Piden suspender a ombudsman

Una de las exempleadas de la CEDH que sufrió de acoso laboral pidió a los consejeros de la institución que fiscalicen los actos de la ombudsman de Nuevo León Minerva Martínez Garza.

Martha Alicia Valdez Valenzuela interpuso este martes una queja dirigida al Consejo Consultivo, en donde pidió al órgano colegiado que ejerza su facultad como contraloría interna.

La quejosa pidió la suspensión de la titular de la CEDH y de tres subalternos: la visitadora general Catalina Teresa Rivera Díaz, la encargada de la Tercera Visitaduría Sylvia Guadalupe Puente Aguilar y el director jurídico Armando Augusto Reyes.

“Es necesario que se corrija el camino y las desviaciones de conducta señaladas, como ejemplo de que la institución es confiable y que no hay intocables, decretando por consecuencia la suspensión temporal en el cargo de los servidores públicos implicados”.

En entrevista para Reporte Indigo, la agraviada exhorta a los consejeros que resuelvan su caso y el del exdirector de Conclusión y Seguimiento de la Comisión Estatal, Gustavo Meraz Rodríguez, quien también fue hostigado.

“(Pido) tomen el caso, lo analicen y lo resuelvan de la mejor manera, porque aquí están inmiscuidas personas con cargos importantes dentro de la institución”, dice la exproyectista adscrita a la Coordinación Penitenciaria de la Tercera Visitaduría General.

“Es una conducta grave, porque estamos en una institución de protección de derechos humanos y es ahí donde están pasando estas cosas. Entonces, ¿dónde está el ejemplo?”.

La denunciante asegura que la ombudsman y sus colaboradores utilizaron en su contra una estrategia para desgastar su ánimo y así que no recurriera a otras instancias.

“La gente claudica, porque ya no aguantan la presión”.

Tanto ella como Meraz Rodríguez fueron incluidos en el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado. 

Esto fue ordenado, según las palabras de la titular del organismo con autonomía constitucional, por el gobernador Rodrigo Medina.

“Yo no puedo admitir de ninguna manera que alguien externo desee manipular o maniobrar a una institución que por naturaleza es autónoma, y que desgraciadamente utilicen un programa que no atañe a la institución”.

El escrito presentado por la quejosa argumenta que el Consejo Consultivo de la CEDH es competente para analizar las faltas, infracciones u omisiones que pueden motivar un proceso de responsabilidad administrativa.

Según la queja, la fracción sexta del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, le confiere al consejo la facultad de actuar como un órgano interno de control o contraloría.

El ordenamiento señala que los consejeros pueden fiscalizar a la presidenta de la CEDH y a los visitadores, pero la denunciante advierte que también al director jurídico, porque la ombudsman está impedida de juzgarlo al tener un interés “encontrado”.

El abogado de la extrabajadora, Luis Villarreal Galindo, asegura que los consejeros deben solicitar la comparecencia de su representada en una de las sesiones del Consejo Consultivo, para que conozcan de viva voz su queja.

“Aparte de desarrollar una función de asesores de la problemática de la Comisión para el presidente, se vuelven contralores”, dice el representante legal, quien también se desempeñó como primer visitador y presidente interno del organismo en 2007.

De paso, el abogado reitera que la CNDH debe ejercer su facultad de atracción en los casos de acoso laboral, porque la ombudsman está impedida de conocer las acusaciones, dado que ella es la imputada.

“Es urgente que la Comisión Nacional tome cartas en el asunto, si no vamos a tener que irnos a una instancia internacional”.

Por lo pronto, la defensa de Valdez Valenzuela está a la espera de que el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal admita el trámite de la queja que presentó este martes y que incluya el asunto en la próxima sesión del órgano.

“Eso es lo ejemplar de la licenciada Martha: de decidir a denunciarlo (el ‘bullying’), son actos muy graves que no deben quedar a la sombra ni bajo la impunidad”, reflexiona el abogado defensor.