tiempo para permanecer en este lugar terminó y, desafortunadamente, si no llegas a las empresas por parte de una fundación con la que tienen convenio difícilmente te contratan”.
El hombre de 48 años de edad asegura que seguirá buscando empleo hasta encontrarlo, pues para él es una actividad que además de traerle beneficios económicos, le permite mantenerse activo y al día.
Quiero un trabajo para poder tener cierta estabilidad, para vivir tranquilo, poder pagar el pan, mis impuestos… Podría ponerme a vender chicles o simplemente estirar la mano y esperar a que la gente te ayude, pero eso para mí no es una forma digna de ganarse la vida, no tiene decoro
Por este motivo, Diana Sheinbaum, Coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia para Documenta, dice que es fundamental la creación de políticas públicas que no sean únicamente asistencialistas.
“Se requieren políticas públicas que estén basadas en el respeto y exigencias de las personas con discapacidad, no en un asistencialismo que provee de becas o de recursos directamente, sino en la construcción de instituciones, programas y servicios que atiendan los rezagos y la exclusión de la que son víctimas estas personas. En general se les ha visto como objetos de tratamiento, rehabilitación, de caridad y no como titulares de derechos y obligaciones”.
Los obstáculos a superar
Poder trasladarse de un lugar a otro es una de las principales dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
La falta de transporte con condiciones adecuadas para que personas con discapacidad puedan usarlo es uno de los grandes pendientes en México
“Yo me quedé ciego por mi problema de diabetes y lo que más trabajo me ha costado aprender es moverme por la Ciudad de México a pesar de que estoy tomando el programa de Orientación y Movilidad que ofrece el Hospital de la Luz a través de su Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual (CADIVI), el cual se enfoca precisamente en enseñarte a usar tu bastón y a caminar entre le gente”, narra Domingo Juárez.
Teodoro Alejandro coincide con Domingo y asegura que trasladarse en la capital del país puede significar todo un reto.
“Actualmente yo vivo en el pueblo de Santa Fe, un lugar donde el transporte público no sólo es escaso, también es muy malo, especialmente para las personas como yo. Por lo que cada vez que quiero salir de ahí lo tengo que hacer en taxi”.
Teodoro también cuenta que se tuvo que inscribir a un programa para que le enseñaran a moverse en su silla de ruedas, sin embargo, considera que a pesar de tener un buen manejo de su silla, es muy complicado trasladarse.
Las banquetas son uno de los obstáculos más comunes a los que me enfrento, pues rara vez te encuentras más de una rampa. Usar el transporte público de igual manera puede ser muy complicado.
“El único sistema que realmente podemos usar sin problemas las personas con una discapacidad es el Metrobús, de resto todos los demás son complicados. Por ejemplo, en el Metro, las escaleras eléctricas no siempre funcionan y, cuando lo hacen, por lo general van muy llenas y no hay elevadores en las líneas en las que me muevo, por lo tanto me toca rifarme así como voy. Ya de los camiones ni para qué te cuento, esos mejor ni usarlos”.
Para Domingo los retos son similares pero por su condición de persona ciega, añade algunas cosas que una persona que puede ver normalmente, a pesar de tener una discapacidad, muchas veces no toma en cuenta.
A mí me facilitaría mucho que los semáforos tuvieran un sonido que represente cada color y que los señalamientos como nombres de calles o avenidas estuvieran al alcance de las personas y en braille
Tanto Domingo como Teodoro coinciden en que en México hay mucha gente buena que siempre está dispuesta a ayudarlos, no obstante, dicen que no deberían tener que depender de estas personas para poder desarrollarse plenamente.
Derecho inaccesible
El acceso a la educación para las personas discapacitadas es en este momento para México uno de los mayores retos que enfrenta en la materia.
Actualmente hay un enorme debate no solo en el país, sino a nivel mundial, de si se debe continuar con el esquema de educación especial o transitar hacia un modelo de educación inclusiva, comenta Patricia Brogna, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
“Este es uno de los grandes retos porque según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU la educación debe ser inclusiva, un compromiso que adquirió el país a nivel internacional desde hace años.
“Además, en la reforma educativa México asume que la educación no sólo debe ser laica, gratuita y pública; también debe ser inclusiva hasta nivel superior; por lo que ahora hay un doble mandato: uno constitucional y otro convencional”, explica la académica.
No obstante, cambiar el modelo educativo actual implicaría de otra enorme reforma.
“El sistema educativo hoy en día es la primera puerta expulsora de los desiguales en lugar de ser una espacio de equiparación, igualdad y oportunidades. En general es la primera instancia que marca quiénes van a ser los diferentes en nuestra sociedad, por ello tenemos que tener muy claro qué representa este proceso para las personas con discapacidad en el país”.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 realizada por el INEGI, de entre todas las personas con discapacidad de 30 años o más, el 21 por ciento no cuenta con ningún nivel de escolaridad.
El 87 por ciento únicamente estudió hasta el nivel básico, el 7 por ciento obtuvo el bachillerato y sólo el 5 por ciento estudió una licenciatura o ingeniería.
Por ahora, a pesar de las promesas y compromisos del nuevo gobierno, no se sabe cómo la situación de las personas discapacitadas en el país mejorará, pues no existe un plan claro a seguir ni se han delimitado las políticas públicas necesarias para crear un país incluyente en todos los ramos: educación, trabajo, salud o movilidad… lo único que se ha hecho, es entregar dinero a través de programas sociales, estrategia clasificada como fallida.
Trasladarse de un lado a otro y tener la posibilidad de ir a la escuela implica una sinfín de problemas para aquellas personas que sufren de alguna discapacidad, pues en México no se tiene la infraestructura para que puedan acceder a estos derechos
“Dar dinero a las personas termina siendo una simulación porque no resuelve sus problemas, sólo ayuda al gobierno a decir que están tomando acciones en favor de este grupo social, cuando en realidad no les está dando lo que deberían”, asevera Patricia Brogna.