A pesar de que la preocupación por los asuntos relacionados con la sexualidad de los menores de edad y la pornografía también ha estado presente en el Congreso de la Unión, ninguna medida ha sido aprobada en el tema del grooming.
Durante la actual Legislatura, se han presentado 15 iniciativas relacionadas con estos temas en la dos Cámaras. De ellas, dos se refieren al grooming y buscan aumentar las penas para quienes engañen a los niños, a través de las redes sociales, para hacerse de imágenes pornográficas o hasta citas con fines sexuales.
La primera fue presentada en marzo por la diputada perredista Karen Quiroga, y busca establecer en el Código Penal Federal el grooming como delito por el que a través de algún dispositivo digital, red social, internet, teléfono o cualquier otra tecnología, “se contacte con un menor de 15 años y proponga concretar un encuentro con el mismo”.
Propuso especificar que el fin de ese encuentro es el hostigamiento sexual, el abuso sexual, estupro o la violación.
Quiroga buscaba sancionar a quien cometiera este delito con tres a cinco años de prisión, que podían aumentar hasta a siete años y medio si el acercamiento se realizara con coacción, intimidación o engaño. La propuesta fue desechada en julio, pues la Comisión de Justicia no la dictaminó en los tiempos legales.
La segunda iniciativa fue la de Juan Pablo Adame, diputado del PAN, quien propuso también tipificar como delito el ciberacoso sexual o grooming.
El congresista busca modificar el Código Penal Federal para establecer una pena de entre 6 y 13 años de prisión y una multa de hasta 500 días de salario mínimo a quien cometa el delito en una persona menor de 15 años de edad o en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento.
Esta pena aplicaría también si la víctima, por cualquier causa, no pueda resistirlo o se le obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, y ya tocará revisarla a los diputados de la LXIII Legislatura.
Pero estas no son las únicas iniciativas relacionadas con el tema de la sexualidad.
También se ha buscado sancionar a quienes trafiquen con contenidos sexuales en los que participen menores de edad.
Otros esfuerzos han estado enfocados a combatir la trata y el lenocinio. Una de las propuestas más polémicas ha sido la presentada por Mónica Arriola Gordillo, senadora por Nueva Alianza, que aunque no está relacionada con delitos sexuales contra menores de edad, sí busca regular un comportamiento que ha crecido exponencialmente gracias a las redes sociales.
Se trata de una iniciativa para castigar la porno-venganza: cuando alguien hace públicas imágenes de desnudos o relaciones íntimas que fueron tomadas con el consentimiento de otra persona, pero salen a la luz para afectar su reputación.
En la propuesta se sugiere modificar el Código Penal Federal para tipificar el delito de “abuso por divulgación” y castigarlo con dos a cinco meses de prisión y hasta cien días de salario mínimo como multa.
Este delito lo cometería quien “fotografíe o grabe la imagen desnuda, parcial o total, de una persona y la distribuya a cualquier medio virtual o impreso, de divulgación pública, sin su consentimiento”.
