La alcaldía Xochimilco pagó durante el 2019 más de 3 millones 800 mil pesos en contratos a René Luciano Morales Hernández, persona moral al que una auditoría señaló por estar implicado en el incumplimiento de obras en el 2016.
El año pasado, ese gobierno encabezado por José Carlos Acosta le otorgó a Morales cinco contratos para adquirir un total de 250 calentadores solares y 500 equipos para su instalación.
La compra se realizó aún cuando el proveedor estuvo bajo investigación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) en el año 2018, ya que no acreditó concluir los trabajos para los que fue contratado en la delegación Benito Juárez en 2016.
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Sin embargo, la alcaldía Xochimilco formalizó con Morales Hernández los acuerdos que se pueden identificar con los folios 02-CD-16-C-114-2019, 02-CD16-C-162-2019, 02-CD-16-C-163-2019, 02-CD-16-C-164-2019 y 02-CD16-C-165-2019.
Por cada uno, la demarcación territorial erogó 772 mil 252 pesos, que sumados dan un total de 3 millones 861 mil 260 pesos.
Todos los contratos se firmaron para la adquisición de 50 calentadores solares, 50 kits de tornillería y 50 kits de pegamento
La vigencia de cuatro de los cinco contratos es del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y el único que tiene una fecha de duración distinta es el 02-CD16-C-114-2019, que fue del 21 de agosto al 31 de diciembre de 2019.
Según los acuerdos comerciales, Morales Hernández se dedica al giro del comercio al por mayor de “otras maquinarias o equipos de uso general, entre otros”.
Además, todos los contratos fueron otorgados a través de la adjudicación directa sin concurso de licitación pública.
La ley indica que este procedimiento debe ser la excepción y no rebasar el 20 por ciento del total de las compras anuales realizadas por las alcaldías o dependencias de la ciudad.
La adjudicación directa se sustenta en el artículo 54 de la Ley Adquisiciones de la Ciudad de México que permite contratar bienes o servicios sin concurso de licitación pública cuando se corre el peligro de una alteración del orden o seguridad de alguna localidad.
772,252
“O se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Distrito Federal, como consecuencia de desastres producidos, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes”, estipula dicho apartado.
Incumplimiento en convenios, no solo en Xochimilco
En 2018, la ASCM llevó a cabo la investigación ASCM/41/16 en la que se detectaron diversas irregularidades en la aplicación del Presupuesto Participativo de 2016 en la entonces delegación Benito Juárez.
La indagatoria revela que el 10 de noviembre de 2016, René Luciano Morales Hernández suscribió con esa administración local el acuerdo DGA/S-045-D03/2016.
Dicho contrato tuvo el objeto de llevar a cabo las obras de conservación y mantenimiento de balizamiento en las colonias Américas Unidas del Lago, Insurgentes Mixcoac, Iztaccíhuatl, San José Insurgentes y San Simón Ticumac.
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El monto fue de 3 millones 416 mil pesos con vigencia a partir del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, la Auditoría Superior detectó que la delegación no pudo acreditar la realización de las obras.
La ASCM explica en su investigación que solicitó en octubre de 2018 al gobierno de Benito Juárez organizar reuniones con los Comités Vecinales de colonias Acacias, Américas Unidas del Lago, Iztaccíhuatl, Insurgentes Mixcoac, Noche Buena, San José Insurgentes, San Juan, San Simón Ticumac, Vértiz Narvarte, Xoco, Álamos II, Del Valle I, Del Valle II, Del Valle III, Del Valle VII, Narvarte III y Narvarte para comprobar la instalación de reflectores y luminarias de diversos tipos, balizamiento de calles, construcción y reparación de banquetas, bacheo y reencarpetado en esas localidades.
La ASCM investigó en 2018 a la delegación Benito Juárez y a René Luciano Morales Hernández por el incumplimiento de obras
“Sin embargo, a la fecha de conclusión de la etapa de ejecución de la auditoría (8 de enero de 2018), el sujeto fiscalizado no proporcionó respuesta a dicha solicitud por lo que no se comprobó la realización de los trabajos de los proyectos específicos ganadores seleccionados como prioritarios en la consulta ciudadana para el destino de gasto 65 ‘Presupuesto Participativo’ de 2016”, detalla el órgano.
Ante esto, la auditoría solicitó a la administración de Benito Juárez, por medio de la dirección general de Obras y Desarrollo Urbano, informar al órgano interno de control de la demarcación territorial sobre todas las irregularidades encontradas y darles seguimiento hasta su resolución.
Sin embargo, en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la actual alcaldía no existe un documento que indique si hubo un seguimiento a las observaciones realizadas por el máximo órgano fiscalizador de la capital.
