El penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco, encerraba todos los problemas que se buscan erradicar en el sistema penitenciario.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, tenía deficiencias en los servicios de salud e insuficiencias en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

También carecía de personal de seguridad y custodia, por lo que había una gran presencia de actividades ilícitas e inexistencia de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación; así como falta de atención a personas adultas mayores.

Pero lo más preocupante y grave: no estaba bajo el mando de las autoridades penitenciarias, como lo establece la ley.

Integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación ejercían un autogobierno, reveló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el seminario virtual del Colegio de México “¿Cómo anda la seguridad?”, celebrado el pasado 1 de octubre.

Los problemas descritos anteriormente no son nuevos, ni exclusivos de este centro de readaptación. Están en la mayoría de los penales del país, sean estatales o federales, a pesar de que las condiciones son distintas y cada uno tiene sus particularidades.

Sin embargo, solo cuando ocurren hechos que hacen mirar a los penales y a las personas privadas de su libertad que ahí se encuentran, surge la pregunta, ¿qué dirección debe tomar el sistema penitenciario para cumplir su objetivo de reinserción? ¿Es necesaria una reforma? ¿Cuál es el modelo a seguir?


Es importante replantear el sistema penitenciario, la dinámica que existe al interior de los centros y las condiciones en las cuales viven las personas privadas de la libertad

Problemas históricos del sistema penitenciario

Gonzalo Levi Obregón Salinas, doctor en Derecho por la UNAM, explica que existen dos posturas teóricas relacionadas sobre los centros penitenciarios: una busca la readaptación social y otra pretende excluir a las personas que pueden ser transgresoras de derechos y de la sociedad.

“Lamentablemente es un lugar que en la práctica realiza todo lo contrario a la readaptación social, esto quiere decir que se generan recursos económicos a partir de la corrupción y las condiciones en las que viven no ayudan para que se pueda considerar una mejora en su comportamiento”, dice.

José Luis Gutiérrez Guzmán, director de la organización Asilegal, explica que históricamente, el sistema penitenciario en México tiene serios problemas de hacinamiento, sobrepoblación, autogobierno y falta de condiciones dignas para poder lograr el derecho a la reinserción social.

Otra de las fallas es la ausencia de corresponsabilidad, es decir, la falta de participación de otras secretarías de Estado— como Salud, Educación o Economía—, así como de otras políticas públicas y programas para contribuir al derecho a la reinserción social, pese a que es un mandato constitucional.

“Se identificó como una gran necesidad a raíz de la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, si bien es cierto que esta reforma es de 2008, en 2016 se identificó el mecanismo para lograr la reinserción social que eran las comisiones intersecretariales y pues no ha pasado nada.

“Lo que ha generado que las personas privadas de la libertad no puedan reinsertarse a la sociedad de una manera adecuada y que tampoco estén haciendo actividades acorde a lo que establecen sus propios planes, lo que también en muchas ocasiones conlleva a temas de autogobierno y cogobierno dentro de los centros penitenciarios”, dice.

La falta de corresponsabilidad refleja una falta de voluntad política y una falta de conocimiento de lo que implica el modelo de la reinserción social además de no entender que el hacinamiento y la sobrepoblación son obstáculos importantes que se deben erradicar para lograr que las personas que están privadas de la libertad puedan acceder a su derecho a la reinserción social, señala Gutiérrez Guzmán.

Además, el cierre de los centros penitenciarios como el de Puente Grande, ocasiona que otros se saturen y agrava el problema del abandono. Más si se trata de mujeres o indígenas, pues al ser trasladadas de un centro a otro más lejano, impiden muchas veces que sus familias las puedan visitar.

Sofía González Talamantes, coordinadora del Programa Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, señala que es importante replantear el sistema penitenciario, la dinámica que existe al interior de los centros y las condiciones en las cuales viven las personas privadas de la libertad, situación que se agravó con la pandemia de COVID-19.


Como tal no hay un sistema perfecto, pero creo que el ideal sería que respeten los derechos humanos, que no exista tortura, que los procesos se den de manera adecuada, que las personas que están en prisión reciban atención médica, una de las grandes fallas

Sofía González Talamantes

Coordinadora del Programa Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta

Sofía también señala que se les debe de garantizar la comunicación con su familia, y aunque ahora ha sido complejo por la pandemia, no es imposible, pues algunos centros penitenciarios se han acoplado e incluso han implementado videollamadas.

“Tienen que garantizarse los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y también se tiene que trabajar bastante con las autoridades corresponsables para que asuman las obligaciones que marca la ley en cuestión de implementar programas y brindar servicios a las personas privadas de la libertad”.

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