Para evitar casos como el de Oaxaca, donde 17 candidatos se hicieron pasar por mujeres trans para que su partido cumpliera los criterios de equidad de género, el Congreso de la Ciudad de México trabaja en una reforma de ley que evite la usurpación de identidad con fines políticos.
Durante las elecciones de 2018, 17 candidatos locales a cargos de representación popular del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza se hicieron pasar por mujeres transexuales para que su partido cumpliera con los criterios de paridad de género en Oaxaca.
En mayo de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a los candidatos y los retiró de la contienda al comprobar que usurparon la identidad de una mujer. La queja ante la autoridad electoral fue interpuesta por la comunidad mixe del estado.
Activistas trans afirman que aún no se les consulta en la elaboración de la reforma y que la dificultad de acreditar su identidad inhibirá su participación política
Actualmente, en la Ciudad de México, por ley los partidos deben presentar el mismo número de candidatos hombres y mujeres en las elecciones para garantizar la paridad de género.
De cara al proceso electoral 2020-2021, que comienza en un mes, Morena presentó una iniciativa de reforma para garantizar la paridad de género y sancionar a los partidos que a nivel local recurran a la usurpación de identidad.
La intención es garantizar los derechos políticos de las mujeres.
Sin embargo, esta propuesta es cuestionada por miembros de la comunidad trans, quienes opinan que aún es complicado acreditar su identidad y más allá de incentivar la participación política de un sector que vive en la exclusión, la restringe.
Un ejemplo de la exclusión que padecen es la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (Enadis) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que indica que el 72 por ciento de las personas mayores de 18 años considera que los derechos de los trans no se respetan.
La reforma
El pasado 9 de julio, las diputadas Donají Olivera e Isabela Rosales Herrera, presidenta de la mesa directiva del Congreso, presentaron la iniciativa, que consta de una modificación al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales así como a la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.
La reforma, de aprobarse, modificará el artículo 4 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para definir la usurpación de identidad de género.
“Usurpación de identidad de sexo género: el acto mediante el cual una persona se auto adscribe de manera mendaz a diverso género al propio, con el fin de beneficiarse de las medidas afirmativas para cumplir con el requisito de paridad de género y alternancia”, define la propuesta a la conducta que se busca sancionar.
La iniciativa también estipula que una vez que las autoridades electorales comprueben la usurpación de la identidad, se retirarán las candidaturas y se reducirá 50 por ciento de financiamiento público al partido que haya incurrido en la irregularidad.
La diputada Donají Olivera afirma que aunque en la capital ningún partido ha incurrido en dicha práctica, se debe legislar al respecto para que en las próximas elecciones no haya lugar a que se cometa; también para avanzar en la mejora del marco legal electoral en equidad de género.
“Si ya pasó en un estado puede pasar aquí. Aún falta mucho por recorrer en el tema de partidos políticos para seguir defendiendo los derechos de las mujeres”, dice la legisladora local.
Menciona que, pese a las urgencias legislativas de salud por la pandemia de COVID-19, espera que antes de septiembre se apruebe esta reforma, que actualmente está en análisis en la Comisión de Asuntos Político-Electorales.
Acusan iniciativa sesgada de identidad trans
La iniciativa presentada tiene sesgo porque no toma en cuenta la opinión de las personas transexuales ni favorece su participación política, dice Jessica Marjane, fundadora y coordinadora general de la Red de Juventudes Trans México.
La activista explica que aún existen problemas para que una candidata de su comunidad pueda acreditar su identidad.
En la Ciudad de México ya es un trámite administrativo, pero hay muchas personas de la comunidad, compañeras que viven y tienen participación política aquí, pero nacieron en otros estados, donde aún no se legaliza el cambio de género y no pueden acreditar su identidad
De 2014 a 2018, según información dada a conocer por el Registro Civil de la capital, 3 mil 524 personas han cambiado su género de manera administrativa.
Además, aunque en la capital es fácil hacer el cambio de género, a nivel federal no se puede hacer lo mismo con la Clave Única de Registro de Población (CURP), documento del Gobierno de México que sirve para identificarse.
Entonces, argumenta, en caso de que se apruebe la reforma, será difícil para esta población poder comprobar su género.
“Se puede volver una forma arbitraria de vigilar a ciertos perfiles de la comunidad trans”, añade.
Entonces se inhibirá la participación política de la comunidad trans, considera Marjane.
La defensora de los derechos de la comunidad LGBTTI explica que los legisladores deben integrar a los grupos trans sin filiación política en la elaboración de sus propuestas e incluso, deben tener representación en los institutos electorales locales.
