Playas en venta

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Desde que el Congreso Federal modificó el artículo 27 constitucional en el 2013 con el que se permite que extranjeros adquieran terrenos en costas y litorales del país, ha venido en aumento la privatización de las playas mexicanas.

Bajo el pretexto de una mayor recaudación fiscal y un sostenido crecimiento del sector turístico, la modificación de dicho artículo ha permitido que playas que eran propiedad de la nación en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, se conviertan en inversiones de consorcios internacionales que buscan el desarrollo de polos turísticos, muchas veces a costa del bienestar de las comunidades indígenas y del cuidado del entorno ambiental.

El caso más reciente es el que se registra en Cancún, Quintana Roo, en donde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió a la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. parte de la playa pública Delfines, en donde el consorcio ya inició la construcción de dos clubes privados.

En este caso la inconformidad social no sólo se finca en el hecho de que es una de las pocas playas públicas de las que podía disponer la comunidad, sino que se trata también de un santuario para la reproducción de tortugas de las especies Blanca, Laúd, Caguama y Carey, y para las aves de la especie Pluvialis, mejor conocidas como chorlitos.

La privatización de La Playa Delfines que está en curso en Cancún no es el primer intento del sector empresarial por hacerse de la playa pública más importante de las 10 que tiene este destino turístico.

En el 2005 otro consorcio había pretendido hacerse de la propiedad de este sitio; la firma italiana Bi&Di había logrado permisos de la federación para construir el desarrollo turístico “La Herradura”.

Las intenciones de la firma Bi&Di fueron frenadas ante la protesta permanente de un grupo  de ciudadanos que tuvieron que recurrir ante el portal de Change.Org para presionar al gobierno y revocar los permisos, lo que ocurrió en el 2014 cuando la SEMARNAT retiró la autorización para la construcción de un hotel, áreas recreativas privadas y dos clubes de playa.

Ahora, de nueva cuenta surge el conflicto social por lo que se apunta como el despojo de una playa pública a los habitantes de Quintana Roo, luego de que la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. pretende con una inversión de 90 millones de dólares la construcción de un hotel de 14 pisos con 450 habitaciones en la zona turística comunal de Delfines.

Aun cuando el anuncio de la construcción de lo que sería el hotel Grand Solaris Cancún se hizo apenas a mediados de este año, la adquisición de cinco hectáreas de terreno de la playa pública se hizo en el 2005, durante la administración del gobernador Félix González Canto, donde la parte vendedora fue el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entonces encabezado por John McCarthy.

Pero fue durante la administración de Roberto Borge, ya en el 2014, cuando se otorgaron todos los permisos locales de revisión al impacto ambiental y para la construcción del desarrollo turístico.

Secuestro extranjero

En Nayarit existen 34 playas públicas consideradas desde el 2014 en el plan de desarrollo municipal de Bahía de Banderas, y a la fecha 31 son ocupadas por desarrollos turísticos de empresas internacionales.

En esa entidad, por gestiones del hoy exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, bajo el proyecto de promoción a la inversión que se gestó en su administración, sólo se dejaron tres playas con carácter público: Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y La Manzanilla, en donde grupos indígenas y pobladores de la zona se opusieron a la instalación de nuevos hoteles.

Allí mismo, en Nayarit, en 2015 la pasada administración estatal cedió el dominio de más de 100 hectáreas de la zona conocida como Playa del Rey, pública y sitio ceremonial de los pueblos naturales, y en donde se pretende la construcción de tres complejos turísticos de las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A. de C.V. y Desarrollos Turísticos Aramara S.A. de C.V.

En Michoacán ocurre un caso similar. Desde el 2008, aún sin reforma al Artículo 27 Constitucional, un grupo de particulares se apropió de 250 hectáreas de playa dentro de la Bahía El Tamarindillo, en el ejido El Ticuiz, en donde las protestas de los ejidatarios resultaron infructuosas pese a que se demostró la falsificación de actas ejidales que cedían la propiedad en favor de un grupo de empresarios que a la fecha ha instalado un conjunto residencial en la zona.

