Cuando familiares de víctimas de desaparición forzada en México acuden a las autoridades para poner una denuncia, obtienen respuestas como “Está coludido tu hijo con las pandillas”, sin conseguir que se inicie una investigación sobre el caso.
Este problema y otras realidades sobre las desapariciones forzadas en el país fueron expuestas en el informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, presentado ayer por Amnistía Internacional (AI).
Según el organismo, este delito por lo general queda impune, entre otras cosas, porque no existe un registro confiable y porque las autoridades suelen estar involucradas.
“Amnistía Internacional ha documentado 152 casos individuales de desaparición en siete estados. La organización cree que (…) en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos”, señala el informe.
Y agrega: “Debido a la connivencia de funcionarios públicos con redes criminales, en la práctica hay familiares de víctimas que han tenido que denunciar las desapariciones precisamente ante las personas de quienes sospechan que están implicados en la desaparición”.
Lista deficiente
Aunque reconoce que la base de datos de personas desaparecidas publicada en febrero de este año por el gobierno mexicano es un primer esfuerzo importante en la recopilación de datos, el organismo internacional la considera deficiente.
Esto porque no se sabe si las 26 mil 101 personas enlistadas fueron víctimas de bandas delictivas, funcionarios públicos o simplemente se fueron de su casa sin avisar.
