Si el gobierno sigue negando que conocía la operación, se tipificaría la violación a la soberanía nacional
El presidente Felipe Calderón y algunos funcionarios podrían haber incurrido en traición a la patria, tráfico de armas y asociación delictiva, entre otros delitos, de comprobarse que conocían el operativo “Rápido y Furioso”, considera el secretario de la Comisión de Gobernación, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En tal caso, se podría proceder legalmente, tanto en el ámbito penal como civil, contra los responsables. Pero si el gobierno federal continúa negando que estaba al tanto de esta operación, se tipificaría como violación a la soberanía nacional.
Esta operación fue obra de agentes estadounidenses de la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Contrabando (ATF), por sus siglas en inglés, en Arizona, para contratar a traficantes de armas que hicieron compras masivas de armamento y así rastrear las redes de su tráfico ilegal a México. Sin embargo, la ATF perdió el paradero de las armas que acabaron en manos del narco.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, comparecerá el próximo 15 de noviembre ante la comisión de Gobernación de la Cámara de diputados.
En esa comparecencia, el petista Manuel Huerta, tendrá oportunidad de hacer valer la “pregunta presidencial”, a la que tiene derecho por ley, que girará en torno a si el gobierno federal tuvo o no, en cualquiera de sus secretarías o instituciones, conocimiento de “Rápido y Furioso”.
La documentación entregada a los diputados Huerta y Aleida Alavez, quien también sigue el caso, no aporta ninguna información aclaratoria, y en los expedientes tampoco se acepta que el gobierno haya sabido que Washington haya introducido armas en México.
De ser así, dice Huerta, si en México nadie supo nada, habría que proceder ante esta flagrante violación a la soberanía nacional por parte de una institución estadounidense.
Meter clandestinamente armas en cualquier país no es cosa ligera. Y si el que promueve esto es un gobierno extranjero, es más grave, según sus palabras. Pero, si se descubre que alguien en el gobierno conocía estos hechos, podrían tipificarse varios delitos contra el gobierno calderonista.
En primer lugar, traición a la patria porque se colaboró fuera de todo procedimiento con un ejecutivo extranjero al introduccir armas que causaron la muerte de mexicanos. Además, homicidio, tráfico de armas, asociación delictiva y uso indebido del servicio público. En la Constitución Política, título Cuarto, de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, artículo 108, segundo párrafo, se lee: “El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