La disputa de los predios de playa en la zona de El Tamarindillo se mantiene vigente, aunque las denuncias de los ejidatarios contra los que se han hecho de la propiedad se mantienen congeladas en dos agencias del ministerio público, tanto del fuero federal como del local.

En Jalisco sucede lo mismo. Desde el 2012 ya son 33 de las 36 playas públicas de esta entidad las que se encuentran bajo el dominio de consorcios hoteleros que han establecido allí sus desarrollos turísticos y empresariales, negando la posibilidad del acceso público a las playas, con afectación directa para algunos grupos de pescadores como sucede en la Playa Careyitos, que ahora es propiedad de la empresa Imágenes y Espectáculos de Lujo S.A. de C.V.

Un botín, las playas de Baja California Sur

De acuerdo al Colectivo Pericú, de Baja California Sur, en esa entidad también se registra el fenómeno de la privatización de playas. Allí los espacios de Nopoló y Tripuí, que eran espacios comunales, han comenzado a ser invadidos por desarrollos turísticos propiedad de consorcios nacionales e internacionales.

Organizaciones civiles de esa entidad como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida que encabeza Juan Trasviña, han venido alertando desde el 2014 sobre los intereses particulares que existen entre algunos grupos de empresarios por hacerse de las playas públicas, entre ellas la de Los Arbolitos y El Médano.

Pero el mayor riesgo de privatización que se registra en Baja California Sur es el que se da en torno a la Playa de Cabo Pulmo, en donde organizaciones internacionales como Greenpeace han alertado que desde el 2008 la empresa Hansa Urbana pretende una autorización federal para construir en el sitio un proyecto turístico denominado Cabo Cortés.

En el 2011 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó al consorcio Hansa Urbana la ocupación de una extensión de 3 mil 800 hectáreas para construir una marina, 27 mil habitaciones de hotel y dos campos de golf en el área de Cabo Pulmo.

“El riesgo principal para el arrecife de Cabo Pulmo es el arrastre de contaminantes, sedimentos del dragado de la marina, aceites de las embarcaciones, salmueras de la desaladora y aguas residuales”, manifestó Greenpeace. Lo que impactaría directamente en la gran biodiversidad conservada y recuperada en 15 años de trabajo.

Pese a los señalamientos de la organización internacional que lucha por la preservación del medio ambiente, con relación al riesgo que implica la privatización de la playa de Cabo Pulmo, en Baja California Sur las autoridades estatales y la misma federación han sido omisas, pues el proyecto sólo se encuentra suspendido, pero no cancelado.

Diputados, el origen del problema

El proceso de privatización de las playas mexicanas, prohibido desde 1917, inició el 24 de abril del 2013, cuando en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la reforma al artículo 27 constitucional.

Con él se eliminó la prohibición que existía para que extranjeros pudieran comprar predios dentro de la zona restringida que comprendía los primeros 100 kilómetros a partir de las fronteras y los primeros 50 kilómetros a partir de los litorales.

El proyecto de reforma al citado artículo constitucional, que fue promovido por la fracciones del PRI y avalado por la PAN, para ser finalmente ratificado en el Senado de la República, contó con el voto a favor de 356 diputados, otros 119 se dijeron en contra, mientras que dos legisladores se abstuvieron de la votación, haciendo válida la posibilidad de que extranjeros pudieran comprar playas mexicanas.

El proyecto de reforma al artículo 27 constitucional contó con el voto a favor de 356 diputados, 119 se dijeron en contra y dos legisladores se abstuvieron de la votación

En su momento, de acuerdo al histórico de la Cámara de Diputados, se estableció que el Estado mexicano seguiría con el dominio de tierras y aguas nacionales, y que para ello deberían contar, quienes aspiraran a la compra de playas, con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que los posibles propietarios no invocaran la protección de sus gobiernos.

