Para algunas expertas en el tema, el problema, más allá de los tecnicismos, se quedó en la falta de voluntad de los gobiernos para escuchar el grito de las mujeres
La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública que las autoridades no le puesto la atención que merece.
Las muertas de Juárez, los feminicidios en el Estado de México, el maltrato sicológico y físico que sufren miles mujeres mexicanas, incluso en su propio hogar, son un problemas que ha permeado a decenas de comunidades del país.
Pero para la mayoría de las mujeres víctimas de violencia, el acceso a la justicia y protección que les otorga la Constitución no ha sido más que un sueño.
Tienen lidiar con un sistema de justicia en el impera la impunidad, la ineficiencia y la omisión.
Pero la batalla no está perdida.
Chihuahua, alguna vez considerado la entidad más peligrosa ha dado un paso significativo para tratar de solucionar el problema.
En el estado operan dos centros especializados en justicia para las mujeres.
El primero inaugurado en 2011, en la ciudad de Chihuahua. Un año después entró en operación el de Ciudad Juárez, quizá el más emblemático.
Con visión de política de estado
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, la administración del gobernador César Duarte Jaquez tiene en sus objetivos fundamentales procurar el apoyo integral a las víctimas del delito con una perspectiva de género.
El secretario general de Gobierno, Raymundo Romero, aseguró a Reporte Indigo que es imperativo continuar con una política pública enfocada a brindar atención integral a mujeres.
“Por ello la intrínseca necesidad de la creación formal de los Centros de Justicia para la Mujeres”, subrayó el funcionario que encabeza el proyecto.
Romero recalcó que el objetivo es garantizar la tutela de la integridad física y sicológica de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género.
“Eso es a lo que este gobierno le ha apostado, a crear una nueva cultura de la legalidad, de respeto a los derechos humanos y a reconstruir el tejido social que durante los últimos años se ha visto quebrantado ante el estigma de la ola de violencia en Chihuahua”, destacó.
Se ponen las pilas
Tipificar la violencia de género como un problema unidimensional es un erro.
Se trata de un fenómeno multidimensional, que reúne características culturales, socioeconómicas, judiciales, de seguridad pública y educativas.
Para algunas expertas en el tema, el problema, más allá de los tecnicismos, se quedó en la falta de voluntad de los gobiernos para escuchar el grito de las mujeres.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia por la violación de los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez en el caso “González Banda y otras”, conocido también como “Campo Algodonero”.
Los observadores nacionales e internacionales detectaron que las mujeres víctimas de violencia no confiaban en el sistema de justicia, y ante el temor a ser víctimas de represalias no denunciaban el maltrato.
Ante las recomendaciones nacionales e internacionales que solicitaron acciones efectivas para permitir que las mujeres en situación de violencia tuvieran acceso a recursos judiciales idóneos, el estado de Chihuahua puso en marcha un proyecto de política pública dirigido único y exclusivamente a atacar ese déficit del sistema social y judicial.
El Comité de Expertas de la Convención para Prevenir y Eliminar Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una recomendación al estado mexicano:
“Mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección”.
El 8 de marzo de 2011, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se inauguró en Chihuahua el primer Centro de Justicia para las Mujeres.
El objetivo es crear un mecanismo mediante el cual se atienda el fenómeno de la violencia contra las mujeres a través de políticas transversales con enfoque de género.
Involucra la participación y actuación de siete instituciones del Gobierno Estatal que de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil buscan prevenir, atender y sancionar este tipo de delitos.
El objetivo es lograr que las estadísticas de violencia de género disminuyan.
Técnicamente se trata de una estrategia avalada y apoyada por el Ejecutivo estatal que pretende abordar de manera integral la violencia discriminatoria hacia el género femenino.
La meta es frenar las violaciones a los derechos humanos, con un sistema de justicia imparcial, para solucionar los delitos que por décadas han permanecido impunes.
Una mujer toma las riendas
“Los centros de justicia para las Mujeres en el Estado de Chihuahua se traducen, desde las diferentes ópticas, en una sola expresión: oportunidad”, asegura Azulay Abbud, directora y coordinadora general de los centros.
A su 31 años , la funcionaria está convencida de que estos centros son una oportunidad para ponerle fin a la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
“Oportunidad de actuar con la debida diligencia por parte de las instituciones que colaboran para salvaguardar a las víctimas y sus acompañantes.
“Oportunidad de garantizar la no repetición de hechos delictivos, así como actos desvinculantes de las y los servidores públicos en función, encargados de vigilar el bienestar y velar por los intereses de las mujeres de nuestra comunidad.
“Oportunidad de encender una luz de esperanza para todas aquellas mujeres que padecen o han sufrido algún tipo de violencia en su vida”, recalca.
Es la oportunidad para tener acceso a la justicia, que es un derecho constitucional. La condición de ser mujer no debe ser la excepción a la regla, dice Abbud.
La coordinadora de los centros reiteró que aunque se ha dado el primer paso y el gobierno le ha apostado todo al buen funcionamiento de estos centros, el reto no es menor.
Y es que, a pesar de que en los centros especializados se pretende agilizar los procesos judiciales y atender las diferentes necesidades de una victima, la coordinación y colaboración entre las siete dependencias que conforman el proyecto, resulta el mayor de los desafíos.
Para la directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Chihuahua, Dolores González, abogada que trabajó años como ministerio público, la meta es terminar con respuestas asistencialistas y paternalistas las mujeres víctimas de la violencia .
Se debe buscar promover el paradigma de los derechos, visualizando a las mujeres como ciudadanas.
Y para eso, dice, se requiere el cambio de enfoque. Pasar de la protección a las niñas y mujeres, a la garantía de sus derechos humanos como ciudadanas.
