PGR ordena asegurar casino

La Procuraduría General de la República emitió una medida cautelar que podría regresar la posesión del casino La Fortuna a sus propietarios legítimos, actualmente recluidos en el penal de Cadereyta.

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, la PGR giró la orden de dejar sin efectos un acta de accionistas fraudulenta, que permitió el despojo del centro de apuestas a un grupo de gente dirigido por el juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño.

Como Reporte Indigo dio a conocer, este funcionario del Poder Judicial fue investigado por lavado de dinero por la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, y señalado por uno de sus operadores clave de tener vínculos con el Cártel del Golfo.

La dependencia emitió el pasado 14 de enero la medida, como parte de la averiguación previa número AP/PGR/SEIDO/UEIAR/012/2013, en la que se investigan recursos de procedencia ilícita en el casino, detectados después de ser arrebatado a sus dueños.

La orden recayó este miércoles en las manos del juez Raymundo Martínez González, titular del Juzgado Segundo de lo Penal en Nuevo León, quien lleva el proceso en contra de los socios de La Fortuna, los hermanos Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González.

El oficio, dirigido al director del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, Juan Carlos Gastelum Treviño, solicita hacer una anotación marginal de aseguramiento en los libros donde está registrada Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.

Esa empresa fue la operadora de La Fortuna, pero dejó de funcionar luego de la privación ilegal de la libertad de Arturo Cardona Calderón, el 14 de mayo de 2012.

El secuestro tuvo el propósito de obligarlo a firmar el acta de una falsa Asamblea General de socios, con la que cedía sus acciones a Jerónimo Garza Chaib, un prestanombres de Jerezano Treviño que se ostenta como administrador único de la compañía.

Tras el plagio, los accionistas constituyeron Doblecar, S.A. de C.V., para evitar que los despojadores utilizaran los poderes legales que les confería el acta fraudulenta.

El instrumento ilegal fue elaborado en la Notaría Pública Número 35, ante la fe de Ricardo Efraín Vargas Güemes, quien registró el documento bajo la escritura pública número 15 mil 91.

A pesar de que el casinero acompañó en la denuncia del secuestro pruebas en audio y video que implicaban directamente a Jerezano Treviño y a su grupo de operadores, la Procuraduría del Estado dictó el inejercicio de la acción penal.

La medida cautelar de aseguramiento de la SEIDO, firmada por la fiscal Nayeli Ortuño Albarran, también tiene el fin de nulificar el documento fraudulento.

“A efecto de que la acta de Asamblea General de la empresa antes mencionada”, advierte el oficio, “y/o cualquier otro instrumento notarial que derive de ésta, no surta los efectos legales y/o administrativos a que hubiese lugar”.

La agente del Ministerio Público Federal aclara que esto implica que no se debe realizar ningún trámite, cesión o enajenación de los derechos de la compañía a terceros, debido a que está sujeta a una averiguación previa.

La indagatoria en curso, precisa, es por la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

La fiscal, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la SEIDO, solicita al titular del Instituto Registral y Catastral del Estado que remita una boleta de inscripción certificada que avale el cumplimiento de la petición.

Reporte Indigo constató en los libros de la dependencia estatal que el pasado 17 de enero se inscribió la anotación del aseguramiento y la cancelación del acta de Asamblea General falsa.

Según abogados consultados por esta publicación, la medida girada por la PGR podría echar atrás todo el proceso en contra de los dueños de La Fortuna y así obtener su liberación.

Desde el miércoles, el juez penal a cargo del caso recibió este escrito y tiene en sus manos la posibilidad de dictar el auto de libertad a los empresarios que permanecen recluidos desde hace seis meses.

Los casineros fueron encarcelados dentro del proceso penal número 115/2013, que fue iniciado por el delito de despojo de inmueble agravado.

La indagatoria fue abierta después de que el grupo de Jerezano Treviño obtuvo el acta de Asamblea General fraudulenta, con la que pudieron elaborar diferentes poderes para administrar el casino.

Esto permitió a los despojadores interponer una denuncia penal, que culminó con la aprehensión de los socios en un cuestionado operativo ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones.

También derivó en una orden de restitución del negocio, a favor de la agrupación del juez suspendido, que fue girada por el juez penal Raymundo Martínez González, quien actualmente tiene en análisis la medida cautelar de la SEIDO.