Amenazas, asesinatos e impunidad en crímenes en su contra son el pan de cada día de los periodistas en México, pero por primera vez, una autoridad podría dar un paso positivo para cesar las agresiones contra el gremio.
El 13 de enero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aceptó la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos capitalina por violaciones a la libertad de expresión, ejercicio periodístico, acceso a la justicia y verdad en los casos de los periodistas Aristegui Noticias, Humberto Padgett y el fotoperiodista Germán Canseco.
De acuerdo con la Comisión, se trata de la primera recomendación que visibiliza patrones de impunidad y la mala actuación de la entonces Procuraduría en la atención de casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas.
En entrevista para Reporte Índigo, Luis Knapp, coordinador de defensa de Artículo 19 califica la recomendación como un buen diagnóstico que puede mejorar el actuar de la ahora Fiscalía en delitos cometidos contra periodistas.
La Fiscalía debe corregir los graves errores que comete en la forma en que investiga delitos contra la prensa y los cuales contribuyen a agravar el clima de impunidad de estos crímenes en la Ciudad
“Por ejemplo, en la mala investigación incluye la filtración de información sobre víctimas, la falta de priorización de las líneas de investigación asociadas con la actividad periodística de los agravados así como el incumplimiento del Protocolo Homologado para la investigación de crímenes contra la libertad de expresión”, explica.
Sin justicia en crímenes contra periodistas
Para el coordinador de Artículo 19, si las autoridades empiezan a proteger a la prensa y seguir el correcto curso de las investigaciones, los delitos y agresiones cometidas en su contra podrían cesar, ya que se mostraría que se combate la impunidad.
De acuerdo con la recomendación, el primer caso es el del equipo periodístico de Aristegui Noticias, el cual informó el 13 de noviembre de 2016 que cinco personas allanaron sus oficinas para llevarse equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales del sitio así como información relacionada a temas de corrupción de autoridades federales y estatales.
Entre las omisiones que hubo en la investigación de este primer caso, Artículo 19 destacó que las autoridades no solicitaron los videos de cámaras aledañas a las oficinas del medio y además, la Agencia Especializada omitió realizar la investigación tomando en cuenta la labor periodística de Aristegui Noticias, el contexto de su trabajo y los antecedentes de agresiones en su contra.
El segundo caso se trata de la agresión que sufrió el periodista Humberto Padgett mientras realizaba una investigación en Ciudad Universitaria y 10 hombres lo retuvieron, golpearon, encañonaron, robaron su material y documentos de identificación personal y amenazaron de muerte.
Si bien la Procuraduría abrió una investigación, cometió faltas al debido proceso ya que solo calificó los hechos como robo y a los inculpados se les dio calidad de primodelincuentes y otros beneficios procesales que no correspondían a la gravedad de la conducta.
La última agresión es la que sufrió Germán Canseco, fotoperiodista de la revista Proceso cuando sujetos allanaron y robaron su domicilio la madrugada del 24 de junio en la Ciudad de México.
De acuerdo con la denuncia, los agresores se llevaron tres computadoras, tres discos duros y todo su equipo fotográfico, sin que tomaran pertenencias de valor que se encontraban a la vista. Además, el departamento de Canseco fue el único allanado en el edificio.
“Esto es un foco rojo que debe atenderse a la brevedad, estos tres casos se enmarcan en un contexto adverso de violencia e impunidad en delitos contra periodistas en México que se perpetúa. Particularmente, la Ciudad de México desde el 2012 ha ocupado los primeros lugares de violencia contra periodistas en todo el país de acuerdo a la documentación de nuestra organización”, menciona Knapp.
De acuerdo con la CDHDF, no solo se violaron los derechos de la libertad de expresión y los derechos humanos de los tres periodistas, también destaca la omisión de proteger a personas de este gremio frente a cualquier forma de violencia en contra del libre ejercicio de su profesión.
“La erradicación de la violación a derechos humanos a periodistas que son víctimas de agresiones puede ser desde los Ministerios Públicos, que decidan realizar una investigación a fondo y sustantiva, ver si el delito o la falta está relacionada con el hecho de la labor periodística de la persona”, comenta Knapp.
Si bien el coordinador legal enfatizó en mejorar el actuar de los Ministerios, también aseveró que para las fiscalías estatales y la federal debe ser de gran importancia no solo procesar a los autores materiales, sino también a los intelectuales, de otra forma la justicia no llegará a las víctimas
Entre las recomendaciones de la Comisión a la Fiscalía se estipuló la creación de un plan integral individualizado de reparación del daño; atención psicosocial y la realización de estudios técnico-jurídicos de las investigaciones penales iniciadas que tendrá que realizar la Visitaduría Ministerial.
Por último, se solicitó generar un Plan de Trabajo para el diseño de la estructura institucional y normativa que asegure progresivamente la especialización y profesionalización del personal que integra la Agencia Especializada para la Atención de Delitos cometidos en Agravio de Periodistas y Personas Colaboradoras Periodísticas de la ahora Fiscalía, garantías de no repetición y otorgar de manera inmediata las medidas de protección necesarias a las víctimas o testigos.
