Al encabezar este día, en Colima, el XLVIII Congreso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez lanzó un llamado a los gobiernos estatales, para que no abandonen a los órganos locales de defensa de derechos humanos.
Consideró que “en más de un modo (los defensores de los derechos humanos) somos garantes del orden constitucional en México y una instancia de servicio a favor de la sociedad”, por lo que observó necesario el respaldo logístico y de recursos de los gobiernos locales para que las comisiones estatales de derechos humanos operen de manera óptima.
El llamado se hizo en el marco de homenaje póstumo que se rindió a Silvestre de la Toba Camacho quien fuera Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, y que junto con su hijo Fernando de la Toba Lucero fuera asesinado el pasado 20 de noviembre del 2017.
Allí, González Pérez demandó de los gobiernos estatales una participación más activa en la protección de los defensores de derechos humanos, e invitó a los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos, a exigir a los gobiernos locales las condiciones necesarias para su labor.
“Condiciones para que las instituciones públicas de derechos humanos defiendan la dignidad de las personas, dotarlas de recursos suficientes para que ejerzan su autonomía, revisar las condiciones de seguridad social de sus integrantes y de seguridad personal de los defensores públicos”, en ese sentido fue el exhorto.
En ese sentido la presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de defensa de os Derechos Humanos (FMOPDH) Namiko Maztumoto, destacó la importancia de discutir sobre la encomienda de los Ombudsperson del país y su autonomía, factor determinante para potenciar la eficacia del sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, subrayó la necesidad de colaboración entre Organismos Públicos de Derechos Humanos y autoridades locales, “lo que permitirá documentar adecuadamente las violaciones a derechos humanos, cumplimentar las eventuales recomendaciones, garantizar los derechos violados y reparar los daños causados”.
De cara a uno de los procesos electorales más violentos de los que se tenga registro en el país, el Ombudsperson destacó el reto que representa para los defensores de derechos humanos el actual proceso electoral, del que destacó que “demanda el esfuerzo y compromiso común para garantizar las mejores condiciones para que la sociedad pueda realizar el ejercicio democrático en un entorno de paz, seguridad y respeto”.
