Trabajó como funcionaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el periodo que se implementó, canceló y auditó Enciclomedia. Atestiguó cómo se condujo el proceso de terminación de este programa, los errores que se cometieron y la falta de organización imperante en áreas estratégicas de la dependencia encabezada por Josefina Vázquez Mota.
En su opinión, la salida que se dio para finiquitar este proyecto apostó por tomar “el camino fácil”. El mismo implicó forzar “una salida legal” que supuso un pago oneroso a las empresas prestadoras de bienes y servicios para Enciclomedia.
La ex funcionaria de la SEP decide hablar por vez primera y en exclusiva ante las cámaras de Reporte Indigo. No labora más en la administración pública federal y, por temor de que se geste alguna represalia en su contra, solicita que su identidad se mantenga en resguardo.
En el polémico asunto de Enciclomedia se ha implicado tanto a la actual candidata panista a la Presidencia de la República como a algunos de sus colaboradores cercanos en su campaña política.
Tal es el caso del diputado panista Julio Castellanos Ramírez quien, en fechas recientes, se ha visto obligado a hacer frente a los cuestionamientos en torno al programa que fue previsto para modernizar la educación en México.
El pasado 19 de abril el diputado priista Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, puso el dedo en la llaga al señalar que Vázquez Mota y Castellanos habían provocado un daño patrimonial al Estado por más de 2 mil millones de pesos.
El ex oficial de la SEP –se comenta a la entrevistada– sostiene que la forma como se finiquitó el asunto Enciclomedia fue legal, que el caso está cerrado. Al respecto responde:
“Que se hayan cubierto las formas legales no significa que fue la mejor opción; o la más eficaz o la menos costosa. Si se explora con cuidado el proceso de cancelación del programa de Enciclomedia, como lo hizo la Auditoría Superior en su momento, en el Informe del Cuenta Pública 2008, se puede mirar con claridad que había caminos menos costosos para el erario y que la SEP no los analizó con suficiencia”.
No verifican
Reporte Indigo tiene en su poder la carta que, en enero de 2008, Josefina Vázquez Mota giró a la Oficialía Mayor para considerar si era conveniente renegociar o terminar anticipadamente las contrataciones con los proveedores de Enciclomedia.
Cuando se le inquiere a la ex funcionaria de la SEP si considera si esa oficina atendió adecuadamente dicho requerimento comenta:
“A mí me parece que la Oficialía Mayor de la SEP buscó la salida más fácil… en vez de intentar la ruta de la cancelación de los contratos por el incumplimiento de las empresas o bien, renegociar tiempos con los proveedores, simplemente forzó una salida legal, una salida que le costó al erario poco más de 2 mil millones de pesos”.
De acuerdo con la ex funcionaria de la SEP, la oficina encargada de responder a las solicitudes hechas por Vázquez Mota no obró con suficiencia dado que pagó a los proveedores sin verificar que sus resultados eran escasos.
“Cuando la SEP decide cancelar el programa, el grado de avance que tenía su puesta en operación era raquítico. La mayoría de las empresas, la mayoría de los proveedores habían incumplido en la instalación de las aulas y esa era una razón suficiente para que los contratos se cancelaran de una manera unilateral y con eso evitar el pago por parte de la SEP”, asegura.
De acuerdo con el contrato que debieron signar los prestadores de bienes y servicios para el proyecto Enciclomedia, estipulado en el apartado 16 referente a la Rescisión del Contrato, se señala que:
“(a) La SEP podrá rescindir el Contrato, previo aviso por escrito al Prestador con por lo menos treinta (30) Días de anticipación y sin necesidad de resolución judicial o arbitral, en el caso de un Evento de Incumplimiento del Prestador que no sea subsanado en los periodos de cura aplicables bajo la Cláusula 16.
“(b) Asimismo, la SEP podrá dar terminado en forma anticipada el presente Contrato cuando ocurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado.
En este caso, la SEP tendrá el derecho de iniciar el procedimiento de terminación de este Contrato, mediante notificación escrita dada al Prestador con al menos diez (10) Días de anticipación, de acuerdo con el último párrafo del artículo 54 de la LAASSP.”
Según la ex funcionaria de la SEP, al revisar los datos de la Auditoría Superior en la Cuenta Pública 2008 queda a la vista que en el primer mes de operación del programa, apenas se habían instalado la mitad de los equipos multimedia.
“Pero como la SEP no tenía forma de revisar que estuvieran instalados, porque nunca instaló la Mesa de Servicios, no pudo hacer la verificación. Es decir, lo que la SEP hizo al momento de cancelar los contratos, fue tomar una decisión descuidada, sobre las rodillas”.
La pérdida pudo ser menor
En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior se asienta que los proveedores contratados por la SEP incumplieron con su contrato, que no se instalaron todas las aulas multimedias comprometidas.
“Si se revisan los datos que revisó la Auditoría Superior en la Cuenta Pública 2008 se puede ver que en el primer mes de operación del programa, apenas se habían instalado la mitad de los equipos multimedia pero como la SEP no tenía forma de revisar que estuvieran instalados porque nunca instaló la Mesa de Servicios, no pudo hacer la verificación. Es decir, lo que la SEP hizo al momento de cancelar los contratos, fue tomar una decisión descuidada, sobre las rodillas”, dice una ex empleada de Educación Pública, que pidió el anonimato.
¿La SEP tenía conocimiento de esto antes de finiquitar a estas empresas?, se le pregunta.
No. Y si hubiera existido disposición para revisar el grado de avance de la instalación de los equipos hubiera podido hacerse… También hubo una negligencia al no instalarse la Mesa de Control y Servicios para que la SEP se hubiera allegado de la información de cuántas aulas se habían instalado, qué proveedores habían cumplido y quiénes estaban fallando.
En opinión de la ex funcionaria de la SEP esto denota la falta de experiencia y conocimiento en el tema, la desorganización que imperaba en esta dependencia y lo que, finalmente, llevó a tomar una resolución con premura.
“Había otros caminos para que la pérdida de los recursos fuera menor, parecía que tenían prisa por deshacerse del problema de la terminación, en vez de enfrentar y resolver de mejor manera el problema para beneficio de las finanzas de la SEP y, en consecuencia, del gobierno federal”.
¿La SEP tuvo la posibilidad real de evitar el llamado ‘quebranto’ al erario público por poco más de 2 mil millones de pesos?, se inquiere.
Sí, desde luego. Pudo y debió hacerlo de otra forma. Más allá del argumento legal de si se cumplió o no la ley. Lo que no quiso fue buscar una mejor salida, y al no buscar una mejor salida, se generó el quebranto o, bueno, hubo pagos mucho más onerosos para el gobierno federal.
Algunas de las empresas proveedoras, luego de ser finiquitadas tras la terminación de Enciclomedia, fueron contratadas a los pocos meses por la SEP para el programa que lo sustituyó: Habilidades Digitales Para Todos (HDPT).
“Y peor aún. Lo más grave es que aparte de que son nuevamente contratadas por la SEP también han sido contratadas por otras áreas del gobierno federal, como recientemente ocurrió en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de los pasaportes”.
