El Plan de Persecución Penal (PPP) que debe implementar la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de su estrategia de transición llega tarde y con carencias.
Se trata de un diagnóstico sobre los delitos más urgentes por atender, que más daño causan a la ciudadanía y que la FGR está obligada a establecer. Este instrumento también debe contener la metodología y el empleo de recursos para cumplir su función.
Pese a que a inicios de febrero la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero entregó al Senado de la República el PPP, para María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, este muestra vacíos y carece de estrategias para combatir los delitos prioritarios.
La Ley Orgánica de la FGR, que entró en vigor en diciembre de 2018, establece que al año de su nombramiento, el Fiscal debe entregar el Plan de Persecución final. Es decir, que este debió estar listo antes del 18 de enero del presente año.
De acuerdo con el PPP, la FGR contempló una decena de ilícitos por perseguir entre los que se encuentran los actos de corrupción, delitos patrimoniales, violaciones a los derechos humanos, vulneraciones al sistema electoral, narcotráfico y afectaciones al medio ambiente.
Para María Novoa es plausible que la FGR haya realizado el primer ejercicio de elaborar un Plan de Persecución Penal, sin embargo afirma que hay una falta en los mecanismos de diagnóstico delincuencial del país para identificar fenómenos y no solo hacer frente a delitos.
Nos falta en el documento un mayor proceso de tipo técnico, en vez de solo estar revisando tipos penales que están en el Código (Penal Federal). Al realizar estos análisis, se deben identificar estructuras criminales, los tipos de delitos que generan, las víctimas, patrones que emplean para llevar a cabo el ilícito y los comportamientos geográficos
En el estudio Hacia una persecución penal estratégica, México Evalúa recomienda aspectos para la conformación de una política pública en torno a la investigación de delitos.
Como primer paso, propone instrumentar un análisis estratégico de la criminalidad. Le sigue el orden de atención de los fenómenos delictivos a combatir partiendo de criterios como la gravedad y la importancia.
Además propone delinear las políticas de priorización tanto a nivel federal como estatal y municipal reforzadas mediante la coordinación, establecer metas y mecanismos de evaluación, y también sugiere la creación de una unidad de priorización en la que se coordine al personal y expertos con el fin de recabar la información necesaria para el desarrollo del PPP.
Recursos para acabar con el rezago en Persecución Penal
El Plan de Persecución Penal enviado por Gertz Manero a la Cámara alta, revela que la Procuraduría General de la República dejó un rezago de 300 mil expedientes, 28 mil mandamientos ministeriales pendientes y 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas.
Para contener el retraso en la atención de las denuncias, la FGR contempla destinar el 70 por ciento de todos los agentes del Ministerio Público Federal en esa tarea y asegura que conforme se mitiguen los pendientes, los funcionarios ministeriales pasarán a investigar los casos nuevos que se presenten.
Con respecto a la transición de PGR a FGR, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado documentó en diciembre algunos de los aspectos por implementar que han retardado este proceso.
El Instituto destaca que no se ha cumplido la tarea de nombrar a los Consejeros Ciudadanos, mismos que, de acuerdo con la Ley Orgánica, deben participar activamente en la conformación del Plan de Persecución Penal.
La elección de los consejeros es una facultad de la Cámara alta, la cual tuvo como plazo hasta el 1 de marzo pasado para lanzar la convocatoria para la inscripción de aspirantes.
“Sin embargo, fue hasta el 23 de abril de 2019 que el Senado designó la Comisión de selección que llevará a cabo el procedimiento y recién el 7 de noviembre de este mismo año, la Comisión de Selección publicó la convocatoria para la designación de integrantes del Consejo Ciudadano. Pero, hasta la publicación de este reporte (diciembre de 2019), el proceso de designación no había concluido”, recalca el IBD.
El PPP contempla enfocarse en delitos de corrupción, patrimoniales, violaciones a los derechos humanos, vulneraciones al sistema electoral, narcotráfico, entre otros
Otro de los temas pendientes es la expedición de los lineamientos que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética, para los cuales la FGR tiene de plazo hasta el 20 de junio. También hace falta realizar la convocatoria pública para la revisión de su marco jurídico por parte de su titular.
Pese a que Alejandro Gertz Manero se reunió a mediados de enero con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta para conversar sobre la intención de reformar el sistema de justicia penal del país, a la fecha no se ha concretado la entrega formal de propuestas de modificación a la Constitución y diversas leyes.
Una de las sugerencias que impulsa el fiscal general es la creación de un Código Penal Nacional para unificar la tipificación de los delitos en las 32 entidades del país. También pretende que se sustituya el Código Nacional de Procedimientos Penales, y reformas las leyes de Amparo, Nacional de Ejecución Penal, entre otras.