Entre las voces de diputados que se alzaron contra esa iniciativa de reforma se escuchó la de la diputada Loretta Ortiz, del Partido del Trabajo, la que recalcó la propiedad de la nación sobre las playas, pronosticando que los litorales en manos de extranjeros generarían conflictos y que muchas playas se verían cerradas para los mexicanos.

Otra voz disidente frente al origen del proyecto de privatización fue la del entonces diputado del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal.

“Se trata de un ejercicio urgente para entregar nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros”, explicó, “vendrá a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales”.

Jalisco, un caso excepcional

En Jalisco es donde se registra el único caso, desde que en el 2013 se permitió la privatización del litoral mexicano, en donde una playa ha sido recuperada a favor de la comunidad luego de que los intereses de particulares afectaron a toda la colectividad, negando el acceso a pescadores y paseantes locales.

La Playa de Tenacatita fue recuperada por el Gobierno municipal de esa localidad, y ahora se encuentra bajo su resguardo para garantizar su uso público con fines de esparcimiento y de preservación al medio ambiente, luego que el consorcio que había logrado su propiedad incumplió con las normas de cuidado ambiental.

Para hacerse de la propiedad de la playa de Tenacatita, la inmobiliaria Rodenas desalojó por la fuerza, en el 2010 al amparo de una orden judicial, a los ejidatarios de El Rebalse de Apazulco, los que se habían negado a la expropiación del suelo luego de que la federación cedió desde el año 1992 en propiedad 294 mil metros cuadrados de playa.

Una parte de la zona costera de Tenacatita había sido entregada en propiedad a la empresa inmobiliaria Rodenas, la que había anunciado desde el 2013 un polo de desarrollo turístico, en aparente beneficio de la economía local, en donde planeó la construcción de residencias vacacionales, las que se dijo fomentarían el empleo para los habitantes de esa parte del estado.

Sin embargo, la inmobiliaria Rodenas no cumplió con la presentación de los estudios de impacto ambiental y prorrogó sin explicación alguna los inicios de los trabajos de construcción del desarrollo ofrecido, vedando el paso de los lugareños a la zona de playa, lo que también afectó a decenas de familias de pescadores.

Con base en ello, el Gobierno municipal, con el respaldo del Gobierno estatal de la administración pasada, decidió iniciar acciones legales para la recuperación de la playa, lo que se logró ante la instancia judicial federal al argumentarse la afectación económica y social que representaba el cierre de la playa para los habitantes de Tenacatita.

En Cancún, un velo de dudas

La privatización de La Playa Delfines que está en curso en Cancún, no es el primer intento del sector empresarial por hacerse de la playa pública más importante de las 10 que tiene este destino turístico.

En el 2005 otro consorcio había pretendido hacerse de la propiedad de este sitio; la firma italiana Bi&Di había logrado permisos de la federación para construir el desarrollo turístico “La Herradura”.

Las intenciones de la firma Bi&Di fueron frenadas ante la protesta permanente de un grupo ciudadanos que tuvieron que recurrir ante el portal de Change.Org para presionar al gobierno al cese de los permisos, lo que ocurrió en el 2014 cuando la SEMARNAT retiró la autorización para la construcción de un hotel, áreas recreativas privadas y dos clubes de playa.

Ahora, de nueva cuenta surge el conflicto social por lo que se apunta como el despojo de una playa pública a los habitantes de Quintana Roo, luego que la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. pretende con una inversión de 90 millones de dólares la construcción de un hotel de 14 pisos con 450 habitaciones en la zona turística comunal de Delfines.

Aun cuando el anuncio de la construcción de lo que sería el hotel Grand Solaris Cancún se hizo apenas a mediados de este año, la adquisición de cinco hectáreas de terreno de la playa pública se hizo en el 2005, durante la administración del gobernador Félix González Canto, donde la parte vendedora fue el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entonces encabezado por John McCarthy.

Pero fue durante la administración de Roberto Borge, ya en el 2014, cuando se otorgaron todos los permisos locales de revisión al impacto ambiental y para la construcción del desarrollo turístico, por lo que transacción ha corrido un velo de dudas entre la población.