Posterga Emilio protegerlas

El 5 de febrero pasado Jalisco se sumó a los estados del país que cuentan con un Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).

Una estrategia federal que, con toda su relevancia para la atención de mujeres que viven violencia, aquí se postergó tres años por el desinterés de la gestión del exgobernador panista Emilio González Márquez. 

En 2012, último año del mandatario del PAN –dejó el cargo en febrero de 2013–, el Gobierno estatal tomó la decisión de no responder a la convocatoria que hacía la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para desarrollar estos centros especializados.

Esa determinación del Estado, señalada en su momento como una omisión por las asociaciones en pro de la mujer, costaría muy caro: el rezago en la adopción del nuevo modelo, el cual tuvo que prolongarse hasta este año. 

El 20 de febrero de 2012 la Conavim publicó los “Criterios para crear o promover CJM”, donde detallaba a los Estados las reglas para acceder al subsidio federal para su construcción y puesta en marcha; incluso, dice su informe 2011-2012:

“Los criterios para crear o promover los CJM fueron publicados en la página web de la Conavim (…) y posteriormente enviados de manera formal a la y los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas”. 

Pero a Jalisco no le interesó, aun siendo un programa clasificado como “prioridad nacional” en octubre de 2011, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que integran el presidente y los gobernadores.

Tras los Juegos Panamericanos de 2011, Jalisco contaba con estadios de rugby y hockey que costaron 75 millones de pesos (MDP), pero aplazaba un centro especializado para las mujeres cuya situación de violencia puede costarles la vida. 

A una semana de inaugurado en este año, el CJM en Guadalajara atendió a 269 víctimas, dando lugar a 50 denuncias penales por violación, violencia intrafamiliar, atentados al pudor y abuso sexual infantil, según informó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, el 11 de febrero pasado. 

Todo eso en tan sólo una semana ¿cuántas víctimas se hubieran atendido durante todo 2013 y 2014? 

El modelo de los CJM inició en San Diego, California, en 1992.

La Conavim lo adaptó al país en 2010 como respuesta a las fallas en el acceso a la justicia para las mujeres, señaladas a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Comité de Expertas de la Convención para Prevenir y Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

En esencia, concentra en un núcleo a todo un equipo multidisciplinario que garantice una atención integral a la mujer agredida, no solo policial, ministerial y judicial, capacitado y sensibilizado para esa tarea específica, sino también instancias médicas, sicológicas y legales.

La espera

En 2012 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), con María Elena Cruz Muñoz al frente, justificó el desinterés del anterior gobierno panista hacia el CJM al afirmar que no era viable financieramente porque era su último año. 

En realidad, la convocatoria le exigía al Estado sólo un 30 por ciento de la inversión -el resto sería federal-, una cantidad no mayor a los 12.3 millones de pesos, según las reglas emitidas.  

En materia de atención a las mujeres violentadas, el CJM significaba a Jalisco el paso más trascendente desde la aprobación en 2008 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que dimensionó pronto la actual gestión, ya con siglas del PRI. 

El 25 de noviembre de 2013 se inició la construcción del centro. 

El 6 de mayo de 2014 se presentó a la Conavim el proyecto y la solicitud del subsidio por 30 MDP; el 12 de agosto ésta lo autorizó con 4.5 MDP. Y luego, el 21 de octubre lo aumentó a 8 millones 491 mil pesos.  

Cruz Muñoz había llegado al IJM el 15 de marzo de 2012 para relevar a Carmen Lucía Pérez Camarena, quien partía a una curul que todavía hoy ocupa en la Cámara de Diputados. 

La legisladora panista se iba, no obstante, mientras Jalisco dejaba para casi tres años después la adopción del CJM.

Más de dos años después de salir del IJM, la diputada del PAN alzó la voz desde la Cámara para señalar que, en efecto, Jalisco iba muy lento en contar con un CJM: 

“De nada sirve, dijo la legisladora, que con bombo y platillo se haya hecho un anuncio para la creación de este CJM de Jalisco, si a un año no se ha hecho prácticamente nada”, dice el boletín enviado por su equipo de prensa el 24 de noviembre de 2014, cuando aún no era inaugurado el proyecto.

