Acusan madruguete en plusvalía

Si el jefe de Gobierno de la Ciudad de México no veta la Ley de Vivienda que otorga facultad a la autoridad de apropiarse de la plusvalía de los bienes inmuebles de los capitalinos, diversos actores de la sociedad prevén presentar una controversia constitucional.

La Ley es un claro acto confiscatorio, acusa el diputado local Fernando Zárate, del Partido Verde Ecologista (PVEM), quien mantuvo una férrea oposición en tribuna ante la aplastante mayoría del 

PRD y la tibia abstención de Morena.

Luego de la polémica aprobación de la Ley de Vivienda en la Asamblea Legislativa, los activistas y vecinos advierten que la norma muestra deficiencias que propician actos de corrupción y una peor crisis urbana por la falta de planeación.

La polémica se centra en la aprobación de la plusvalía, aunque también se mantienen encendidos los focos rojos por la indefinición de la vivienda social que podría propiciar actos de corrupción por parte de las inmobiliarias.

De ahí que se plantea al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que proceda a vetar y se regrese a la Asamblea Legislativa para un nuevo debate que modifique el Artículo 94 de la citada norma; de lo contrario, se alentarán los amparos a fin de que los ciudadanos peleen su derecho a mantener la plusvalía que generan sus propiedades.

En entrevista, el diputado Zárate explica en términos llanos el significado de la recién aprobada norma. 

“Si uno compra una casa o departamento sobre Insurgentes y el Gobierno de la Ciudad de México invierte en mejorar las banquetas, luminarias, seguridad pública, la propiedad que adquirí en cinco pesos ahora valdrá nueve, esa ganancia podrá ser asumida por el gobierno para que la pueda invertir de otras causas”, asegura.

Eso, profundiza, genera una limitación al derecho de la propiedad, una especie de impuesto especial sobre una ganancia lícita que los vecinos tienen dentro del marco y las leyes del mercado.

“Ese es un acto confiscatorio, un nuevo impuesto que no sigue ninguna de las reglas, es decir, donde hay ganancia sí le entra el gobierno, pero cuando hay pérdidas, no. Por ejemplo, si compro en Insurgentes Norte y la inseguridad desploma el precio de mi vivienda por la omisión del Estado de no invertir en infraestructura y seguridad pública, ¿a poco cuando hay pérdida el gobierno me va indemnizar?

“Usaron el vehículo Ley de Vivienda para poder introducir de manera muy perversa un concepto que hace ricos a los ricos y más pobres a los pobres”, denunció Zárate. 

Viviendas indefinidas

Para la asociación civil Suma Urbana, otro de los factores que enciende la alerta es el concepto de vivienda popular y la social que no define las características de construcción, cuántas recámaras, si tendrá acabados, cocina, baños, si le pondrán puertas y fachada.

La vivienda de interés popular es aquella cuyo precio de venta al público es superior a 5,400 veces la Unidad de Cuenta ($71.68) vigente en la Ciudad de México, es decir 390,000 pesos y no exceda de 9,000 y 650,000.

La de interés social es aquella cuyo precio máximo de venta al público es de 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX.

Se mezclan la vivienda de interés social y popular, la vivienda para trabajadores y la vivienda de población vulnerable y con ello el financiamiento y los criterios de asignación. 

La ley define la vivienda de interés social y popular sólo a partir de los parámetros del costo máximo que debe tener.  

“Debemos tener claridad, exigimos que la Ley de Vivienda sea clara para evitar en lo posible las prácticas de entregar las viviendas en obra negra o gris y luego cobrar por fuera los acabados e instalaciones.

“Elevando así el costo por encima de los parámetros establecidos, y vender a precios de vivienda media por encima de lo que puede pagar la mayoría de la población”, dice Josefina MacGregor, de Suma Urbana.

La activista detalla que la Ley de Vivienda puntualiza que el Instituto de Vivienda (Invi) tendrá la facultad de realizar el derecho a la vivienda de la población vulnerable.

Sin embargo, la definición de “población vulnerable” es tan amplia que el Instituto cubre áreas de la población con vivienda subsidiada que debieran ser del sector comercial.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es el organismo encargado de la protección y realización del derecho a la vivienda de la población, que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de vulnerabilidad requiere de la acción del Estado.

“La definición de población vulnerable es tan amplia que se abarca indebidamente a grupos no vulnerables y se pierde el objetivo de los proyectos con subsidio, prestándose a creación de clientelas”.

Al respecto, el Artículo 56 detalla que el Gobierno de la Ciudad aplicará de manera igualitaria los programas de vivienda para jefas y jefes de hogar y población vulnerable con el fin de satisfacer sus necesidades de acceso a la vivienda.

Cuestionan tono discrecional 

Josefina MacGregor alerta también del contenido del artículo 59 con el que la administración local, a través del Instituto de la Vivienda, podrá promover la vivienda en arrendamiento.

Además de proponer a la Secretaría de Finanzas facilidades administrativas y/o fiscales para apoyar la construcción de este tipo de vivienda conforme al programa constitucional.

Suma Urbana, que mantiene una batalla constante en la capital de la República para denunciar las arbitrariedades de las constructoras y las violaciones a los usos de suelo en las delegaciones, advierte de otra situación.

“El Jefe de Gobierno queda facultado para eliminar procedimientos administrativos o eximir del pago de impuestos a constructoras o particulares en forma discrecional”.  

Y para poder beneficiarse de estos estímulos, detalla, es necesario haber celebrado contratos con el Invi o Seduvi dentro de los programas sectorial institucional  y especial. 

“El que se den a través de acuerdos se presta a actos de corrupción”, acusa.

Apenas el martes, el PAN recibió el anuncio del jefe de Gobierno para modificar el artículo 21, apartado C, numeral 7, para replantear el tema de la plusvalía y constreñir su contenido a lo que establece la Constitución General de la República.

Mientras eso ocurrió en la Asamblea Constituyente, horas después, en la Asamblea Legislativa, se consumaba la aprobación de la Ley de Vivienda cuyo contenido sorprendió con la plusvalía. 

Faltarán normas de ordenación 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) reconoció la aprobación de la nueva Ley de Vivienda votada por la Asamblea Legislativa.

La dependencia, una de las directamente involucradas en la aplicación de las nuevas disposiciones, fijó postura respecto a la aprobación de la norma en los términos que desataron polémica en la sociedad civil.

Para la dependencia, la vivienda en la Ciudad de México se encuentra en un rezago a pesar de ser una prioridad para el gobierno natural.

Reconoce que la Ley de Vivienda requerirá de manera natural de una serie de normas de ordenación, que permitan instrumentar de una manera eficiente la construcción de la vivienda accesible para todos los ciudadanos.