Predican la insurgencia

Una averiguación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) vincula a sacerdotes católicos de Guerrero con grupos radicales, comunitarios y de autodefensa.

El documento –del cual Reporte Índigo tiene una copia-  revela en un apartado denominado “clero radical”, que la Nunciatura Apostólica de la Iglesia Católica está enterada y tiene reportes claros de lo que estos sacerdotes hacen y representan en aquellas comunidades en la que se encuentran asignados.

En la radiografía que el Cisen elaboró se destaca la investigación a dos sacerdotes clave en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, Mario Campos Hernández y Melitón Santillán Cantú.

Ambos clérigos son monitoreados, por que se les reconoce el poder de influencia, convocatoria y movilización que tienen en diversas comunidades indígenas en Guerrero a partir de su intenso activismo católico y sus vínculos con grupos de policías comunitarios, centros de derechos humanos y movimientos de autodefensa.

Campos Hernández y Santillán Cantú están clasificados dentro de los “Factores de Riesgo en el Estado de Guerrero” que impactan la gobernabilidad.

El Cisen señala que esto es debido a la combinación de elementos de subversión, capacidad armada, respaldo de grupos de izquierda, actores delictivos, proyectos frentistas y la simpatía o aceptación social con la que son vistos en algunas regiones específicas.

El sacerdote que es juez

Mario Campos Hernández es el primero de los dos sacerdotes fichados por el gobierno.

Se le ubica como párroco en la iglesia “Santo Entierro”, de Xalpatláhuac, Guerrero, desde 2004.

Se clasifica como simpatizante de la teología de la Liberación.

“Se le considera uno de los principales organizadores de los grupos de autodefensa”, resalta el diagnóstico.

Campos Hernández es asesor del Comité Regional de la Policía Comunitaria de la Región de Costa Chica de Guerrero, con sede en San Luis Acatlán, por lo que es uno de los principales promotores en busca de reconocimiento oficial de esta corporación ante instancias de los tres niveles de gobierno, detalla el informe.

“También ha realizado la función de juez, dicta sentencia a los delincuentes que son aprendidos por el comité”, señala el Cisen.

Como datos que indican el “nivel de radicalidad” del sacerdote, la investigación apunta que desde el año 2000 fue señalado como incitador para formar grupos armados o integrarse al EPR-ERPI.

“El 2 de junio de 2013, en Xalpatláhuac, junto con Melitón Santillán Cantú, sacerdote de Malinaltepec, Guerrero, encabezó una reunión donde expusieron un proyecto que intenta aglutinar a militantes de expresiones subversivas que han quedado sin dirección en comunidades de Guerrero y Oaxaca y que estén dispuestas a seguir participando en un proyecto armado.

“Lo anterior obedece a que tiene diferencias con los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, además de Miguel Ángel Serafín Juárez, alias ‘Comandante Beto’ del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”, apunta el documento.

El activismo del representante de la Iglesia Católica, detalla el Cisen,  fue detectado en diversas acciones realizadas en la Costa Chica de Guerrero, con motivo de la campaña “EZLN 20 y 10. El Fuego y la Palabra”, como parte de los aniversarios de la conformación y del levantamiento armado.

“Sabe utilizar armas cortas, largas y semiautomáticas, derivado a su relación con grupos de autodefensa”, destaca el informe.

Al cura se le asocia con otros personajes de la región de Guerrero como Alejandro Grande, miembro del ERPI; Capóforo Grande Vázquez, alias “Federico o Emilio”, comandante de la Organización Revolucionaria del Pueblo y el profesor Moisés Gonzalo Moreno, del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

Todos encabezan reuniones en Ayutla de los Libres, San Marcos, Cuautepec, Ometepec hasta Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde “han encontrado gente dispuesta a apoyar un movimiento armado”, inquiere el Centro de Investigaciones.

La liga con Ayotzinapa

En la ficha del párroco Mario Campos Hernández aparecen también sus presuntos nexos con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), organización que junto con los familiares, asumió la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos.

