Intereses debilitados de El Zapotillo

La construcción de la presa El Zapotillo está paralizada por la controversia constitucional 93/2012 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura. Un punto a favor para sus opositores.

El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, implica un problema de economía política ecológica relacionada con la distribución de los recursos naturales.

El megaproyecto incluye una estrategia que inundaría tres comunidades, Palmarejo, Acasico y Temacapulín, para apropiarse del agua y enviarla a las zonas conurbadas de Jalisco y Guanajuato.

Así enmarca la problemática la Red Waterlat-Gobacit, abocada al tema de la política y gestión del agua desde la investigación académica, en el volumen editado en julio de 2015 por Heliodoro Ochoa García, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

La importancia de este megaproyecto para los intereses industriales de León, Guanajuato, los describe el propio Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio en su página oficial sobre El Zapotillo, donde afirma que se tiene el propósito de garantizar agua a la ciudad durante 25 años.

Sin embargo la presión social ejercida en contra de este megraproyecto impuesto desde el ámbito federal y los gobiernos estatales ha rendido frutos.

Los principales interesados en la construcción de dicha presa también están preocupados por el desabasto de agua en la zona de León, a donde iría a parar el agua de Los Altos de Jalisco; y por las pérdidas económicas ocasionadas por el conflicto socioambiental que representa la presa.

En el primer caso, el pasado 10 de marzo en rueda de prensa, el expresidente panista Vicente Fox Quesada se dijo preocupado por la escasez de agua en diversos estados, destacando el suyo: Guanajuato.

Acompañado por el subdirector general de planeación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Salomón Abedrop, el expresidente dijo que el asunto del agua en el país es cosa seria y que la escasez de la misma podría provocar conflictos.

Ante el crecimiento de la zona conurbada de León se requiere de este proyecto para dotar a empresas privadas con un líquido que llegaría a 3 mil 800 litros por segundo en un enorme acueducto de 140 kilómetros de longitud.

Planear a futuro

La injerencia de Fox en este proyecto ha sido clave, a decir de Guadalupe Espinoza –del Colectivo de Abogados que ha acompañado jurídicamente a los afectados por El Zapotillo–, porque desde el inicio de su gobierno ha impulsado proyectos de desvío de agua desde Jalisco a León.

Primero desde el fallido proyecto de presa en el Río Verde y en 2005 con el convenio que dio inicio a El Zapotillo, con el apoyo de otros dos panistas clave en las gubernaturas de los mencionados estados: Francisco Ramírez Acuña y Juan Carlos Romero Hicks.

“Los tres son culpables de que la ciudad más importante de Guanajuato no tenga agua y cada vez sea más cara para los leoneses”, acusó en su momento Juan García Hurtado, dirigente del Frente de Acción Ciudadana.

Las organizaciones opositoras al proyecto han manifestado que la presa no solucionará los problemas de agua.

 “Proyectos de esta naturaleza tienden a eliminar del interés público y de la agenda política actual una discusión sobre el futuro de la ciudad, que debería iniciar en breve y no años después cuando la presión regional sobre el agua sea todavía mayor”, señaló el colectivo de organismos en un comunicado en febrero.

Aún vulnerables

La empresa española Abengoa, concesionaria para construir El Zapotillo, está en números rojos desde los últimos dos años.

De acuerdo con una nota del periódico español El Mundo, publicada el pasado 28 de febrero, el año 2016 significó para Abengoa pérdidas récord por 7 mil 629 millones de euros. Entre las causas destacan el lento avance de sus proyectos en América Latina, El Zapotillo entre ellos.

“Esta caída se debió a la ralentización (lentitud) de la actividad de la empresa, que afecta, principalmente, a algunos proyectos en México, a las plantas solares de Chile y Sudáfrica y a las líneas de transmisión de Brasil, que han motivado el registro de provisiones de costes de construcción por 245 millones”, se lee en la nota del medio español.

Las poblaciones que se verían afectadas, en caso de seguir el megaproyecto de la presa, aún no cantan victoria.

Guadalupe Espinoza, del Colectivo de Abogados que las representa, detalló que las poblaciones están vulnerables por la indeterminación del gobierno de Aristóteles Sandoval para rechazar la presa y la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Desde septiembre de 2015 el gobernador señaló que la viabilidad de la presa sería determinada por la Oficina de las Naciones Unidas para el Servicio de Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), que entre marzo y abril de este año presentará resultados sobre este tema.

Se teme que estos estudios no beneficien a los pueblos y determinen que se construya la presa, toda vez que UNOPS recibiría 4.6 millones de pesos que podrían comprometer sus conclusiones, sin que surta efecto el fallo de la SCJN, pues el gobierno de Jalisco podría firmar un nuevo convenio.

Aunado a que las autoridades locales y federales apostarían al desgaste de más de diez años de lucha de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Las organizaciones que aglutinan a estos poblados han determinado que su presión para evitar la presa no se ha detenido, a pesar de las victorias hasta ahora logradas en su lucha jurídica.