En 2019, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contrató por un monto de 25 millones de pesos a Serel, empresa que incumplió condiciones de servicios y fue investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En ese mismo año, la SSC también celebró un acuerdo comercial con la empresa Total Parts and Components para la renta de mil 855 patrullas, servicio que está bajo investigación por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la capital.
Ambos contratos fueron firmados cuando Jesús Orta Martínez estuvo al frente de la SSC; actualmente el exfuncionario está prófugo.
El extitular se amparó contra una orden de aprehensión girada por presuntamente cometer delincuencia organizada, desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita ascendentes a 2 mil 500 millones de pesos.
Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) datan del periodo cuando colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la anterior administración del Gobierno federal.
En el 2019, la SSC le pagó más de 25. 9 millones de pesos a la empresa Serel por 613 mil 380 raciones a un costo individual de 36 pesos
El contrato de la SSC con Serel
Según el contrato SSC/001/2019, en poder de Reporte Índigo, la dependencia de seguridad local adquirió los servicios de Serel S.A de C.V. para administrar raciones de alimentos a los efectivos de la secretaría.
Para la “elaboración y suministro de raciones calientes necesarias para el servicio de alimentación de la cual se abastece al personal en servicio de los diversos agrupamientos, unidades de protección ciudadana, zonas viales y policía complementaria que participarán en actividades y operativos de seguridad pública implementados por esta secretaría”, se lee en el convenio.
En total, por 613 mil 380 raciones a un costo individual de 36 pesos, la SSC pagó 25 millones 906 mil 472 pesos.
La vigencia del contrato fue del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.
Según el apartado de las declaraciones del documento, la contratación se llevó a cabo por adjudicación directa. Es decir, no existió un concurso de licitación pública que asegurara las mejores condiciones para la SSC.
No obstante, el documento justifica la prestación del servicio en los artículos 28, 52, 54 y 63 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.
Estos apartados estipulan que la adjudicación directa se realiza por excepción cuando existe suficiencia presupuestal, bajo los principios de eficiencia o cuando se defina un máximo de recursos a ejercer.
Bajo la lupa de la ASF
En 2018, un año antes de que Serel fuera contratada por la SSC, la ASF encontró que la empresa incurrió en irregularidades al prestar servicios de alimentación para el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
Según la auditoría 2018-1-12NHK19-0205-2019 205-DS, en 2018 a la compañía se le otorgaron los contratos B-DAP-02-2018 y BDAP-10-2018 para el servicio de alimentación en los comedores del SNDIF.
La investigación detalla que Serel incumplió en seis sedes con el número de servicios de alimentación a ofrecer y no se aplicaron ni calcularon las penalizaciones correspondientes.
De los 24 millones de pesos de pesos que se pagaron en total, 709 mil pesos fueron pagados en exceso.
La empresa también violó las cláusulas del contrato respecto a las condiciones sanitarias para el transporte de perecederos.
“La entidad fiscalizada no evidenció que el prestador del servicio entregó, en un plazo estipulado, los contratos de servicios de laboratorio, fumigación y transporte respecto de los cinco vehículos para el traslado de perecederos.
“Se observó que tienen una antigüedad mayor de ocho años y no contaron con los certificados sanitarios y de fumigación, lo que incumple el numeral 2. Especificaciones Técnicas del Servicio, del Anexo Técnico I de los contratos B-DAP-02-18 y B-DAP-10-18”, detalla la investigación.
Ante esto, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes e inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades halladas.
Pese a este historial de incumplimiento de Serel, la SSC le otorgó en 2019 el contrato referido por 25 millones de pesos.
El legado de Orta Martínez
El 4 de octubre de 2019, Jesús Orta Martínez renunció a la titularidad de la SSC capitalina. En ese momento, se argumentó que su salida era por motivos personales.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2020, la FGR informó sobre una investigación contra Orta Martínez y otros 17 exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal anterior por el desvío de recursos y operación con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 500 millones de pesos.
Dos días después, el 8 de agosto, la fiscalía del país emitió una orden de aprehensión contra el exsecretario de seguridad local.
Ese mismo día, la jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informó que el contrato firmado con la empresa Total Parts and Components para la renta de mil 855 patrullas también estaba bajo investigación por parte de la contraloría local.
