Por primera vez en la Ciudad de México existe una ley que busca garantizar los derechos de las personas con un Trastorno del Espectro Autista (TEO), conocido comúnmente como autismo y con ello se avanza en pro de un sector de la población olvidado.
Los TEO son padecimientos relacionados con el desarrollo del cerebro que afectan la manera en la que una persona percibe y socializa con otras, lo que causa problemas en la interacción social y están considerados como una discapacidad.
Especialistas reconocen que la ley aprobada es innovadora porque, a diferencia de otras creadas en diversas entidades del país, estipula que las personas con autismo tienen derecho a ser parte de la comunidad y a no ser excluidas.
Afirman que es importante porque se reconoce a las personas con autismo como autónomas; anteriormente, se les negaba la capacidad de autodeterminación por su condición.
El pasado 3 de diciembre, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 53 votos a favor y una abstención la Ley del Espectro Autista.
Con esta aprobación, la capital del país sale del rezago en este tema; pues desde hace cuatro años debió armonizar y aprobar su ley local del espectro autista.
Derecho a la salud
El texto de la ley aprobada menciona que para 2018 había 6 mil personas en la capital diagnosticadas con un trastorno del espectro autista que no contaban con un esquema de atención integral ni específico a nivel local.
Ante esta situación, la nueva ley estipula que las personas con autismo tienen diversos derechos como la atención médica por parte del estado.
“Tener un diagnóstico y una evaluación clínica integral, oportuna, temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Local de Salud (…) Recibir consultas clínicas integrales y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria de la Ciudad de México; contar con los cuidados apropiados para su salud, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias”, señala el artículo 10 de la ley que describe los derechos de las personas con autismo.
Las autoridades encargadas de proveerles atención médica integral son las alcaldías y el Gobierno de la capital.
“Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las alcaldías, en el ámbito de sus competencias y con la finalidad de dar cumplimiento a la presente ley, deberán implementar de manera progresiva en las políticas, programas o acciones, la transversalidad en materia de inclusión de las personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias”, menciona el marco legal recién aprobado.
También estipula que quien padezca un TEA tiene derecho a recibir educación de acuerdo con sus actitudes y necesidades.
“Contar con elementos que faciliten su proceso de inclusión a escuelas de educación regular, inclusiva y accesible, así como a programas a través de plataformas”, indica.
Igualmente, las personas con autismo podrán gozar del beneficio de la Tarjeta Incluyente de la Ciudad de México para que tengan gratuidad en diversos servicios y preferencia en trámites gubernamentales.
Fomentar la autonomía de las personas con autismo
La ley aprobada por el Congreso local es importante e innovadora porque busca incluir a las personas autistas y promover su autonomía y autodeterminación, señala el especialista en derecho y pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Martín Manjarrez Betancourt.
Añade que la legislación marca un cambio importante porque no busca adaptar a las personas autistas a las sociedad, sino que es la estructura del estado la que debe implementar las medidas y acciones para incluirlas.
“La sociedad es la que tiene que ser inclusiva y hacer sentirse parte de ella al niño o adulto con TEA”, explica.
Sin embargo, considera que la ley tiene un problema, pues en términos técnicos dice que reconoce los derechos de las personas con autismo en lugar de mencionar que se visibilizan.
“La ley dice que reconoce los derechos de las personas con TEA; pero es un error de redacción, porque no se deben reconocer sus derechos, no es una concesión, sino deben visibilizarlos y respetarlos”.
Los pendientes
La ley es un avance en la procuración de los derechos de las personas con TEA y era un gran pendiente en la disminución de las barreras de exclusión, afirma el diputado local Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que dictaminó el marco legal.
Explica que el cumplimiento de la ley se vigilará a través de una comisión Interinstitucional que será la que supervise y aporte herramientas de capacitación a los funcionarios públicos.
Pero el legislador cree que aún hay un gran pendiente en el tema de discapacidad: la eliminación de los juicios de intervención.
Detalla que los juicios de intervención son una forma en la que una persona con discapacidad “muere jurídicamente” y no puede intervenir en un litigio sin un representante.
“Creo que más allá de un re – presentante, necesitan acompañamiento, no ser declarados incompetentes para participar en los juicios donde están involucrados”, refiere.
Sin embargo, esa es materia que se debe legislar desde el orden federal, por lo que llama al Congreso de la Unión a empezar la discusión al respecto.