La cuarta transformación del país no se construirá con buenas intenciones. Para cambiar la realidad nacional se requiere dinero y que éste sea administrado correctamente.
Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial del pasado 1 de julio ha hecho muchas promesas, sin embargo, poco se sabe de la estrategia y la manera en la que se financiarán dichos compromisos.
3 mil
Nada más durante su evento del domingo en Mazatlán, Sinaloa, el tabasqueño aseguró que construirá en la región dos universidades públicas nuevas de las 100 que dijo que edificará durante su sexenio, dará conexión de internet a todo el país y garantizará opciones de estudio y trabajo a más de 47 mil jóvenes que serán capacitados y recibirán un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales mientras se encuentren como aprendices; compromiso que equivale a una inversión de 2 mil 41 millones de pesos para el año próximo únicamente.
Aunado a esto, López Obrador también ha dicho que duplicará las pensiones de los adultos mayores, dará apoyo a las personas discapacitadas en situación de pobreza, terminará con la reconstrucción después de los sismos de septiembre que azotaron varias entidades del país, construirá el Tren Maya, dos refinerías nuevas y rehabilitará las seis que ya existen y sembrará árboles en un millón de hectáreas, entre otras cosas.
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Todos son compromisos que requieren de una gran cantidad de dinero y que al día de hoy la única estrategia que se ha dado a conocer para obtener los ingresos suficientes para llevar todo esto a cabo es el plan de austeridad y el combate a la corrupción.
Ayer en La Paz, Baja California Sur, el presidente electo insitió en que México está sumido en una crisis económica, luego de que el fin de semana pasado recalcara que no podría atender todas las demandas de la ciudadanía porque el país estaba en “bancarrota”.
“Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal”
No obstante, a pesar del reto que implica cumplir todas estas promesas, el tres veces candidato a la Presidencia se ha comprometido públicamente a llevar a cabo todos sus ofrecimientos de campaña.
Ante esta dualidad, donde por un lado el presidente electo asegura que podrá cumplir con todos sus compromisos y por el otro donde dice que no cuenta con los recursos suficientes para atender todos los problemas del país, grupos de la sociedad civil han propuesto la creación de un Consejo Fiscal el cual fungiría como un órgano apartidista que realizaría análisis y evaluación de política de ingresos, gasto y deuda con el fin de evitar un mayor endeudamiento tanto a nivel federal como estatal.
Este organismo también sería una voz autorizada en materia de rendición de cuentas y ayudaría a informar sobre las consecuencias e impactos de la política fiscal como el aumento de la deuda pública en el país.
De acuerdo con el colectivo ‘Por un presupuesto sostenible’, el cual busca que se cree un Consejo Fiscal, México enfrenta retos significativos en materia de finanzas públicas que año con año pasan desapercibidos, no son abordados en la discusión fiscal y, por ende, no son atendidos.
Además aseguran que a pesar de que en la Constitución se les brindan amplias facultades a los legisladores del Congreso de la Unión para fungir como contrapeso en materia fiscal, éstos no cumplen a cabalidad con sus atribuciones.
“Cada año el Decreto de Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación son aprobados sin que haya una discusión y análisis profundos, lo que ocasiona que el presupuesto sea poco realista y que no considere la sostenibilidad de las finanzas públicas”, señala el colectivo.
Como prueba de ello, la organización México Evalúa, reveló que entre 2012 y 2017, la deuda pública creció 10 puntos porcentuales del PIB y aseguran que la adquisición de más ingresos por endeudamiento no han significado más gasto en rubros prioritarios como salud, educación e inversión física.
“Cada vez se destinan menos recursos de deuda a inversión: sólo 56 centavos se irán a inversión física por cada peso de deuda del Gobierno Federal en 2018, en 2012 eran 80 centavos”, señalan en el documento ‘¿Qué es un #ConsejoFiscalQueCuente?’
El colectivo también dio a conocer que la calidad y composición del gasto público se ha deteriorado, ya que en los últimos cuatro años, tres programas sin reglas de operación en el Ramo 23 presentaron uno de los sobre gastos más altos en el periodo 2013-2017.
“El Congreso aprobó un presupuesto acumulado para los tres programas de 22 mil millones de pesos, pero terminaron gastando 318 mil millones, es decir, 14 veces más de lo aprobado. Esto muestra que durante diversos ejercicios fiscales se le transfirieron bastos recursos a programas que no cuentan con un objetivo claro, mucho menos tienen una población beneficiaria establecida, ni cuentan con criterios para establecer la asignación de sus recursos. El dinero público se gasta sin diagnóstico y sin análisis de su impacto, sin respaldo, y sin seguir una política pública mínimamente planeada”, aseguran.
Por ello, la propuesta que este colectivo ha desarrollado, busca crear un órgano bicameral que nazca de la fusión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados y la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez en el Senado y que esté inspirado en la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El colectivo de la sociedad civil que propone la creación del Consejo Fiscal está conformado por Fundar, México Evalúa, el IMCO, el CIEP, entre otros
“El nuevo centro será llamado y tendrá las atribuciones de un Consejo Fiscal, formará parte del Poder Legislativo aunque con autonomía técnica y de gestión similar a la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que garantice su carácter apartidista”, explica el colectivo en el documento.
La propuesta para el Consejo Fiscal
El colectivo #ConsejoFiscalQueCuente considera 10 puntos básicos para su diseño
> El nombramiento de su titular y consejeros debe seguir las mejores prácticas y garantizar su independencia política y objetividad
> Su mandato, funcionamiento y diseño institucional debe plasmarse en una ley, y no en estatutos como sucede actualmente con el CEFP
> Debe garantizarse que el personal del nuevo Consejo Fiscal se seleccione con base en méritos
> Tener autonomía técnica y de gestión
>Su presupuesto debe ser transparente y estar etiquetado de manera separada como sucede con el presupuesto asignado cada año a la ASF
> Tener las atribuciones de un Consejo Fiscal
> Tener voz propia en debate público para hablar sobre sus hallazgos e investigaciones
> El nuevo Consejo Fiscal debe ser sujeto a evaluación
> Deben hacerse públicos todos los estudios y análisis que lleve acabo
> Debe tener la facultad de elaborar su propio plan de trabajo con la aprobación de su Consejo Consultivo