Pin parental, entre el apoyo y el rechazo en Nuevo León
Tras ser aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el próximo jueves el Pleno del Congreso de Nuevo León votará la el pin parental que propuso el diputado Juan Carlos Leal, mismo que ha ocasionado posturas a favor y en contra de diputados y organizaciones
Jesús PadillaTras ser aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el próximo jueves el Pleno del Congreso de Nuevo León votará la el pin parental que propuso el diputado Juan Carlos Leal.
La aprobación de una serie de reformas en materia educativa al artículo 3 de la Constitución de Nuevo León ha ocasionado protestas y apoyos en el Congreso de Nuevo León.
Esta votación fue avalada en la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge de León. Sin embargo, si el próximo jueves en el Pleno no alcanza los 28 votos a favor, podría volver a analizarse.
Esto traería cambios en la Ley de Educación del Estado para instaurar el pin parental, un permiso para que los padres de familia puedan autorizar o rechazar que sus hijos reciban educación en temas de sexualidad, reproducción y género.
Organizaciones civiles se han mostrado a favor y en contra. La Unión Neoleonesa de Padres de Familia apoyó a través de un comunicado la adición de la fracción 6 del artículo 92 de la Ley de Educación del Estado que presentó en enero el diputado Juan Carlos Leal.
“Confiamos en que esta iniciativa sea aprobada en el Congreso del Estado y que se respete el derecho de los padres a decidir la educación que quieren que sus hijos reciban”, estableció la asociación el 18 de mayo.
Por otra parte, integrantes del colectivo Movimiento por la Igualdad protestaron en contra de la posible aprobación en el Pleno, pues consideran que se violentarían los derechos de los niños y se discriminaría a personas de la comunidad LGBTIQ+.
Incluso, las secciones 20 y 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se posicionaron a favor de una educación con respeto a la diversidad, inclusiva, gratuita y laica.
Los padres por encima del interés superior de la niñez
La Unión Neolonesa de Padres de Familia, cuya presidenta es July Mendoza de Arredondo, aprueba la reforma al artículo 3 de la Constitución de Nuevo León para posteriormente modificar la Ley de Educación del Estado, que crea el pin parental.
La organización se justifica en el artículo 26 párrafo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se centra en que los padres tendrán el derecho preferente de decidir qué tipo de educación reciben sus hijos, que implica la educación sexual.
La ley General del Derecho a Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 50, dice que deberá procurarse la educación sexual de los niños, y la Ley General de Educación habla también sobre este tema.
“Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva”, dice el artículo 50 fracción V.
El derecho de un padre de elegir qué educación va recibir su hijo no puede estar por encima del interés superior de la infancia.
Acción inconstitucional en Pin Parental para comunidad LGBT
El Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, cuya presidenta es Jennifer Aguayo Rivas, asegura que la reforma al artículo 3 de la Constitución del Estado aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales se convertiría en una acción inconstitucional.
La organización señala que esta reforma que establece el derecho permanente de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos no se homologa a la Constitución Federal.
“Es importante señalar, además de lo expresado en párrafos anteriores, que esta reforma a la Constitución local no homologa la correspondiente reforma a la Constitución Federal en materia educativa, sino que altera el espíritu del constituyente del Congreso de la Unión y, por lo tanto, de ser votada a favor en el Pleno del Congreso Local, existiría materia para ejercer una acción de Inconstitucionalidad por parte de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos”, dice la organización.
Movimiento por la Igualdad criticó la forma en la que la comisión a cargo del diputado priista Jorge de León aprobó la reforma, pues considera que este proceso legislativo no se basó en iniciativas presentadas por escrito por diputados y ciudadanos.
“Y como no fue así, se tendrá que regresar a la Comisión para su discusión para presentar por escrito la modificación”, dice Mario Rodríguez Platas, integrante de esta organización.
