Piden desafuero por ‘bullying’ en CEDH

La exempleada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que acusa sufrió “bullying”, interpuso ante el Congreso una denuncia de juicio político contra la ombudsman de Nuevo León Minerva Martínez Garza.

Martha Alicia Valdez Valenzuela acudió ayer, alrededor de las 11:00 horas, a la Oficialía de Partes del Legislativo para promover esta acción popular contra la presidenta de la CEDH.

La exproyectista de la Tercera Vistaduría General pidió en el recurso el desafuero de la ombudsman para que sea investigada por el acoso laboral que vivió la denunciante y el personal de la CEDH.

“Delitos realizados en mi perjuicio y el de los trabajadores de la Comisión, que ameritan el desafuero de la presidenta y el fincamiento de responsabilidades penales y administrativas en contra de ella y de los servidores públicos que se prestaron a tanta sinvergüenzada”, se lee.

La denuncia señala como copartícipes del acoso a la visitadora general Catalina Teresa Rivera Díaz, la encargada de la Tercera Visitaduría Sylvia Guadalupe Puente Aguilar y el director jurídico Armando Augusto Reyes Becerril.

La exproyectista que contaba con 20 años de experiencia en la institución anexó como evidencias diversos audios de conversaciones que sostuvo con los anteriores funcionarios públicos y que prueban la colaboración en el “bullying”.

Acompañada de sus abogados Luis Villarreal Galindo y Luis Villarreal Compeán, la exempleada señaló que esta acción tiene el objetivo de combatir la impunidad en el organismo.

“No puedo quedarme callada y agachar la cabeza, porque no es posible. Estaría contra mi inteligencia, contra mi dignidad”, dijo, “no puede quedar impune una conducta de esa gravedad, porque a mí me afectó mi vida personal, me afectó mi vida laboral, toda una carrera de servicio civil”.

El diputado del PRI Édgar Romo García se presentó a escuchar las demandas de los representantes legales, pero se limitó a decir que analizaría la denuncia.

En cambio, el diputado del PRD Eduardo Arguijo Baldenegro aseguró que promoverá ante el Pleno del Congreso un punto de acuerdo sobre el asunto y criticó la falta de autonomía de la CEDH.

“Minerva Martínez tiene una característica que todos los presidentes (del organismo) han tenido, pero ésta lo tiene con más énfasis, de manera más evidente: la dependencia que ella tiene del gobernador del Estado”, dijo el legislador.

El abogado de la denunciante Villarreal Galindo expresó: “La Comisión está siendo tergiversada y está enviando una imagen negativa a la comunidad: ‘a mí no me haces nada, porque soy la presidenta y puedo hacer contigo lo que se me da la gana’”.

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, encabezada por el panista Luis David Ortiz, será la encargada de tramitar la denuncia que consta de tres puntos: el acoso laboral permanente, la violación a los derechos laborales de los trabajadores y el uso indebido de recursos públicos.

En el documento se relata que el acoso laboral ha derivado en despidos injustificados de trabajadores con antigüedad y experiencia, por órdenes de la titular de la Comisión Estatal, “disfrazados de renuncias voluntarias”.

También puntualiza que la ombudsman cambió de manera arbitraria los horarios de trabajo e impuso jornadas laborales superiores a las que marca la ley, incluso durante los fines de semana.

Detalla ampliamente el uso indebido de los recursos públicos de la presidenta, como la multiplicación de “viajes de recreo disfrazados de estudios” en el extranjero.

Además, denuncia la creación de nuevas plazas fuera de la estructura orgánica de la Comisión, el otorgamiento indiscriminado de aumentos salariales y la colocación en puestos de amigos o parientes de la titular.

Entre los despidos injustificados se menciona el de Gustavo Meraz Rodríguez, quien se desempeñaba como director de Conclusión y Seguimiento y que también sufrió del hostigamiento directo de la presidenta del organismo.

La quejosa y el exdirector fueron incluidos en el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas del Gobierno del Estado, a pesar de que la institución tiene reconocida autonomía constitucional.

Ambos extrabajadores solicitaron en sus quejas medidas cautelares a la CNDH para paralizar el acoso, pero no se otorgaron y los actos se consumaron con sus despidos. 

Mientras la denuncia está en análisis, hoy se prevé la visita del ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, a quien el pasado 19 de marzo la denunciante giró una queja donde describió las violaciones a sus garantías.