Vía Política, la ruta alterna
El transporte público es uno de los temas más rezagados en Jalisco. 18 años de gobiernos panistas solidificaron un negocio que además de ineficiente es poco transparente.
El nuevo modelo de transporte público presentado por el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz , abre la pauta a un nueva discusión sobre el tema y deja en claro que el tema será prioritario en los próximos años.
Paloma Robles"Se habla de incentivos gubernamentales (…) eso significa dinero público y nadie dice cuánto, ni bajo qué reglas de operación, ni cuándo se va a entregar"
"Un servicio de transporte que sea eficiente, seguro, de calidad (… )y que tanto el usuario como los operadores reciban un trato digno"
El transporte público es uno de los temas más rezagados en Jalisco. 18 años de gobiernos panistas solidificaron un negocio que además de ineficiente es poco transparente.
El nuevo modelo de transporte público presentado por el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz , abre la pauta a un nueva discusión sobre el tema y deja en claro que el tema será prioritario en los próximos años.
La afrenta en tribunales pasó a la esfera de lo político. Y por primera vez desde el inicio del nuevo gobierno, se plantea un tema en el que todos los actores deberán intervenir.
¿El objetivo único?, mejorar el transporte y con ello la calidad de vida de los Jaliscienses.
La posición del gobierno del estado –hasta ahora solo de discurso- sienta las bases para un nuevo esquema legal, administrativo y tecnológico que permite, a dicho del mandatario, la transformación del transporte público.
Del lado de la oposición, se critica que el proyecto presentado fue avalado solo por los transportistas, sin haberlo concensado con la ciudadanía. Señalan que no hubo transparencia en las condiciones de la negociación con los transportistas y se teme que, una vez más, el tema quede en el abandono.
El domingo pasado Sandoval Díaz firmó en conjunto con el gremio transportista lo que se denominó como “Acuerdo para la Creación de un Nuevo Modelo de Transporte Público”.
Y en el que se dejó en claro que la responsabilidad en el cambio depende de la voluntad de todos los actores políticos y sociales.
“(El acuerdo) tiene como objetivo claro crear un nuevo modelo de transporte público, que ofrezca a los ciudadanos un servicio de transporte que sea eficiente, seguro, de calidad, accesible y sostenible y que tanto el usuario como los operadores reciban un trato digno”, expuso Sandoval Díaz.
No obstante, no quedaron marcadas las penalidades en caso de que alguna de las partes falle.
Y es que no es la primera vez que se realizan pactos políticos para querer resolver el problema del transporte.
A finales del 2010 luego de la crisis política entre el PRI y el PAN entorno al modelo y tipo de transporte público que se quería impulsar (Macrobús versus tren ligero), ya se había propuesto algo similar.
El entonces gobernador del estado Emilio González de la mano del priista Héctor Vielma, lograron destrabar la discusión presentando el proyecto “Sistema Integral de Transporte Intermodal (SITI)”, lo firmaron los alcaldes metropolitanos y dejaron fuera de la discusión a Jorge Aristóteles Sandoval.
El proyecto nunca delimitó sus alcances y fue una simple propuesta llena de buenas intenciones que no tuvo resultados.
Tres años después el problema sigue igual y Sandoval Díaz busca de nuevo el acuerdo político.
Y el escandaloso aumento a la tarifa, que ya había sido avalado en tribunales, quedó aparentemente resuelto en tanto los transportistas no mejoren sus servicios.
“Hemos acordado con la mayoría de los transportistas que la tarifa tiene que ser directamente proporcional a la calidad del servicio y eso entonces obliga a construir un nuevo modelo de transporte público”, refirió el gobernador, sin explicar las condiciones de la negociación.
Para la tarifa se propuso la creación de un nuevo cuerpo de representantes conformado por cuatro miembros del gobierno del estado, cuatro del transporte y cinco de la sociedad civil.
Explicó que la estrategia integra cuatro ejes de trabajo. El primero, se trata de una reforma legal, normativa e institucional, que permita la modernización del transporte.
La reforma señalada de be ir desde el pago electrónico del servicio, el reordenamiento de rutas hasta la delimitación legal de los incentivos a transportistas, según dio a conocer el diputado Martín López Cedillo presidente de la Comisión de Vialidad del Congreso local.
Además de la creación de un área de atención a víctimas del transporte. Y legislación en torno al padrón de beneficiarios del transporte y penalización del uso indebido de transvales.
En la modernización también se contempla la profesionalización de los conductores del transporte público.
También se habló de la creación de un fondo mixto para el transporte. Y apoyo institucional para asesoría técnica, financiera y jurídica. Así como un programa de chatarrización.
