El agua en Jalisco se ha vuelto un tema prioritario para las últimas administraciones estatales. El gobierno de Enrique Alfaro no pretende quedarse atrás y una de sus promesas es el saneamiento del Río Santiago, el más contaminado del país según la Organización de las Naciones Unidas.
Entre sus primeras acciones está la construcción de diversas plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero la medida podría ser insuficiente para la complejidad del problema en la entidad porque el proyecto se sortearía con deuda pública solicitada por el Ejecutivo estatal al Congreso de Jalisco.
Para el académico de la Universidad de Guadalajara y experto en el tema del agua, Arturo Gleason Espíndola, aunque se celebra que un gobierno tenga como prioridad la mejora de este bien común, existen algunas deficiencias en los planteamientos que se evidencian en la falta de planeación científica y técnica previa
En el estado de Jalisco, según los últimos datos de la pasada administración, hay alrededor de 127 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación. Esta cifra ha ido a la baja, pues en 2017 el número en funcionamiento era de 138.
Sin embargo es más preocupante la situación en la que trabajan, pues de las 127 que se contabilizaron como operativas en 2018, solamente 76 lo hicieron bajo la norma correspondiente, según la Comisión Estatal del Agua en Jalisco. Esto demuestra que solamente el 59.8 por ciento de las plantas de tratamiento ha funcionado adecuadamente en la entidad.
127
En este contexto, el Gobierno de Jalisco solicitó al Congreso estatal la aprobación de una deuda de cinco mil 250 millones de pesos, de los cuales 800 millones serán para plantas de tratamiento de aguas residuales, indica el documento que está en el Legislativo local.
El resumen del proyecto, que se incluye en la propuesta de deuda pública, dice que se construirán, rehabilitarán y pondrán en operación 17 plantas de tratamiento, de las cuales 12 serán para el rescate del Río Santiago.
51
Para lograr el saneamiento de este afluente se requiere de una inversión aproximada de mil 917.9 millones de pesos, señala el estado. Pero los gastos gubernamentales se irán ejerciendo de forma prioritaria, a tal punto que para los trabajos de este año se requieren 800 millones de pesos.
Para Arturo Gleason, una inversión en este sentido requiere los estudios necesarios y entender qué plantas de tratamiento se necesitan en cada una de las zonas según las sustancias desechadas en los afluentes.
17
“No hay un fundamento, un respaldo científico, técnico (…). Antes de pedir dinero yo diría: ya probé, hice tales pilotajes. En este caso la cloración puede servir en este escenario o en este otro escenario no. Pero ya investigaste”, recalca el académico.
De lo contrario, si no se atienden puntualmente cada una de las plantas de tratamiento y se opta por una construcción estándar que resuelva algunos problemas, el endeudamiento para la infraestructura hidráulica no tendrá sentido, advierte.
12
“Yo creo que no es conveniente. ¿Te endeudas para qué? ¿Para una herramienta obsoleta? ¿Sin datos? ¿Qué persona inteligente se endeuda sin saber exactamente qué es lo que va a comprar? En el tema público así se ha hecho y así se está haciendo. ¿Qué presa te va a dar agua para todos? No hay presa que te lo dé”, cuestiona el especialista.
La diputada federal por Tlaquepaque, Imelda Pérez Segura, también menciona que no es justificable la deuda ante la falta de recursos y existe el riesgo de que los proyectos no funcionen por la falta de obras específicas.
De ahí que la legisladora expresara que próximamente se tendrá una reunión con la Comisión Nacional del Agua con el fin de analizar el tema del saneamiento del Río Santiago.
Culpan a gobiernos municipales
El actual Gobierno de Guadalajara señala que la falta de operación en las plantas de tratamiento se debe a que las administraciones municipales no han podido solventar los costos operativos ni de mantenimiento preventivo, con referencia al costo de la energía eléctrica y la reposición de equipos electromecánicos.
“El estado presupuestará recursos cada año para garantizar que las plantas no dejen de operar. Sin embargo, el Gobierno estatal trabajará de manera estrecha con los municipios donde se construirán o modernizarán las plantas para buscar esquemas que permitan que los organismos operadores municipales gradualmente aumenten su eficiencia, disminuyendo la necesidad de recursos estatales”, señala el documento de deuda para este tema.
Pero Arturo Gleason se muestra escéptico de las mejoras que se afirman en los textos oficiales, ya que señala que no están trabajando sobre la base de un nuevo modelo.
Al contrario, el Gobierno estatal ha abandonado a los municipios o los atiende desde una visión paternalista en la cual se les delegan las funciones y no se trabaja en un proyecto de apropiación comunitaria del saneamiento en las localidades periféricas de la metrópoli, como sucede en otros países, relata Gleason
La propuesta sí contempla la participación de los privados en el tratamiento del agua, lo que podría ser benéfico a la larga. Pero Gleason Espíndola señala que los casos locales han enseñado que al final las empresas solo hacen usufructo del cuidado del agua sin mejoras para el vital líquido y las personas que lo consumen.
“Con recurso público tú pagas las megaobras, con dinero de todos, y luego se la pasas a un privado que hace usufructo de eso. ¿Cambia la eficiencia? No”, concluye el experto en agua.
