Una iniciativa ciudadana busca crear una nueva ley que incluya el acceso al presupuesto participativo para definir recursos en proyectos artísticos y culturales.
“Créase el Presupuesto Participativo como mecanismo de fomento y desarrollo de las artes y la cultura del Estado de Nuevo León, dependiente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León”, dice el documento.
Fernando Arturo Galaviz Yeverino, gestor cultural y autor de esta propuesta, y 136 artistas, promotores culturales, cineastas, músicos, diseñadores gráficos, entre otros, entregaron la iniciativa en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.
El documento propone que se expida la Ley de Fomento y Desarrollo de las Artes, el Patrimonio y Derechos Culturales para el Estado de Nuevo León, que contiene 176 artículos. La propuesta ya está en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso local, a cargo de la diputada priista Perla Villarreal.
El Presupuesto Participativo está contemplado en el capítulo quinto de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. En la ley propuesta destaca el Título Décimo del Presupuesto Participativo donde se enuncian reglas claras para el uso de los recursos públicos, que hoy están en duda por el Consejo de la Cultura y las Artes (Conarte), que dirige Ricardo Marcos González.
“El cual permitirá a los artistas, promotores y gestores culturales definir el destino del recurso asignado para dicho presupuesto mediante convocatoria para participar en la elaboración de proyectos o propuestas artísticas y culturales”, establece el artículo 144 de esta nueva ley.
El presupuesto participativo está dirigido a los creativos agremiados en el padrón de disciplinas artísticas del Conarte.
“Se establecerá un presupuesto de 2 millones de pesos a cada uno de los nueve gremios artísticos, el cual, como blindaje será anualmente progresivo, no regresivo”
La primera gestión de Ricardo Marcos al frente del Conarte ha sido opaca sobre el costo que generó la construcción del Laboratorio Cultural Ciudadano (LABNL). Incluso, el Consejo nunca se limitó en sus gastos en plena crisis económica por la pandemia de COVID-19, pues gastó más de un millón de pesos por servicios, además de que los directivos cuentan con sueldos VIP.
En su segunda gestión al frente de este ente público Ricardo Marcos declaró en la primera junta de Consejo que no habrá recursos para que los artistas realicen sus exposiciones.
“Por eso también en su momento donde había esa idea de, bueno, vamos a hacer una exposición del gremio, no se puede, o sea hay ciertas cuestiones que marca totalmente la ley del ejercicio de los recursos y usos de los espacios públicos que no puede ser sujetos a un grupo particular”, dijo el funcionario el pasado 20 de octubre.
Un presidente del Conarte que vea por los ciudadanos
El artículo 25 de la nueva Ley de Fomento y Desarrollo de la Artes, el Patrimonio y Derechos Culturales para el Estado de Nuevo León establece las atribuciones que tendría el presidente del Consejo de la Artes de Nuevo León, en este caso, Ricardo Marcos González.
Entre sus obligaciones están elaborar programas y políticas para el fomento y desarrollo de las artes, el patrimonio y los derechos culturales de Nuevo León con participación ciudadana.
“Dirigir y supervisar la correcta aplicación de las partidas presupuestales aprobadas por el H. Congreso del Estado. Proponer, integrar o autorizar de comités y subcomités técnicos especializados que fuesen necesarios, con participación ciudadana para apoyar las actividades del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Presidir las sesiones del Consejo Participativo de Conarte y dictar las medidas necesarias para el cumplimento de los acuerdos y disposiciones, en observancia de los ordenamientos legales aplicables”, dice este artículo.
Además, el presidente del Conarte debe garantizar que ningún integrante del Consejo Participativo o trabajador sea molestado, ni sufrirá represalias de ningún tipo, como ser despedido de su cargo, por señalar irregularidades, emitir opiniones, comunicar información e ideas, a través de cualquier medio.
A diferencia del código de confidencialidad en el Conarte, la nueva ley propone que no haya represalias de ningún tipo por emitir opiniones
Esto último se incluyó por la publicación en el Periódico Oficial del Estado el decreto que emite un código de conducta, donde se establece la confidencialidad para los consejeros y trabajadores del Conarte.
