Entre la amplia gama de efectos que trajo consigo la pandemia de COVID-19, el impacto a la salud mental es uno que sigue causando alertas, pero aún no hay una estrategia concreta para su atención. Esto pese a que los trastornos mentales y de comportamiento bien pueden ser la siguiente epidemia de salud pública que México deberá enfrentar.
A finales de febrero pasado, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República publicó las notas estratégicas número 152, a cargo de la maestra Concepción Torres Ramírez, respecto a la importancia de que, en el contexto de la pandemia, se implementen acciones preventivas en las estrategias de salud mental y que estas no se limiten solo a atender trastornos existentes.
“Los trastornos mentales se han incrementado hasta cinco veces, lo cual exige revalorar y reorganizar los servicios para implementar acciones preventivas de salud mental pública que se enfoquen no sólo en las intervenciones para tratar a las personas con un trastorno mental, sino en los factores determinantes de la mala salud mental”, dice el documento.
Lejos de velar por el bienestar de las personas con trastornos de salud mental, durante la pandemia la principal iniciativa para tratar esta problemática fue la polémica “Ley Bañuelos”, que habría facilitado la violación de sus derechos de haber sido aprobada
Para ejemplificar esto, las notas retoman estadísticas de la plataforma especializada Our World in Data (OWID) respecto a que en 2019, antes del inicio de la pandemia, México registraba 14 millones 774 mil 237 personas con alguno de los cinco principales trastornos mentales: depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar o de alimentación.
Los más afectados
Retomando diversos estudios se observó que la pandemia no solo contribuyó a la recaída o agravamiento de trastornos preexistentes, sino que las personas contagiadas o en recuperación presentan altas tasas de contagios. Además de que el personal de salud y de primera línea también ha sufrido estrés, ansiedad, insomnio y depresión.
En el plano general, las mujeres, las personas menores de 35 años y el estrato con niveles educativos y económicos más bajos fueron los que más informaron de alteraciones en la salud mental. Llegando a haber un 28 por ciento de la población estudiada presentando síntomas de estrés postraumático clínicamente significativo.
Al respecto, Reporte Índigo entrevistó a Víctor Lizama, integrante fundador de Sin Colectivo, organización de usuarios de servicios de salud mental, quien comenta que el impacto por emergencia sanitaria por el coronavirus muestra la necesidad de transformar tanto estos servicios como el entendimiento mismo de la salud mental desde parámetros médicos.
“Tradicionalmente hemos entendido la salud mental como un problema en la persona. La ausencia de la salud mental la hemos atendido como desbalances neuroquímicos, como un asunto que se va a resolver, sobre todo, a partir de tratamientos farmacológicos, con servicios especializados en salud mental que brindan, sobre todo, instituciones psiquiátricas.”
Para “transformar este estado de malestar general que se ha acentuado a partir de la contingencia”, Lizama apunta al enfoque multidisciplinario propuesto a nivel internacional en la salud mental comunitaria. El cual deja de ver a los psiquiatras y especialistas médicos como la autoridad máxima respecto a los tratamientos.
En su lugar, se plantea ver a los pacientes como sujetos de derechos. Es decir, que tengan participación en sus procesos de recuperación y que no sean sometidos a tratamientos, internamientos u otras prácticas sin consentimiento. Así como se vele por su bienestar, no solo garantizando acceso a los servicios, sino también a temas como educación y trabajo.
La importancia de la prevención
Dado que el modelo médico preventivo en materia de trastornos mentales y del comportamiento ha estado ausente de los sistemas de salud, las notas también retoman una propuesta de la Organización Panamericana de la Salud encaminada a un plan de prevención y atención en situaciones de emergencia.
El planteamiento de la OPS se basa en una red de servicios de salud mental descentralizada; insertada en la atención primaria y en hospitales generales; apropiada culturalmente, equitativa y no discriminatoria; guiada por la participación social, la coordinación intersectorial y el abordaje de derechos humanos.
La propuesta presentada en el Instituto Belisario Domínguez dista de la realidad. Siendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda destinar entre el cinco y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto de cada país a la atención de la salud mental. La OMS también estima que el presupuesto destinado en México a este rubro no llega ni al uno por ciento.
Problema transversal de salud mental
Lizama, también consultor técnico del programa de discapacidad y justicia de la organización Documenta que en 2020 presentó el informe “¿Por Razón Necesaria?” sobre los aspectos legales relativos a la salud mental en México, señala que esto es un ejemplo de cómo no se ve la problemática de una manera transversal.
“El tema presupuestario es una evidencia de cómo de pronto no alcanzamos a entender que no basta con que se construyan más psiquiátricos o se formen más especialistas en salud mental, porque eso no necesariamente significa un cambio”
“Siguen permitiendo las prácticas violatorias de derechos humanos, como los internamientos y tratamientos contra la voluntad”.
También recuerda la iniciativa para una Ley General de Salud Mental promovida por Geovanna Bañuelos, coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado de la República, que habría facilitado estas prácticas bajo el argumento de que se hacía, precisamente, para atender la ola de trastornos mentales ocasionados por la pandemia.
“Hay evidencia muy negativa de que no se atiende el cambio de paradigma en el tema de la salud mental cuando vemos que hay una persistencia en los legisladores por crear leyes especiales en salud mental que perpetúan el entendimiento biomédico. Es decir, consideran que hay personas que, debido a deficiencias neuroquímicas, tienen que estar sometidas.”
Lizama concluye que la salud mental se debe atender desde la perspectiva de los derechos y el bienestar pues “esta contingencia sanitaria nos debe hacer reflexionar acerca de que el encierro, en ningún momento, puede ser una medida que genere rehabilitación, recuperación. Todo lo contrario, el encierro afecta a todas las personas”.
