Policías y victimarios
No es un hecho aislado. Desde hace más de seis años, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó la existencia y actuaciones ilegales de un grupo de policías judiciales dedicados a secuestrar, extorsionar y torturar a civiles.
El caso que destapó la cloaca fue la extorsión a dos hombres, presuntos comerciantes, a quienes les exigieron 5 mil pesos y una camioneta; seis policías de investigación están hoy tras las rejas del Reclusorio Norte.
Icela LagunasJudiciales lastimaron sexualmente a una persona que se negó a declararse culpable de un delito que no cometió.
El director de Inteligencia a Fernando De Anda Ríos tiene mucho qué explicar, el mando responsable de las áreas más estratégicas de la PGJDF tiene un pasado oscuro.
Dos presuntos comerciantes acusan a policías de investigación de exigir altas sumas de dinero a cambio de no fabricarles un delito y llevarlos a prisión.
No es un hecho aislado. Desde hace más de seis años, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó la existencia y actuaciones ilegales de un grupo de policías judiciales dedicados a secuestrar, extorsionar y torturar a civiles.
El caso que destapó la cloaca fue la extorsión a dos hombres, presuntos comerciantes, a quienes les exigieron 5 mil pesos y una camioneta; seis policías de investigación están hoy tras las rejas del Reclusorio Norte.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) está en la mira a partir de que se ventiló un caso de secuestro exprés y extorsión a dos presuntos comerciantes que acusan a policías de investigación de exigir altas sumas de dinero a cambio de no fabricarles un delito y llevarlos a prisión.
Este hecho por fin activó la alerta roja y propició la captura de 12 agentes involucrados en los hechos, seis de los cuales ya están en el Reclusorio Norte.
La marejada de corrupción alcanzó a los más altos mandos, incluso amenazó con salpicar al jefe general de la Policía de Investigación, Raúl Peralta, quien tenía como su brazo derecho y director de Inteligencia a Fernando de Anda Ríos, quien solapó las tropelías de los agentes de su área.
Pero el mismo De Anda Ríos tiene mucho qué explicar. El mando responsable de las áreas más estratégicas de la PGJDF, tiene en su haber un pasado oscuro.
Basta con sacar de los archivos la averiguación previa de la Fiscalía de Servidores Públicos FSP/B/T3/2182/06-09 en la que un joven de 26 años lo acusa a él y tres de sus agentes de la coordinación de Coyoacán, donde estaba adscrito en el 2006 de haberle penetrado con un palo de escoba para obligarlo a confesar.
De Anda y sus muchachos acusaban al joven de pertenecer a una peligrosa banda de asaltantes de transportistas de carga y a base de golpes y tortura le exigían proporcionar la información de sus cómplices y de la supuesta bodega en la que almacenaban la mercancía robada.
Como el detenido se negaba a confesar, los elementos a cargo del comandante De Anda Ríos, lo agredieron sexualmente con un palo de escoba en las galeras del Ministerio Público.
Los hechos se hicieron públicos lo que motivó por aquellos días un operativo encabezado por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) a fin de capturar a sus compañeros de corporación que habían violado al joven detenido.
Luego del escándalo en el que la agencia del Ministerio Público de Coyoacán fue rodeada para aprehender a los policías judiciales, la Comisión de Derechos Humanos capitalina intervino para documentar las violaciones en contra del detenido y emitió la recomendación 10/2007 por tortura, detención arbitraria y violación de los derechos del ciudadano.
En su defensa, De Anda Ríos y los agentes en la mira argumentaron que las acusaciones del joven eran sólo una artimaña aconsejada por sus abogados para evadir la prisión.
A seis años de aquella denuncia, Fernando De Anda Ríos se había recuperado. Como director de Inteligencia de la PGJDF, tenía bajo su control a la Policía Cibernética y el área de Análisis y Operatividad, además de que contaba con más de 100 agentes bajo sus órdenes.
A raíz de la denuncia de los comerciantes que señalaron a los policías de investigación como los responsables de extorsionarlos con 400 mil pesos a cambio de no detenerlos, el Consejo de Honor y Justicia separó del cargo a De Anda Ríos. El comandante es investigado.
Fue falta de supervisión a su personal o libertad para extorsionar con placa, es una de las interrogantes en cuanto a su desempeño.
El relato de la extorsión
El modus operandi de detención arbitraria está bien documentado, las evidencias demuestran el desparpajo y descaro con el que actúan para saquear a sus víctimas.
José de Jesús Mora Zamora es uno de los dos hombres que acusa sin tapujos a los elementos de la Procuraduría capitalina.