El documento advierte que Campos Hernández es también miembro activo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, desde 1994 y del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena Guerrero desde 2003.

Para el Cisen, este personaje aprovecha su papel protagónico en las misas que efectúa en pueblos y cabeceras municipales para llamar a los pueblos indígenas a no permitir abusos.

“Los pueblos indígenas deben seguir exigiendo sus derechos a partir de que actualmente se quiere engañar a los pueblos dándoles espejitos a cambio de que se establezcan proyectos mineros, lo que únicamente traerá muerte para el ser humano”, retomó el gobierno como prueba de una de las homilías del sacerdote.

El cura activista que el gobierno fichó tiene antecedente penales, pues fue detenido en julio de 2000 por la Policía Judicial del Estado, en la comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec, donde se encontraba asignado como sacerdote.

Fue acusado del delito de allanamiento de morada, de acuerdo a la causa penal 07/2000 del Juzgado de Primera Instancia Penal, con sede en San Luis Acatlán.

Además de su activismo político, la vida personal del sacerdote no es ajena a la investigación del gobierno que apunta como “vulnerabilidades”, la violación al celibato que obliga la Iglesia Católica.

“(…) violando su promesa de celibato, mantiene relaciones sentimentales con Judith Martínez Cruz en la comunidad de El Rincón, Malinaltepec, con quien procreó tres hijas: Itci, Itjat y Xochitl Campos Martínez; también tiene relación sentimental con Obdulia ‘N’, quien radica en Atlamajalcingo del Monte”, asegura el Cisen.

El clérigo que desafió a las mineras

Otro fichaje del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) corresponde a Melitón Santillán Cantú. Este sacerdote, además de caracterizarse por su lucha contra la explotación de las grandes mineras, rechazó de frente uno de los principales programas del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Programa Nacional de Lucha contra el Hambre, detalla el Cisen.

Santillán Cantú se pronunció abiertamente contra dicho programa y promovió entre los feligreses el repudio a la ayuda del Gobierno Federal, al considerar que trataba de manipular a la gente y militarizar los pueblos para que no den continuidad a sus luchas.

Hace apenas un año, el 13 de noviembre de 2013, el sacerdote incitó al pueblo a “estar bien organizado para enfrentar a las mineras”, relata el informe.

De acuerdo con esta investigación, Santillán Cantú “recibía cantidades económicas, principalmente en dólares, procedentes de Alemania, los cuales eran depositados en el Banco Internacional de Tlapa, Guerrero, número de cuenta 0706407353-94103”.

Con 51 años, el sacerdote es asesor del Comité Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) desde 2010, a quienes les ha tomado protesta en la comunidad de Colombia de Guadalupe de Malinaltepec.

“Aprovechando su posición de sacerdote, incita al pueblo a manifestarse en contra de la instalación de empresas mineras en la región de La Montaña, contra las altas tarifas de energía eléctrica y el Programa Nacional de Lucha contra el Hambre”, resalta el Cisen.

La investigación también destaca que Santillán Cantú mantiene vínculos con actores que impulsan movimientos subversivos en la región de La Montaña.

Señala que ha tenido acercamiento con Carpóforo Grande Vázquez, alias “Comandante Emilio”, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) y simpatiza con grupos guerrilleros como el EZLN.

Este cura, dice el documento, rechazó el decreto federal de reserva de la Biósfera en La Montaña de Guerrero y desde octubre de 2012 encabezó la toma de las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, junto a Isauro Peláez Ruiz, comisario municipal de La Ciénega; Saúl Morán Oropesa, dirigente del FPR en Malinaltepec, así como Maximiliano Epitacio Flores, consejero de la CRAC-PC.

El Cisen mantiene antecedentes del activismo de Santillán Cantú desde 1994, año en el que el arzobispo de Acapulco, Rafael Bello Ruiz, envió un oficio al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, en el que externó su preocupación por el sacerdote. Santillán Cantú era seguido por un grupo de personas que declaraban que tenían la consigna de asesinarlo.