Mientras que el jefe de Gobierno urge a las delegaciones a entregar los planos de los inmuebles que se colapsaron o dañaron para avanzar con la investigación de si hubo violación a usos de suelo o fraudes, Morena y la asociación civil Suma Urbana ponen lupa a los recursos para la reconstrucción.
Hay 156 carpetas iniciadas en la Procuraduría de Justicia local por presuntas irregularidades en la construcción de estas viviendas.
“Estoy hablando de todas las demarcaciones donde hubo colapsos porque nos están requiriendo los peritos tener los planos y esta es una tarea que deben auxiliarnos los jefes y jefas delegacionales.
“He instruido al procurador para que reitere la petición a fin de que, a la brevedad, y no en trámite ordinario, tengamos estos planos porque son fundamentales para poder dictaminar a través de los peritos que están participando en estos análisis”, dijo Miguel Ángel Mancera al precisar que no solamente es la inspección física y la revisión de los materiales, sino los archivos de estos planos.
Con la misma urgencia que Mancera pidió a los delegados entregar los planos de las viviendas colapsadas o con daños, Morena solicitó una reunión con el secretario de Finanzas, Édgar Amador Zamora, a fin de discutir el origen y destino de los recursos de la reconstrucción.
Morena propuso la creación de un Fondo de emergencia de 35 mil millones de pesos compuesto con recursos propios de la ciudad, formado por la totalidad de recursos establecidos en el Fondo de desastres naturales de la capital, el cual asciende a 9 mil 441 millones de pesos, además de los remanentes de libre disponibilidad aún no comprometidos procedentes del superávit fiscal 2016, que suman 500 millones.
Diputados locales y federales, encabezados por el presidente de Morena en la capital, Martí Batres Guadarrama, aseguraron que la administración capitalina sí cuenta con dinero suficiente para enfrentar los gastos de la reconstrucción y para garantizar vivienda a todos los damnificados.
“Lo que está esperando la Procuraduría es que lleguen los planos de las diferentes delegaciones (…) son fundamentales para poder dictaminar a través de los peritos que están participando en estos análisis”
Alertan por evasión y beneficios
Con los antecedentes a cuestas de múltiples denuncias por violaciones a usos de suelo y la ilegalidad de constructoras que exceden los niveles permitidos para construir, la asociación civil Suma Urbana criticó que la Ley del Programa de Reconstrucción que se discutirá en la Asamblea Legislativa dirige beneficios al sector inmobiliario con alto poder de inversión, utilizando los fondos y recursos destinados a los damnificados del sismo.
“La conclusión es que esta iniciativa es en realidad un Pacto Inmobiliario que beneficia a los desarrolladores, utiliza fondos y predios públicos, permite evadir la Ley de Desarrollo Urbano, da beneficios fiscales, financiamiento y exenta de trámites a las constructoras. La información no es pública.
“Todo presentado dentro de un marco de beneficio social que podría hacerse perfectamente sin esta Ley”, difundió Suma Urbana.
Para los integrantes de esta agrupación que se ha caracterizado por la fuerte oposición al Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), la Ley que se discutirá de manera prioritaria en la Asamblea abre la posibilidad de evadir los programas delegacionales de Desarrollo Urbano.
“Lo que resulta absurdo, ya en muchos casos el incumplimiento de los mismos es lo que derivó en tragedias vinculadas con el sismo”, analizó Suma Urbana.
Juzgaron que muchos trámites se acrediten o desahoguen bajo el principio de “buena fe”, pues se deja abierta la posibilidad de cometer irregularidades sin que nadie sea el responsable.
Morena sugiere crear un Fondo de emergencia con recursos del Fondo de Desastres Naturales de la capital, y los remanentes de libre disponibilidad aún no comprometidos del superávit fiscal 2016
Fallan a la palabra, endurecen entrega
Luego de detectar que cientos de personas pidieron el apoyo económico para renta sin ser afectados, ayer inició el nuevo esquema a personas que tuvieron que desalojar sus viviendas a causa del sismo del pasado 19 de septiembre.
Cinco brigadas integradas por personal de la Secretaría de Gobierno, el Instituto de la Vivienda (Invi) y la Contraloría General de la CDMX acudieron a 12 campamentos que concentran en su conjunto a poco más de 900 personas damnificadas: cuatro en la delegación Benito Juárez, tres en Iztapalapa, dos de Tlalpan, además de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac, con uno en cada una.
Los funcionarios visitaron los campamentos para asegurarse que realmente sean las familias cuyos inmuebles sí resultaron afectados tras el sismo las que reciban los 3 mil pesos que el Gobierno de la Ciudad otorgará durante tres meses para ayudarlos con la renta de otra vivienda.
Las brigadas acudirán también a los inmuebles dañados cuyos habitantes pernoctan afuera de ellos.
El cheque les será entregado en las instalaciones del Invi CDMX, ubicadas en Canela 660, colonia Granjas México, delegación Iztacalco; mientras que la Contraloría General de la CDMX continuará verificando para que se aplique la correcta asignación de este recurso a la población que lo requiere.