La Procuraduría de Justicia cuenta con poco margen legal para apelar el amparo concedido por un juez federal a Roberto Santos Martínez, conocido como “El Asesino de Facebook”, para que deje el Penal de Cadereyta y sea enviado a una clínica psiquiátrica en Linares.
Bernardo González Garza, procurador de Nuevo León, dijo que este recurso dejó sin opción al juzgado de Ejecuciones de Sanciones Penales del Estado.
Incluso, dijo el procurador, la negativa del Sistema Penitenciario, quien negó que fuera recibido en el Pabellón Psiquiátrico del Penal del Topo Chico, complicó aún más cualquier reacción legal.
“Era un asunto de ejecución de sanciones. La persona tenía condena pero como inimputable. Recientemente promovió incidente para cambio a clínica particular, pero le fue negado por el juez de ejecución ante la objeción del Ministerio Público.
“Promovió un amparo y en ese amparo donde se le concedió ese beneficio sin dejar opción al juzgado, ya que en su momento el Penal del Topo Chico, único con pabellón, dijo que no podía recibirlo”, aseguró el procurador.
Sin embargo, el expediente de ejecución 1282/2015 exhibe que opera la Unidad de Rehabilitación Psicosocial (UNIREPSI) del Penal de Cadereyta, por lo que Santos Martínez tendría que estar internado en este centro penitenciario.
“En el cual al quejoso se ha proporcionado los medicamentos que refiere y es atendido por especialistas en psiquiatría”, dice documento en poder de Reporte Indigo.
La defensa del “Asesino de Facebook” aprovechó que el Gobierno del Estado firmó un convenio de colaboración con la Clínica de Neuropsiquiatría “Nuestra Señora de las Mercedes”.
Con esto, el abogado de Santos Martínez solicitó el traslado a esta clínica conocida también como Dispensario San Antonio A.B.P.
La defensa del ‘Asesino de Facebook’ aprovechó que el Gobierno del Estado firmó un convenio de colaboración con el Dispensario San Antonio A.B.P. y solicitó su traslado
Reporte Indigo reveló que el Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, concedió el amparo número 133/2017-111 a Santos Martínez, de la colonia Residencial Chipinque, en San Pedro, quien en 2014 atacó con un sartén y un fierro a una mujer sexagenaria.
La resolución judicial se basó, según el juzgado, en los términos del Artículo 5, fracción III, inciso “E” de la Ley de Amparo, a petición del abogado José Daniel Aguilar del Toro.
“Se concede el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, a fin de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución emitida el veintiuno de febrero, dentro de la causa de ejecución 1282/2415.
“(Y se) proceda inmediatamente de oficio, a tramitar y resolver un incidente no específico sobre modificación de la medida de seguridad con internamiento dictada en contra del quejoso”, cita el expediente en poder de Reporte Indigo.
Este juzgado está a cargo de Víctor Hugo Alejo Guerrero.
“En el expediente, la Procuraduría de Justicia siempre peleó el tema, en todo el proceso, y el juez de Ejecución de Sanciones actúa en cumplimiento de un amparo, no (se puede apelar) porque fue sentencia que causó ejecutoria”
MP siempre peleó
La Procuraduría de Justicia aseguró que durante años siempre luchó por todos los medios legales para evitar que Roberto Santos Martínez, conocido como “El Asesino de Facebook”, fuera internado en una clínica psiquiátrica.
El procurador Bernardo González Garza dijo que el agente del Ministerio Público agotó los medios para evitar su traslado, pero ahora con la resolución del amparo difícilmente se podría revertir la situación jurídica.
“En el expediente, la Procuraduría de Justicia siempre peleó el tema, en todo el proceso, y el juez de Ejecución de Sanciones actúa en cumplimiento de un amparo, no (se puede apelar) porque fue sentencia que causó ejecutoria.
“Nosotros siempre manifestamos por escrito nuestra postura en contra”, señaló el procurador.
Agregó que como “El Asesino de Facebook” fue condenado como una persona inimputable, la situación de combatir el amparo la consideró poco viable.
¿Y la unidad de rehabilitación?
En 2016, el Gobierno independiente se comprometió a construir una Unidad de Rehabilitación Psicosocial en el Consejo Tutelar de Menores Número 1, y dependería del Sistema Penitenciario, pero aún está en promesa y no en una realidad.
La intención era atender a esa población con problemas psiquiátricos y que son considerados personas inimputables.
Se habló de que además de la atención psiquiátrica, se tendría una vigilancia de custodios penitenciarios.
Tras la masacre de 49 reos, el pasado 10 de febrero de 2016, las autoridades detectaron varios reos enfermos que habían cometido robos y homicidios, por lo que era necesario darles un tratamiento especial.
Como el caso que exhibió Reporte Indigo sobre Elena Gouliakova, una profesora de patinaje que enseñaba a la élite sampetrina en el club social Alpino Chipinque y el Deportivo San Agustín, y quien requiere una atención profesional psiquiátrica.
Elena, llamada “La rusa” estaba en el área de psiquiatría del Penal del Topo Chico.
