Diputadas y diputados del Congreso local afinan detalles para crear la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), que será parte de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero.
La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, que preside el priista Javier Caballero Gaona, tiene una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía, que propone desaparecer a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno estatal.
Este documento, que fue presentado por el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, se podría aprobar hoy lunes en la Comisión. La propuesta contiene una reforma el artículo 2, fracción VII, y una adición a la fracción VI Bis 1 al artículo 10, así como adicionar los artículos 33 bis y 33 bis 1 de esta Ley orgánica.
“Para el ejercicio de las facultades, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, a la Fiscalía General se integrará al menos de los siguientes órganos y unidades, la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera”, dice el documento en su artículo 10.
El segundo artículo transitorio establece que el titular de esta Fiscalía será designado por el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.
“Se establece un plazo de hasta 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto, para que el Fiscal General del Estado designe a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera”, menciona la iniciativa.
La Fiscalía tendrá como atribuciones investigar hechos presumiblemente ilícitos de personas que tengan un incremento económico injustificable, que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“O que incurran en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado, así como generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, para la investigación de hechos presumiblemente ilícitos”, dice el documento legislativo.
Los asuntos que actualmente lleva la UIFE pasarán a la competencia de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
UIFE inconstitucional
La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia pone sobre la mesa una acción de inconstitucionalidad en la operación de la UIFE del Gobierno estatal.
El coordinador de la bancada del PAN, el diputado Carlos de la Fuente, expone que esta unidad, que depende de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, tiene en su reglamento la atribución de investigar hechos presumiblemente ilícitos.
“Ese reglamento es inconstitucional, ya que invade la esfera de facultades del Ministerio Público previstas en el artículo 21 de la Constitución federal, puesto que dota a la citada UIFE de facultades legales para investigar hechos presumiblemente ilícitos. La única autoridad para determinar si un hecho es un delito y, en su caso, establecer la probable responsabilidad por su comisión, por mandato constitucional es el Ministerio Público”, argumenta la exposición del documento.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la resolución del juicio de amparo 12’1412016, sostiene que es indudable que el mandato es sólo el Ministerio Público y las policías están facultadas para investigar los delitos.
“Y que, por tanto, dicha función no puede constitucionalmente corresponder a una autoridad diversa”, dice la resolución.
Además, esta unidad no cuenta con áreas especializadas que le permitan desarrollar las técnicas de investigación que exige el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
La eliminación de la UIFE
El artículo cuarto transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia establece que cualquier disposición normativa, reglamentaria o cualquier otra, que se oponga o contravenga a este decreto.
“Queda sin efectos, de manera inmediata y sin mayor trámite, a partir de la entrada en vigor del mismo”, dice este artículo.
Con esto, todos los asuntos que actualmente lleva la UIFE, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, y que se encuentren en trámite, pasarán a la competencia de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
“Que deberá desahogarlos y concluirlos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. La remisión de dichos asuntos deberá efectuarse de inmediato a partir de la entrada en vigor del presente decreto y bajo el apercibimiento de que, en caso de su incumplimiento, se aplicarán las sanciones que prevé la legislación penal y administrativa”, dice la iniciativa.
