El accionar de las Policías a cargo de la seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara ha sufrido un retroceso en materia de respeto a los derechos humanos, con un disparo del 129 por ciento en las quejas ciudadanas presentadas en su contra durante el 2016.
De acuerdo con registros obtenidos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), las Policías de la metrópoli cerraron el año 2015 con acumulado de 370 quejas por violaciones de derechos humanos; sin embargo, para el 2016 este indicador se elevó hasta 847: más del doble.
En estos archivos de la CEDHJ están consideradas las nueve Policías con operaciones en la metrópoli: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Juanacatlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, gobiernos que también conforman la recién creada instancia de análisis: Agencia Metropolitana de Seguridad.
Luego de la transición del poder de octubre de 2015, la gran mayoría de esos municipios pasaron a ser gobernados por alcaldes emanados del Partido Movimiento Ciudadano, con excepción de Tonalá, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, en manos de priistas.
Empero, los registros de la CEDHJ precisan que son principalmente dos las Policías municipales que han causado este saldo negativo a nivel metropolitano en la salvaguarda de los derechos humanos, arrastrando consigo este indicador de la ciudad, a saber:
En primer lugar, la Policía de Tonalá, cuyo alcalde es Sergio Chávez Dávalos, del PRI, y que pasó de 41 quejas en 2015, a 538 en el 2016, un alza del mil 212 por ciento tan solo de un año a otro.
Y en segundo, la Policía de Tlaquepaque, que gobierna María Elena Limón García, del MC, y que de haber tenido 41 quejas en el año 2015, las elevó a 93 en el 2016, un aumento del 127 por ciento.
En el 2016 se recibieron 188 quejas por detención arbitraria en contra de la Policía de Tonalá; un año antes hubo sólo cuatro
Pesadilla en Tonalá
Lo que está ocurriendo con la Policía de Tonalá y el trato al que expone a sus habitantes, o a cualquier ciudadano que acuda al municipio, es particularmente grave por el tipo de violaciones que se le adjudican, como detenciones arbitrarias, lesiones, robo, allanamiento de morada y tortura.
Por ejemplo, en el 2015 esa Policía, hoy a cargo del comisario Miguel Magaña Orozco, recibió cuatro quejas por detención arbitraria, mientras que para el 2016 se elevaron a 188, un alza del 4 mil 600 por ciento.
En el 2015 las quejas por lesiones fueron ocho, pero para el 2016 crecieron a 198, un alza del 2 mil 375 por ciento. Y si en el 2015 las quejas por allanamiento de morada fueron un par, para el 2016 aumentaron a 90, un 4 mil 400 por ciento más.
En tortura en el 2015 ameritó tres quejas ante la CEDHJ, pero para el 2016 fueron 11, un 267 por ciento más; o los robos que se adjudican a sus policías, que pasaron de una queja en 2015, a 66 en 2016, un 6 mil 500 por ciento más.
Otro mal indicador es el de cateos y visitas domiciliarias ilegales, que en 2015 ameritó un par de quejas, y en el 2016, 65, un 3 mil 150 por ciento más. Incluso las quejas por supuestos homicidios atribuidos a la Policía crecieron de una queja en 2015, a cinco en 2016.
Los señalamientos por amenazas de sus policías también aumentaron de siete quejas en el 2015, a 82 en el 2016, más de mil por ciento más. En el 2016 la corporación ameritó dos quejas por abuso sexual, y una por violación, señalamientos inexistentes en todo 2015.
Tlaquepaque turbulento
Con la Policía de Tlaquepaque, de la que está al frente el comisario Gustavo Adolfo Jiménez Moya, la problemática se centra en las quejas por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Este tipo de violación pasó de 20 quejas en el 2015, a 77 en 2016, un disparo del 285 por ciento de un año a otro. Destacan las quejas por amenazas de sus oficiales, que de haber ameritado cuatro en 2015, crecieron a 64 en 2016, un mil 500 por ciento más.
El allanamiento de morada pasó de una queja en 2015 a tres en el 2016, y el robo subió de tres a cinco quejas.
La conducción de la Policía de Tlaquepaque ha sido más bien accidentada durante este trienio, luego de sufrir un duro ataque el 24 de febrero de 2016 con características del crimen organizado, en el que fueron asesinados el que fuera supervisor de la corporación, Francisco Javier Alejo Rodríguez, con dos de sus escoltas.
Eso causaría que al día siguiente renunciaran a sus cargos como comisario y director operativo de la Policía, Martín Maldonado y Gregorio Martínez, respectivamente, y que llegara como nuevo titular uno de los principales mandos de la Policía tapatía, Camilo González Lara.
Este se mantuvo alrededor de nueve meses, hasta el 14 de noviembre de 2016, para ser sustituido por el actual comisario, Jiménez Moya.
En febrero de 2016 renunciaron a sus cargos como comisario y director operativo de la Policía de Tlaquepaque, Martín Maldonado y Gregorio Martínez, respectivamente
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Retenes en Zapopan
Aunque las quejas por violaciones de derechos no son un indicador al alza en su contra, la Policía de Zapopan también ha recibido diversos cuestionamientos, luego de que el alcalde del MC, Pablo Lemus Navarro, activara el 4 de agosto pasado las revisiones de rutina para conductores –se les detiene para inspeccionar el papeleo de su vehículo-.
La CEDHJ ya se pronunció en contra de ese operativo, en un comunicado del 8 de agosto de 2017:
“La autoridad debe ser consciente de que, en los términos del artículo 16 de la Constitución, todo acto de molestia debe estar fundado y motivado a través de un mandamiento escrito, por ello las revisiones aleatorias o de rutina, los retenes o cualquier otra acción que carezca de estos requisitos mínimos, atentan contra los derechos a la legalidad, libre tránsito, presunción de inocencia y otros previstos por la ley fundamental”, detalla el organismo.