El voladero

En diciembre de 2014 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dio a conocer su recomendación 39/14 sobre el caso de una mujer de Tonalá -municipio del Área Metropolitana de Guadalajara-, quien asesinó a un hombre, su expareja, en medio de una de las golpizas que éste le propinaba. Hoy ella está en la cárcel procesada por homicidio. 

La violencia que vivía constaba ya en al menos cuatro averiguaciones previas (AP) de la entonces Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía) en el sexenio pasado, incluso por amenazas de muerte. 

En la AP 9834, de 2009, la mujer denunció que su expareja “la golpeó y luego con amenazas la llevó a una barranca donde la humilló y ofendió, además de que la amenazó con aventarla al voladero”. Una de sus hijas veía la escena, “la cual lloraba y gritaba aterrada”. 

La CEDHJ transcribió en la recomendación: “Dijo que tenía miedo que la matara (…) suplicó que la ayudaran”. 

La Procuraduría, sin embargo, le solicitó a la mujer que ella aportara las pruebas, y como no lo hizo el caso estuvo parado por casi tres años hasta que fue archivado en definitiva. No hubo indagatoria, mucho menos órdenes de protección.  

Las golpizas siguieron hasta alcanzar ese desenlace. 

Eso es justo lo que pretenden erradicar los CJM; ahí se puede denunciar, obtener órdenes de protección y tramitar pensiones alimenticias y divorcios. 

Ofrece además alternativas productivas y educativas para independizarse, y si el riesgo es muy alto, se ingresa al albergue. 

En los estados sin un CJM las mujeres agredidas recorren hasta 10 oficinas para hallar el auxilio que requieren, dice la Conavim, lo que las revictimiza y las pone en peligro. 

En el CJM de Guadalajara se invirtieron 82 MDP -al inicio se dijo que serían sólo 30.7 MDP, y es el duodécimo en el país, según informes de Conavim. El de Ciudad Juárez opera desde el 2012. 

Violencia extrema

Además del albergue del CJM, Jalisco tiene un refugio especializado para mujeres en violencia extrema y cuya vida está en vilo.

Es el Centro de Atención a la Mujer y sus Hijas e Hijos, Estancia Temporal (Camhhet), cuya ubicación es información reservada. 

En esta gestión su uso se ha intensificado, aunque los informes no dicen si se debe a una mayor eficiencia en el diagnóstico y canalización de víctimas, o a un aumento en la incidencia de violencia extrema hacia ellas. 

Puede atender hasta 60 mujeres por año. En el sexenio anterior promedió una ocupación del 46 por ciento, en total recibió a 167 mujeres con 225 niñas y 207 niños. El año que más se usó fue 2012 con 39 mujeres (65 por ciento de la capacidad). 

Para 2013 se elevó a 59 mujeres (98 por ciento), con 54 niñas y 72 niños; y para 2014 a 51 féminas (85 por ciento), con 50 niñas y 49 niños. 

El gobernador priista Aristóteles Sandoval reconoció en la apertura del CJM un alza en el feminicidio: de 20 casos en 2013 a 34 en 2014; un 70 por ciento más.  

En abril de 2012, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana reportó: cada día mueren en México seis mujeres por violencia, y cuatro de cada 10 de estos homicidios se dan en el hogar.

Más del 50 por ciento de llamadas al 066 son por violencia intrafamiliar; y siete de cada 10 reclusos provienen de hogares violentos. 

Cronología de una historia de rechazo

1. En 2012, el gobierno panista ignoró el llamado de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para construir un Centro de Justicia para Mujeres (CJM).

2. Se necesitaban 12.3 millones de pesos al final del sexenio pasado para iniciar con el CJM local.

3. Lucía Pérez Camarena, extitular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), ya como diputada federal del PAN, condenó que la actual administración priista no arrancara el proyecto, cuando no insistió en ello como funcionaria estatal.

4. El proyecto tuvo que ser postergado tres años. Abrió en este 2015, y en una semana atendió a 269 víctimas y generó 50 denuncias penales por violencia.

5. Se invirtieron 82 millones de pesos en el centro recién inaugurado en Guadalajara. 

6. El feminicidio creció 70 por ciento entre 2013 y 2014 en Jalisco: de 20 a 34 casos en un año.