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"Es dinero que tiene comprometido PEP para entregar al contratista en cada contrato de obra pública"
"PEP quedará como acreedor preferente en la lista de acreedores de la concursada y por ende, será de los primeros en cobrar, una vez que se saque adelante a Oceanografía"
Hasta ahora PEP ha alegado que no puede pagar a OSA ese dinero ya que tendría un daño en su patrimonio. La defensa de Yáñez asegura que esto es falso
Después de haber logrado que el juez del concurso mercantil suspenda la inhabilitación y frene la cancelación de contratos a Oceanografía, la defensa de la compañía de Amado Yáñez va por más.
Una solicitud remitida al juez Felipe Consuelo Soto el pasado 17 de agosto, de la cual Reporte Indigo obtuvo una copia, busca que Pemex le pague a la empresa 500 millones de pesos de penas convencionales, que la petrolera le ha retenido a la empresa desde el 28 de febrero pasado.
El argumento central de la defensa es el mismo con el cual han ganado los dos primeros rounds a la estrategia legal de Pemex: es del interés general que Oceanografía sea económicamente viable y siga funcionando, por lo que no puede quedarse en bancarrota.
Con el auxilio de varias tesis jurisprudenciales, el escrito que presentó el representante legal de Oceanografía (OSA), César Guevara Germán, pide que Pemex deposite los 500 millones que no ha pagado a la compañía que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) administra desde marzo.
Desde que se conoció la investigación a Oceanografía por un supuesto fraude millonario a Banamex, la petrolera ha dejado de pagarle a la empresa estos millones de pesos con el argumento de que incurrieron “en ciertos incumplimientos a los contratos de obra pública”.
Estas son las penas convencionales, es decir, las sanciones que impone la contratista cuando se incumplen algunas de las cláusulas de los contratos.
La estrategia legal de Pemex, se explica en el documento, ha sido alegar que tendrían un daño patrimonial al pagar ese recurso. Pero el juez consideró que este daño no ha logrado acreditarse.
La defensa de Oceanografía explicó que este monto “es dinero que tiene comprometido PEP para entregar al contratista en cada contrato de obra pública”.
¿Por qué debería Oceanografía cobrar este dinero, según la defensa? Porque al proteger las finanzas de Oceanografía, se protegen a sus acreedores, lo cual justifica el “interés público”.
PEP se queda con el dinero
La declaración de concurso mercantil del 8 de julio dictó medidas cautelares, entre ellas que PEP reintegrara a la compañía de Amado Yáñez las penas convencionales que les habían deducido de los contratos desde el 28 de febrero al 8 de julio pasado, esto es, el día en que se conoció del fraude a Banamex.
Además, debían frenar la deducción de nuevas penas convencionales, a partir de que dictó la medida cautelar.
Hasta ahora PEP ha alegado que no puede pagar a OSA ese dinero ya que tendría un daño en su patrimonio. La defensa de Yáñez asegura que esto es falso.
“Lo que sucederá en el caso concreto, es que PEP quedará como acreedor preferente en la lista de acreedores de la concursada y por ende, será de los primeros en cobrar, una vez que se saque adelante a Oceanografía”.
Como una consecuencia, asegura que para “sacarla adelante” necesitan de esos 500 millones de pesos, los cuales servirían, según el representante de la compañía, para recuperar las 11 mil fuentes de empleo que tenía la naviera, pagar a los 149 acreedores, además de que la empresa “siga siendo parte importante del apoyo que requiere Pemex y en especial PEP, en el desarrollo de México”.
Alegan asimismo que si OSA detiene sus actividades se afectaría la producción nacional, ya que la empresa es “toral en el desempeño de extracción de hidrocarburos; extracción que es vital para que México pueda salir adelante”.
En este punto, el argumento del representante de la empresa coincide con el que el propio Pemex divulgó al inicio del escándalo: si OSA deja de operar “se estará afectando la producción petrolera”.
El representante de la compañía de Yáñez asegura que si se mantiene el cobro de las penas convencionales por parte de PEP “equivaldría a mantener en caída la producción de Pemex”.
Las tesis que utilizan para intentar convencer al juez se centran que ese dinero corresponde a Oceanografía y debe tenerlo en sus cuentas para que forme parte del concurso mercantil, por lo que si Pemex lo retiene sería prácticamente decretar el fracaso del propio concurso.
El tercer round
Si la defensa de Yáñez logra que el juez ordene a Pemex pagar los 500 millones de pesos a Oceanografía, sería el tercer round a favor de la compañía.
Del otro lado, apenas va una victoria para el equipo legal que comanda el abogado general de la petrolera, Marco Antonio de la Peña Sánchez.
Un día después de la petición, el 18 de agosto, el mismo juez Consuelo Soto le había concedido a la defensa del empresario que se frenaran todos los procesos de cancelación de los contratos que había impulsado Pemex en los últimos meses.
El 22 de julio, la defensa de Yáñez pidió que se ordenara a la Procuraduría General de la República (PGR), a los Estados, los municipios, a Pemex, todas sus subsidiarias y filiales, que no ejecutaran ninguna rescisión de contratos a OSA mientras durara el concurso mercantil.
Con la medida no se impide que se inicien procedimientos de rescisión, pero sí que se hagan efectivos.
Esto significa que todos los contratos deben mantenerse vigentes y operando mientras se resuelva el concurso. También pidieron que los procedimientos de rescisión de los contratos que ya se habían iniciado quedaran sin efecto.
La defensa también buscaba que las dependencias no pudieran tramitar requerimientos de pago o se cobraran las fianzas que Yáñez había dejado al firmar los contratos.
Todo le fue concedido, excepto que se prorrogaran los plazos de ejecución de los contratos que tenían vigentes con las filiales de Pemex.
El juez consideró que la prórroga no tenía lugar, porque sólo beneficiaba a la empresa con los plazos, pero no le hacía cobrar recursos extra que los beneficiaran o a sus acreedores y que mejoraran las condiciones del concurso mercantil.
A pesar de la negativa, Consuelo Soto no les cerró la puerta. Agregó en la determinación que “una vez que la comerciante aporte mayores elementos al conciliador y al suscrito, se proveerá lo que en derecho proceda”.
Es decir, que pueden presentar mayores argumentos para autorizar la prórroga de ejecución, que aún con los plazos originales extiende hasta 2022 los servicios de OSA con la división de Exploración y Producción de la nueva empresa productiva del Estado.
