El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) revelar la versión pública de la averiguación previa del caso Tlatlaya, así como del expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“El INAI debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, explicó el comisionado ponente, Joel Salas.
El 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes fueron ultimados a manos de elementos del Ejército mexicano en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México.
En un primer momento se aseguró que los elementos castrenses respondieron a una agresión por parte de sujetos armados, sin embargo, después se conoció el testimonio de una mujer que relató cómo fueron ejecutados los civiles, a pesar de que se habían rendido.
“La averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya, es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, y solo se actualizaba la confidencialidad de los nombres y firmas de personas físicas”, precisó Salas Suárez.
Además la Procuraduría debe dar nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se le siguieron procedimientos penales administrativos en su contra y que fueron resueltos con sanción administrativa o penal.