En su declaración ante el Ministerio Público la FSPB/T3/1058/12-05 y la acumulada ACI/T3/103/12-05, refiere que cuando comía en una taquería de la colonia Vasco de Quiroga en la delegación Gustavo A. Madero, el policía Braulio López Cortina y su compañero Javier Ramos Carmona, le exigieron salir del establecimiento para dialogar.
“Policía Judicial, paguen y vamos acá afuera”, les dijeron al momento de mostrar un placa de metal que pendía de una cadena al cuello de los efectivos.
Jesús Mora estaba acompañado de Gustavo Luna Mora y otro amigo a quien apodan “El flaco”.
“Ya valió madres, los voy a pasar a la oficina, súbanse al chevy monza”. A partir de ahí los policías les preguntaron cuánto dinero tenían.
La respuesta fue que solo cinco mil pesos que estaban depositados en una cuenta bancaria. Por eso es que hoy como parte de la investigación en contra de los policías se aportó como prueba un video de las cámaras de seguridad de la zona, en las que se demuestra cómo la víctima acudió a sacar el efectivo.
Pero la exigencia no paró ahí. A la espera de que llegaran otros policías y su comandante, los llevaron al parque “Calles”, donde esperaron el arribo del resto del grupo.
Fue en ese momento que los policías de investigación permitieron que el amigo de los comerciantes, apodado “El flaco” quedara en libertad con la promesa de ir a recoger una camioneta que también les entregaría como parte del pago.
Los cinco mil pesos fueron entregados. El flaco con la camioneta nunca llegó, en cambio, pidió apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) quienes ubicaron en la zona el vehículo de los judiciales e inició la persecución.
La calle de Cobre, en la delegación Venustiano Carranza fue el escenario de un tiroteo entre policías de ambas corporaciones del Distrito Federal. La respuesta de los uniformados de la SSPDF fue numerosa, lo que hoy sirve a los judiciales para presumir que los preventivos daban protección a los supuestos comerciantes.
El episodio exhibió a los judiciales quienes fueron aprehendidos por los preventivos, quienes hicieron alarde de la fuerza pública. Las imágenes de los policías de investigación son históricas: las manos atadas, golpeados y revolcándose en el suelo para evitar ser presentados ante el Ministerio Público.
El caso que hoy tiene en jaque a la Policía de Investigación y a la propia Procuraduría de Justicia capitalina destapó la cloaca. La Comisión de Derechos Humanos del DF hizo público que no es un caso aislado ya que los policías consignados están vinculados con al menos seis quejas más denunciadas en el organismo.
Ironía o plan, la información se hizo pública horas previas a la firma de la carta compromiso por los derechos humanos en la Ciudad de México que signó el candidato de las izquierda a jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
CDHDF destapa la cloaca
Mediante un comunicado la CDHDF informó que el mismo modus operandi de extorsión y detención arbitraria está documentado en la recomendación 8/2011, imputable a elementos de la policía de investigación.
“Si bien dichos expedientes aún se encuentran en investigación y la CDHDF no presupone su responsabilidad, si es importante mencionar que de acuerdo con los testimonios recabados un patrón común en las denuncias ciudadanas consiste en señalar que las personas son detenidas en la vía pública, se les extorsiona y en caso de no les den el dinero que les piden, se les vincula con hechos delictivos”, puntualiza el documento.
La Comisión puso énfasis en la impunidad con la que han operado estos policías todos estos años. Casos documentados, todos, en las recomendaciones 10, 11 y 12 del 2011.
“La CDHDF constató que uno de los policías ministeriales que participaron en los actos de incomunicación y tortura de las víctimas al momento de emitir la Recomendación estaba vinculado con 29 procedimientos de investigación del orden penal y 16 administrativos.
El 17 de mayo pasado los policías Braulio López Cortina, Jaime Quezada Rodríguez, Javier Ramos Córdoba, Ángel Sánchez Hernández, Juan Carlos Gatica Rodas, Agustín Ríos Martínez y Gustavo León Oliva fueron encarcelados acusados de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.
Bajo investigación está otro grupo integrado por: Miguel Ángel Cruz Ortega, Omar Abraham Villamil Salas, Fidencio Pérez Morales, Tomás Bernardino Campos, Fernando Paredes Calderón y Teodoro Delgado Méndez.
Faltan pocos meses para que concluya la administración de Marcelo Ebrard Casaubón. Muchos en el gobierno capitalino aplican el viejo refrán. “Es el año de Hidalgo”.
