La alarmante situación de cuerpos que han sido incinerados sin identificar en Jalisco ya llegó a las manos de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Esto luego de que César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), le entregara una carta en la que le pide ayuda para crear un mecanismo internacional para atender este tema.
Pérez Verónica tuvo la oportunidad de reunirse con Bachelet durante su gira a México en compañía de organizaciones civiles de otras entidades como Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y otros estados del centro del país.
En el documento propone la creación de un mecanismo que aglutine a expertos nacionales e internacionales para que se contribuya y garanticen los derechos a la verdad, justicia y no repetición de estos actos en Jalisco.
El mecanismo podría contar con dos ejes de trabajo principales: el proceso de revisión exhaustiva de cada averiguación previa y carpeta de investigación relacionadas con las muertes de las personas no identificadas e incineradas; así como la plena revisión técnica y científica de todos los cuerpos cremados, los cuales se encuentran en instalaciones de la IJCF y fosas comunes de los panteones municipales.
Cremar cuerpos sin identificar se considera un atentado contra la lógica de la verdad y la justicia para quienes buscan a sus desaparecidos, pues con las muestras genéticas se ha reconocido a personas no identificadas
La carta fue entregada en medio de una crisis que ha sido calificada de humanitaria. De enero de 2006 a los últimos meses de 2015 han sido incinerados alrededor de mil 581 cuerpos que estuvieron bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), de acuerdo con el CEPAD.
A inicios de 2019, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo presentó el informe ‘Incineraciones de cuerpos no identificados. Crímenes sin justicia’ donde reveló esos datos y denunció que la situación es una grave violación a los derechos humanos que impide a los familiares de los desaparecidos la posibilidad de alcanzar la verdad y justicia.
La organización también acusó que el IJCF ha intentado dar las cenizas a los familiares que buscan a sus desaparecidos sin que éstos tengan certeza de que sí sean y de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 ha entregado 140 de ellas.
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Dichos actos fueron un atentado contra la lógica de verdad y justicia para quienes buscan a las personas desaparecidas en instituciones como el IJCF, pues conlas muestras genéticas y el reconocimiento de características de cuerpos se ha podido encontrar personas reportadas como desaparecidas en la entidad.
Investigaciones recientes, como la publicada por Darwin Francos en Zona Docs, señalan otras cifras: entre 2006 y 2015 se habrían incinerado mil 599 cuerpos o restos de personas, lo que representa una quinta parte de las siete mil 695 personas que han sido registradas como desaparecidas en Jalisco.
Este caso abarca la responsabilidad de tres administraciones estatales, quienes tienen jurisdicción en este tema. Primero Francisco Ramírez Acuña, quien aprobó el uso de hornos para inicialmente cremar 190 restos en 2006; luego Emilio González Márquez, en cuyo gobierno se incineraron los cuerpos de otras mil 75 personas; y lo mismo ocurrió con Aristóteles Sandoval Díaz, en donde 294 cadáveres se convirtieron en cenizas.
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En 2018, el resguardo de cadáveres en cajas de refrigeración en los centros forenses evidenció la crisis forense que padece el estado.
Van contra ‘segunda desaparición’
El mecanismo internacional propuesto para atender el tema de los cuerpos incinerados sin identificar sería solo para el caso de Jalisco por la gravedad de la situación en la que han puesto a familias de desaparecidos, pues se considera que con la incineración hay una ‘segunda desaparición’, dijo César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD),
“Hay que tomar en cuenta que se utilizaron mecanismos de incineración de cuerpos sin habérseles aplicado algún tipo de prueba, en algunos casos son muy confusos los datos que proporcionan las instituciones de Jalisco. Pero no hay ningún otro antecedente en el México reciente en donde se optara por la incineración de cuerpos”, señaló Pérez.
La solicitud busca que se comparta información relativa a la práctica de los cuerpos incinerados que se llevó a cabo en Jalisco a través de vías de comunicación formal o alguna otra acción pertinente mediante comités como el de Derechos Humanos, contra las Desapariciones Forzadas, contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“Consideramos que con la intervención de usted (Michelle Bachelet) se podrán detonar diversos mecanismos de las Naciones Unidas para que contribuyan a generar proceso de justicia, verdad y reparación integral del daño para miles de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, en México y posiblemente, de otras partes del mundo”
Sin embargo, aún cuando estos hechos estén enmarcados en una violación a la Ley General de Víctimas y una clara acción ilegal, el CEPAD aclara que su principal objetivo es que se atienda a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos y no la persecución de posibles responsables bajo una perspectiva de justicia penal.
La comunicación entre el CEPAD y el representante de la Alta Comisionada en México, Jan Jarab, es el puente que permitió poder tener este acercamiento. Incluso Pérez Verónica explicó que previamente Michelle Bachelet ya había tenido un acercamiento en el tema tras la entrega del informe de incineraciones elaborado por ellos y que se le hizo llegar a través del representante en México.
La organización señaló que seguirán recopilando casos y acompañando a víctimas de desaparición que se hayan visto involucradas en entregas de cenizas, pues su posibilidad de accionar a nivel nacional ya fue establecido con esta carta de la que solo falta esperar una respuesta formal.
