Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y el Grupo Amores solicitaron por medio de una carta que se imparta justicia tras el homicidio de la pareja formada por Rocío Elías y Juan Carlos Peña a manos de militares en el municipio de Anáhuac.
En el escrito exhortaron a que el juez Primero de Distrito Penal de Nuevo León no se deje presionar ante una sentencia para los militares.
“Pedimos se haga justicia en el caso de Rocío Romelí y Juan Carlos Peña que fueron asesinados por integrantes del Ejército Mexicano, quienes además alteraron la escena del crimen para hacerlos pasar por delincuentes.
“Este caso representa una oportunidad para que las familias de Rocío y Juan Carlos, y toda la sociedad, puedan encontrar una esperanza en la justicia. Consideramos necesario que se consiga un acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño”, dice la carta entregada en el juzgado.
Durante la entrega del escrito, Cadhac dijo que el juez Eustacio Salinas Wolberg será el responsable de dictar la sentencia.
Según esta organización, un militar inculpado podría tener hasta 60 de años de prisión.
La pareja fue asesinada por miembros del Ejército Mexicano en el municipio de Anáhuac, el pasado 3 de marzo del 2010.
Para Cadhac, los elementos del Ejército modificaron la escena del crimen, además que pretendieron hacer pasar a la pareja por delincuentes.
En este caso están vinculados un militar por homicidio y otros dos por modificar la escena de crimen.
Abrir el debate militar
Por su parte, el Grupo Amores explicó que esta caso podría fomentar el debate en los procesos militares de la seguridad pública.
“La sentencia que usted dictará en el presente procedimiento servirá para fomentar el debate en los procesos de militarización de la seguridad pública, en los cuales no sólo la población civil ha sido víctima, sino también los mismos militares que no cuentan con un marco legal para combatir de manera efectiva al crimen organizado”, explica esta organización civil.
Se mostró confiado en que se dictará una sentencia a favor de los familiares de Rocío y Juan Carlos.
La organización Change.org reportó que diversos órganos nacionales e internacionales han señalado que la militarización de la seguridad pública implica un grave riesgo de violaciones a derechos humanos.
Agregó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pasó de recibir 367 quejas contra la Sedena y 31 contra la Marina en 2007, a recibir mil 695 quejas contra la Sedena y 495 contra la Marina en el 2011.
En Nuevo León, dice la organización, pasó de tener 13 averiguaciones previas en jurisdicción militar en 2006, a tener 310 en 2010 y 2011, asegura en su página de Internet.
