Tras una lucha de cinco años por parte de organizaciones civiles, por fin todas las sentencias emitidas por el poder judicial de los estados serán públicas y podrán consultarse.
De acuerdo con las organizaciones, este puede ser un paso para que los poderes judiciales dejen de operar en sistemas de opresión, desigualdad, violencia institucional e impunidad, y así disminuir la opacidad judicial e impulsar un sistema de justicia más abierto y confiable.
Desde 2015, el colectivo Lo Justo Es Que Sepas denunció que en México ninguno de los poderes judiciales publicaba todas sus sentencias. Sin embargo, en la reciente sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa para que se publiquen todas las sentencias judiciales y así avanzar en garantizar el acceso a la información.
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El informe de la organización feminista Equis Justicia “Transparencia en la publicación de sentencias ¿Retrocesos a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?” explica cómo la publicación de dicha Ley en 2015 provocó retrocesos legislativos en 10 estados, ya que redujo la cantidad de sentencias que tienen la obligación de publicar los poderes judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas, pues pasaron a la obligación de publicar únicamente las sentencias que son de “interés público”.
Además, dicha opacidad judicial podía dar pie a que se pudieran dictar sentencias discriminatorias o sin perspectiva de género ni de derechos humanos, y limitaba la detección de posibles arbitrariedades.
En entrevista, Luis Fernando Villanueva, oficial de proyecto del área legal de Equis Justicia explica que este logro en materia de transparencia es importante, pues facilitará la realización de ejercicios de auditoría ciudadana, evaluación del trabajo de los juzgadores y funcionarios judiciales y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción.
“Poder acceder a las sentencias contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables para la ciudadanía, no es poco, se trata de un paso para conocer cómo se imparte justicia en México”, explica.
De acuerdo con Villanueva, el acceso a las sentencias será útil para poder combatir corrupción, nepotismo y prácticas discriminatorias en cada uno de los estados.
Hay prácticas de violencia y discriminación por parte de jueces y magistrados que están normalizadas pues se basan en prejuicios de género o estereotipos, esa es la justicia que tenemos hasta ahora pero al ir contra la opacidad podremos ir también contra las prácticas injustas
Participación ciudadana en el Poder judicial
Para cumplir con la democracia en un país es fundamental que se demuestre que ante la ley todos los ciudadanos son iguales, señala Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de la organización México Evalúa.
De acuerdo con Pantin, poder acceder a las sentencias será una forma de verificar que nadie esté por encima de la ley y que en un país como México, se puede garantizar el debido proceso a quien sea.
“Hay estudios donde es probado que las mujeres en ocasiones tienden a tener un trato distinto ante la ley que los hombres, por ejemplo, a una mujer no le darán la custodia de su hijo porque no cumple con el estándar de lo que debe ser una buena madre, es decir, se toma una decisión con prejuicios, no se piensa que la decisión del juez tendrá consecuencias sobre la vida de la gente”, comenta.
Sin embargo, Pantin subraya que la decisión de la Cámara de Diputados será trascendente pues al revisar las sentencias se podrá corregir un acto de discriminación o de violencia institucional, sobre todo contra grupos vulnerables.
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“Hay registro de cómo a grupos indígenas, que muchas veces no hablan español, no se les garantiza un traductor al momento de llevarlos a juicio y no saben de qué se les acusa. Las sentencias servirán incluso para proteger a personas con discapacidad, menores de edad, mujeres víctimas de violencia y hasta para pedir cuando a un juez lo deban de capacitar en materia de derechos humanos o perspectiva de género o, incluso, si es necesario, de pedir su destitución”, declara.
Por su parte, Villanueva recuerda que en Equis Justicia se efectuó un análisis de 110 sentencias judiciales de ocho estados de la República en el cual se identificó que el 85 por ciento de éstas no incorporan perspectiva de género cuando fue necesaria pues se trató de casos de riesgo en donde las víctimas necesitaban protección.
“Encontramos que muchas veces los jueces no toman en cuenta ilustración: victor nueto el contexto en que se da el caso, es decir, si llega una mujer víctima de violencia hay que analizar que en el país tenemos 11 feminicidios diarios, que se tiene que proteger la vida e integridad de las mujeres y no seguir con actos y justicia desigual”, dice Villanueva.
Tanto Villanueva como Pantin urgen en la necesidad de hacer que los poderes judiciales se acerquen cada vez más a la ciudadanía pues muchas veces el descontento de la sociedad hacia jueces y magistrados suele ser por desconocimiento de su trabajo.
Poder acceder a las sentencias contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables para la ciudadanía, no es poco, se trata de un paso para conocer cómo se imparte justicia en México
“La ENVIPE del INEGI señala que 45 por ciento de la gente no confía en los jueces en el país y esto en parte es porque hay esta idea de la corrupción y desconocimiento de su labor, se necesita legitimidad en su trabajo, por ello, ahora lo que nos falta es saber cómo se van a publicar las sentencias pues la ley no detalla de qué manera deben difundirse, pero lo ideal sería contar con buscadores de fácil acceso, poder investigar por fecha o palabras clave, eso generaría un mayor y fácil uso de los datos para todos los que quieran consultarlas”, finaliza Lauren.