La construcción de la preparatoria técnica con sobrecostos en General Zuazua infringió diversas cláusulas de un acuerdo firmado entre el Gobierno Federal, el Estado y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León.
El plantel formaba parte de un programa de infraestructura en el que ambos niveles de gobierno tenían que aportar, cada uno, el 50 por ciento de los recursos para ejecutar todas las obras planeadas.
Sin embargo, el proyecto fue autorizado por el secretario de Educación, José Antonio González Treviño, cuando el gobierno estatal contaba únicamente con una parte del dinero.
Esta partida, que sumó 13 millones 396 mil pesos aportados sólo por la Federación, se asignó a un contrato con la constructora tamaulipeca GOGACO S.A. de C.V.
La orden para licitar fue ejecutada por el Comité de Construcción de Escuelas, ahora Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva, a cargo de Luis Armando Cavazos García.
El inicio de la licitación violó el denominado “Convenio de Coordinación para promover y prestar en el Estado de Nuevo León servicios educativos del tipo medio superior dentro del Sistema Nacional de Bachillerato”.
El acuerdo, que consta de 50 cláusulas, fue suscrito el 12 de agosto de 2009 a través de la SEP federal con el Estado y diferentes organismos educativos, entre ellos el CECyTENL.
La cláusula 32, del capítulo de “Nuevos Planteles o Servicios”, establece que el financiamiento para construir y equipar nuevas instalaciones se determinará en oficios de autorización de la SEP.
En el caso de la preparatoria, la coordinadora nacional de los CECyTE, Martha Patricia Ibarra Morales, especificó en un oficio del 17 de febrero de 2012 que ambos gobiernos debían aportar cantidades iguales para la construcción y el equipamiento del plantel.
Lo mismo indican los anexos del programa, disponibles en la página web de la SEP: cada uno estaba obligado a contribuir con 6 millones 781 mil pesos.
En la cláusula 36 del capítulo “Recursos” se establece que el convenio opera sólo a través de estos oficios de autorización, en el que se establecen objetivos, metas e indicadores de desempeño que se prevén alcanzar con el dinero federal.
En caso de que el Estado no realice las aportaciones convenidas por el instrumento, la SEP “podrá retener o hacer los ajustes necesarios, según las disposiciones que norman los recursos federales”, de acuerdo con la cláusula 35 del referido apartado.
La cláusula 38, contenida en el mismo capítulo, indica que el dinero que ejerza el Estado no perderá su “naturaleza federal”.
“Por lo que dicho ejercicio se realizará observando las disposiciones legales aplicables a los recursos federales”, puntualiza el acuerdo.
Justifican violación
El director del Colegio, Efrén Castillo Sarabia, considera que la decisión tomada por el Estado fue “apremiante” porque urge cubrir la demanda educativa en General Zauzua.
“Una vez que se tuvo el recurso federal se procedió precisamente porque se pretendía tener concluido el plantel al inicio del ciclo escolar”, dice.
Esto contradice la versión de Cavazos García, quien aseguró que la licitación la inició el Instituto Constructor cuando contaba con todos los recursos del programa.
“Esa fue probablemente la premura”, continúa Castillo Sarabia, “pero sí, el procedimiento normal es que se emparejen los recursos y no se proceda a hacer (la licitación)”.
El plantel formaba parte del Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.
Este plan está financiado por el Fondo de Apoyo a Subsistemas Estatales, que para el año 2011 ascendió en total a 34 millones 633 mil pesos etiquetados para siete metas del CECyTENL.
Además de la prepa técnica, incluía el equipamiento de los planteles del Colegio en Apodaca, García, Linares, Marín, Salinas Victoria y Cadereyta.
Castillo Sarabia confirma que el resto de las metas tampoco se cumplieron porque el Estado no aportó el dinero que le correspondía.