Piden cuentas a CEAV por fondo de víctimas

El Congreso de la Unión pedirá cuentas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por el ejercicio de los recursos del Fondo de Reparación de Daños que, a decir de los legisladores, no ha cumplido con su objetivo de ayudar a las víctimas de la violencia.

Senadores del PRI, el PAN y el PRD pidieron la comparecencia de los comisionados de la CEAV para que se les informe sobre a quiénes se está entregando el dinero del Fondo.

Víctimas de la violencia se han quejado de que el acceso a recursos del fondo es prácticamente

imposible.

Burocracia, malos tratos y requisitos que pocas veces pueden cumplirse, son algunos de los obstáculos que han tenido que enfrentar para que, al final de cuentas, no puedan acceder a la reparación del daño.

La falta de resultados ha orillado a que algunos sectores pidan que se derogue la actual Ley General de Atención a Víctimas y se trabaje en un nuevo instrumento para garantizar que haya buenas condiciones para su cuidado.

Sin embargo, otros sugieren que no permitirán que se derogue la actual ley y que dejarán solamente que se le hagan reformas para mejorarla.

El mecanismo para la reparación del daño de las víctimas de la violencia surgió después de que, durante el sexenio pasado, el número de personas asesinadas y desaparecidas se contara por miles, en todo el país.

Hoy día, a tres años de su puesta en marcha, el instrumento ha probado no ser el ideal para atender el problema, por lo que la coincidencia de todos es que debe mejorarse.

Sin reparación

Juan Carlos Trujillo perdió a cuatro de sus hermanos durante los tiempos de la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el expresidente Felipe Calderón.

Dos de ellos, Raúl y Jesús Salvador, desaparecieron en agosto del 2008, en Guerrero; los otros dos, Gustavo y Luis Armando, desaparecieron en septiembre del 2010, en Veracruz.

Durante todos estos años, Juan Carlos ha dedicado parte de su vida a buscarlos. Junto con otros familiares, ha recorrido montañas, pueblos y caminos, y ha desenterrado a muchos muertos en fosas clandestinas, en busca de sus hermanos.

En toda su lucha, Juan Carlos no ha tenido el apoyo oficial. Su único soporte ha sido su propia familia y las de otros desaparecidos que se han unido en la búsqueda de los suyos.

“Para nosotros ha sido una tristeza enorme haber creado un actor que hoy esté funcionando como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que más allá de ser un actor que facilite la atención para el proceso –quizá no para la solución del problema que tenemos- ha sido un obstáculo constante para poder llegar al objetivo de las familias, que es facilitar su proceso y su dolor”, afirmó

Trujillo en un encuentro con senadores.

Para Juan Carlos, los funcionarios de la CEAV no están capacitados para atender a las víctimas y sus familias.

Por ello, los senadores Cristina Díaz (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación; Fernando Yunes (PAN), presidente de la Comisión de Justicia; y Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la

Comisión de Derechos Humanos, promovieron que la CEAV entregue cuentas al Congreso de la forma en que se están invirtiendo los recursos para las víctimas.

“El Fondo de Atención a Víctimas recibió mayor presupuesto que el de otras instituciones, por lo que es necesario se emplee correctamente. Al respecto, algunas organizaciones de la sociedad civil han manifestado que dicho fondo no ha sido utilizado de manera diligente y eficiente.

“Derivado de las Audiencias Públicas celebradas en el Senado de la República con diversas víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, se hizo notar a este Senado sobre diversos obstáculos que las víctimas han enfrentado a la hora de buscar asistencia de la Comisión

Ejecutiva de Atención a Víctimas, así mismo señalaron la urgencia de reformar la actual legislación en la materia”, expusieron los senadores.

Las aportaciones, ¿para dónde van?

Los recursos para reparación del daño están radicados en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, manejado por la CEAV, que ha tenido aportaciones por mil 506 millones de pesos del 2014 al 2016. A ellos se suman ya 51.5 millones de pesos de intereses acumulados.

De acuerdo con datos de la propia Comisión Ejecutiva, desde su inicio (en 2014) al primer semestre de este año se ha apoyado a 214 víctimas del orden federal, a quienes se les han entregado un total de 78 millones 709 mil 584 pesos.

Es decir, solo se ha utilizado el 5.1 por ciento del dinero destinado a ayudar a las víctimas y reparar el daño.

De ese dinero, 2.9 millones de pesos se han otorgado por concepto de “medidas de ayuda inmediata” a 80 víctimas. Es decir, en promedio, se les han dado 36 mil 171 pesos por víctima.

Un monto de 8.7 millones de pesos se han otorgado a 11 víctimas apoyadas con una “compensación subsidiaria por comisión de delito del orden federal”; esto hace un promedio de 790 mil pesos por persona.

Y el monto más grande de recursos, 67.1 millones de pesos, se ha entregado a 123 víctimas, apoyadas con una “compensación por violación a derechos cometida por autoridad federal”; en promedio, cada una de estas personas ha recibido 545 mil pesos.

En ninguno de los grupos se tiene claridad sobre quiénes son las personas a las que se les ha entregado ese dinero.

En el último grupo, sin embargo, hay quienes alertan sobre que el dinero de las violaciones a derechos humanos cometidas por la autoridad se ha entregado a probables delincuentes que, argumentando tortura o alguna otra conducta impropia de las autoridades, se les ha reparado el daño.

Una de las activistas que piensa así es Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización

Alto al Secuestro, quien afirmó que es absurdo que la Comisión Ejecutiva no cumpla con su objetivo de proteger a las verdaderas víctimas de la violencia.

“Por ejemplo: hoy de los casi 100 millones de pesos que ha pagado la CEAV, 90 por ciento han sido por violaciones a derechos humanos por alguna institución y en su mayor parte han sido a delincuentes o a imputados”, comentó Miranda.

La activista ha sido una de las principales promotoras para que la Ley General de Atención a Víctimas desaparezca y sea creada otra en su lugar, hecho que otros grupos de la sociedad civil rechazan.

“Nosotros exhortamos a los senadores a no entrar en estos falsos debates en donde se contraponen los derechos de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a derechos humanos. Reiteramos que ese es un falso debate y que claramente la Ley General de Víctimas debe contemplar los derechos de ambos”, aseveró Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.