Ayer mismo el gobernador presentó en el municipio de El Salto una nueva línea de camiones de bajo impacto ambiental. Se trata de un parque vehicular de 50 unidades de la empresa transportista Guadalajara-El Salto y Grupo Dina
Que va desde el municipio de El Salto y Juanacatlán hasta Tlaquepaque, Ixtlahuacán, Tonalá, Zapotlanejo y Guadalajara. La inversión en lo camiones fue superior a los 100 millones de pesos, informó el gobierno del estado.
No se resuelve el fondo
Para el líder de la organización Alianza Ciudadana y ex candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez el planteamiento del nuevo modelo de transporte tiene “muchas trampas”.
“De entrada deja abierta cualquier tipo de interpretación a futuro”, señaló Enrique Alfaro.
Pues la propuesta de ligar el aumento a la tarifa del transporte a la mejora del servicio es solo una parte del problema y deja de lado aspectos económicos y sociales.
Por lo que propone que la tarifa sea valorada de acuerdo al aumento a los insumos del transporte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el salario mínimo en relación con la calidad del servicio.
Criticó las formas del gobierno del estado y refirió que la alianza entre autoridades y transportistas no pudo haberse dado sin algún acuerdo de tipo económico.
“Se habla de incentivos gubernamentales, hasta donde yo sé eso significa dinero público y nadie dice cuánto, ni bajo qué reglas de operación, ni cuándo se va a entregar”.
Para Alfaro Ramírez lo que subyace “es un desprecio evidente por involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Quieren generar un mecanismo de participación en donde una vez más la mayoría de las decisiones recaen en los transportistas y el gobierno”.
Destacó que es positivo que se genere un nuevo modelo de transporte y como oposición se dijo comprometido a participar en ello, por lo que presentarán propuestas que ayuden a mejorar el modelo recién anunciado.
“Creo que para lo que viene hacia adelante va ser fundamental que el gobierno deje de mentir, que hable con la verdad y genere condiciones para que se construya un nuevo modelo de transporte para la ciudad”.
En palabras de Alfaro Ramírez el transporte público debe dejar de ser visto como un negocio para convertirlo “en un verdadero servicio público”.
La nueva política tarifaría se tiene que convertir en eje o cimiento de un nuevo modelo de transporte público, indico Alfaro Ramírez en entrevista con Reporte Indigo.
Propuesta incompleta
La firma del Acuerdo para la Creación de un Nuevo Modelo de Transporte Público está incompleta, consideran algunos activistas en el tema quienes acusan al gobierno del estado de haberlos dejado fuera de la discusión.
En el artículo “Hacia ‘un nuevo modelo’ de transporte público para el AMG”, Mario Silva Rodríguez del Colectivo Ecologista de Jalisco expone que el modelo presentado por el gobierno del estado dejó de lado a los usuarios, asociaciones de vecinos, grupos ciudadanos y técnicos.
En el documento no se establecieron las consecuencias legales en caso de que algunas de las partes incumpla con el acuerdo. Ni se detalló de manera concreta cómo se iba a implementar el nuevo modelo de transporte.
Por ello no quedaron claro cuáles son los indicadores e instrumentos de evaluación para dar seguimiento al ambicioso proyecto de movilidad. Ni se especificó un calendario con tareas concretas.
Para Silva Rodríguez es necesario discutir sobre la adopción de criterios técnicos en la toma de decisiones en materia de transporte público.
El sector camionero debe adoptar compromisos de transparencia a fin de conocer a fondo el modelo actual del negocio del transporte.
La tarifa debe estar sujeta a un criterio básico, quien más use el transporte menos debe pagar. Una salida a eso, es el mecanismo del transbordo en el que el usuario pueda hacer uso del mismo boleto para varios viajes.
Además la tarifa debe ir acorde al incremento al salario mínimo. Para ello es necesario que el gobierno “recupere la rectoría total de este servicio” y se comprometa incluso a la renovación tecnológica de los camiones.
El nuevo modelo de transporte debe ofrecer información clara a los usuarios, sobre las rutas y unidades.
Para el activista es necesario eliminar el modelo hombre camión e implementar un modelo de tipo empresarial, en donde los trabajadores tengan bien definidas sus atribuciones dentro del servicio, y se dignifique su trabajo a través de la profesionalización de su labor.
La tarde del domingo las redes sociales se llenaron de críticas respecto a la poca información que el gobierno del estado ofreció a la ciudadanía.
Y quedó claro que los grupos de la sociedad civil que han trabajado de fondo en el tema del transporte público no fueron incluidos.
