Por cada peso gastado que fue reportado a las autoridades electorales en las campañas a gobernador que se celebraron en los años 2016 y 2017, hubo 15 pesos de financiamiento ilegal que no se fiscalizaron y se desconoce su origen.
Lo anterior, es el resultado del reporte Dinero Bajo la Mesa, coordinado por María Amparo Casar presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (hoy INE).
De acuerdo con el informe, los candidatos a gobernador gastan en promedio diez veces más de los topes legales que impone el INE para la realización de su promoción en campañas electorales. Mientras el órgano electoral ha puesto un límite promedio de 46.8 millones de pesos, una estimación de los gastos que no reportan ronda los 470 millones en promedio.
“La corrupción en el financiamiento de campañas políticas es, creemos, el mayor problema de la democracia electoral mexicana”, dijo Luis Carlos Ugalde.
El director de Integralia Consultores explicó también que el financiamiento ilegal tuvo uno de sus orígenes en la búsqueda de erradicar los fraudes electorales en México desde los años 70 y por ello aumentó el presupuesto para campañas electorales a fin de evitar que los partidos políticos no buscaran vías fuera de la legalidad para la realización de sus campañas.
Las principales fuentes de financiamiento ilegal identificadas en la investigación corresponden al desvío de recursos públicos, mediante recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina; el uso de programas sociales; entre otros.
Estas prácticas de financiamiento que no son reportadas a la autoridad electoral, implica, la comisión de delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones a través de empresas fantasma, así como la compra de coberturas en medios de comunicación.
El dinero ilegal para campañas, aseguraron los coordinadores en conferencia de prensa, se entrega en efectivo o en especie ya sea al candidato o al partido y en diversas ocasiones se triangulan los recursos para que no exista rastro de los mismos.
El destino de los recursos es dirigido principalmente al clientelismo electoral, explicó Ximena Mata, coordinadora de la investigación. Dicho clientelismo consta de dirigir los montos a actividades que movilicen, compren, inhiban o coaccionen el voto a favor de algún aspirante.
El pago para estructuras clientelares, de acuerdo con el reporte, fue en las entidades donde hubo votaciones entre 2016 y 2017, en promedio de 200 millones de pesos no reportados, lo que supera más cuatro veces el financiamiento público para la promoción de los candidatos a Ejecutivos estatales.
“Es muy difícil calcular exactamente cuánto dinero sucio entra en las campañas y lo es, porque como es un acto de corrupción, se tiende a mantener en secreto y entonces tienes que ser un detective para utilizar modelos para ir calculando esa cantidad”, aseguró María Amparo Casar.
En cuanto a la reciente revelación que hizo el INE con relación a un esquema de financiamiento supuestamente ilegal utilizado por el candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, el exconsejero presidente del IFE Luis Carlos Ugalde expresó que se trataría de una estructura similar a la que revela el reporte Dinero Bajo la Mesa.
El día de ayer, el INE dio a conocer que halló tres irregularidades con el financiamiento de la campaña de ‘El Bronco’. Uno de ellos, el hacer uso de personal del gobierno de Nuevo León para recolectar las firmas necesarias con el propósito de obtener su registro como aspirante independiente.
Los otros aspectos irregulares fueron la simulación en la entrega de dinero por parte de ciudadanos, que realmente habría tenido su origen en empresas, por lo que se le nombró como una triangulación de recursos para su campaña; el último, fue que se destinó un gasto no reportado de 6.6 millones de pesos para el pago a personal auxiliar que recolectó firmas para el gobernador con licencia de Nuevo León.