¿Por el camino institucional?

El nuevo fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, quien sustituyó a Luis Carlos Nájera, no ha sido siempre ese férreo defensor de los caminos institucionales y el Estado de Derecho como hoy se presenta, así lo muestra una mirada a su carrera pública en la política local.  

Almaguer es ahora el primer responsable de la seguridad y persecución de los delitos en Jalisco, tiene bajo él a todo el aparato de procuración de justicia, reinserción social y a casi 8 mil 500 elementos entre la Policía Vial, Ministerial, Estatal, Fuerza Única y custodios. 

Entre cuestionamientos por su falta de pericia en el ámbito de la seguridad, el 10 de julio, en sus primeras palabras a los medios de comunicación, habló de sus objetivos y convicciones: 

“En suma, todo el estado mexicano, todas sus instituciones en Jalisco, trabajando en conjunto para restablecer el Estado de Derecho, para mejorarlo y para garantizar la seguridad y la paz de los jaliscienses”. 

En 2009, sin embargo, cuando dirigía el Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Guadalajara, lideró la irrupción de un grupo de individuos en el Salón de Sesiones de ese Ayuntamiento, que habrían sustraído documentación oficial e incluso pertenencias de los regidores, según lo denunciaron estos. 

El hecho quedó asentado en el acta de la sesión que transcurría con normalidad el 3 de diciembre, cuando estos individuos cruzaron por el salón hasta alcanzar el área restringida del pleno, con el objetivo de impedir por la fuerza que el alcalde panista, Juan Pablo de la Torre, continuara con su desahogo, por lo que comenzó el forcejeo con sus escoltas. 

El grupo que lideraba Almaguer había llegado para imponer la cancelación de la sesión y violentar el orden institucional ahí donde se toman las decisiones del gobierno. 

Lo logró: el alcalde y los ediles se vieron obligados a bajar de la tribuna entre insultos y a salir resguardados por policías.  

Aquel día los regidores ya no pudieron retornar al salón. Sólo después la sesión se retomaría pero en una sala adjunta a la oficina del alcalde que se usa para juntas de gabinete. 

En el acta oficial de la sesión quedaron registradas estas palabras del edil panista José María Martínez, hoy senador de la República. 

“En relación a los hechos que se dieron hace unos instantes en el salón de Cabildo, me parece que hoy más que nunca deberíamos como Ayuntamiento ajustarnos a una posición institucional en defensa, no sólo de los bienes que fueron sustraídos por las personas que, de manera ilegal, abrupta, tomaron los papeles del señor secretario general, la carpeta de la sesión, por lo que nos enteramos también un bien de uno de los regidores que es un teléfono; la agresión que sufrió el señor presidente municipal. 

“Es evidente que el PRI es quien encabezó esta manifestación para agredir al señor presidente, para sustraer los documentos de algunos regidores y de la carpeta del secretario general; vimos al señor presidente del CDM del PRI, al señor Eduardo Almaguer encabezando la turba de porros que fueron a tomar el salón de Cabildo”. 

Luego, el edil Héctor Madrigal propuso:

“Facultar al secretario para que fueran procedentes y tuviéramos el camino legal conducente para las denuncias penales, que se le instruya que levante un acta de incidentes para que a la vez de los objetos extraviados que haremos las denuncias ante la Procuraduría, y también la documentación oficial, los robos de estos teléfonos celulares y de documentación oficial”. 

A propuesta del entonces alcalde, Juan Pablo de la Torre, el pleno aprobó instruir “al secretario general del Ayuntamiento para que inicie las actas correspondientes y pueda enviar a Sindicatura para que puedan iniciar los procedimientos legales a que conlleven estas actas”. 

Ese día la regidora del PRI, Claudia Delgadillo, a quien se señaló de “alentar” el hecho, dijo que tenía información de una supuesta “basificación” de 700 trabajadores, lo cual, sin embargo, no ocurrió; hoy es diputada federal, líder de la CNOP, y futura legisladora local. 

El reto

Con fama de duro, la interlocución del fiscal con Enrique Alfaro –alcalde tapatío electo, líder de Movimiento Ciudadano y otro de carácter recio–, es de pronóstico reservado; incluso, el discurso de Almaguer años atrás no evidenciaba precisamente un gran convencimiento por la efectividad de la vía institucional. 

En 2009, año electoral, encabezó la estrategia del PRI para impedir la construcción de la Línea 2 del Macrobús (un camión articulado), proyecto del Gobierno estatal del PAN. 

Esa estrategia jugó en dos bandas, una política, la de Almaguer, que buscaba un plebiscito para la cancelación, y otra en las calles, de movilización, que lideró Saúl Cotero, hoy director jurídico de la Secretaría de Movilidad estatal con un sueldo de 56 mil pesos al mes.

En 2009, cuando el Estado alistaba esa obra fondeada por la Federación, Almaguer dijo: “Nos llama la atención la prisa que tiene el Gobierno del Estado por empezar, si inician las obras en Guadalajara sin que los ciudadanos estén consultados de acuerdo a la Ley, estaríamos movilizándonos con la gente”, cita del diario El Informador, del 20 de octubre. 

El 29 de agosto, durante el desfile del Encuentro del Mariachi, manifestantes contra la Línea 2 pretendían situarse cerca de ahí en la Plaza de Armas, la Policía estatal de Luis Carlos Nájera se los impidió, ocuparon el carril del Macrobús (Línea 1) y aquello terminó con seis detenciones, Cotero incluido, y quejas ante Derechos Humanos. 

Días después diría retador Almaguer: “Tendrían que usar miles de policías para detener un movimiento de ese tipo y no creo que los tengan”, y añadió: “El PRI va a actuar lo necesario para evitar que se inicie la construcción de la Línea 2 mientras no se revise y se resuelvan todas las fallas, todas las irregularidades que ha ocasionado la primera línea del Macrobús”. 

Anti-trata, anti-talibán

En 2010 Almaguer llegó al Ayuntamiento tapatío como edil cuando lo presidió Aristóteles Sandoval; luego, con este como gobernador aquel fue nombrado titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 

Desde ahí Almaguer despuntó por dos casos. Primero, lo que anunció como el rescate de 275 jornaleros, en Tolimán, explotados por una empresa productora y empacadora de jitomate, el 11 de junio de 2013. 

Ese hecho fue destacado incluso por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su Informe global de la Trata de Personas 2014. 

Y segundo, sus acciones en contra de los llamados “abogados talibanes”, esto es, litigantes que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estarían operando con medios ilegales, como documentos falsos y en colusión con burócratas para obtener ingresos millonario.