La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) validó de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) que Servicios de Agua y Drenaje (SAyD) de Monterrey presentó para la construcción de la Presa Libertad.
A través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el director de área, Salvador Hernández Silva, firmó la resolución fechada el 28 de agosto de 2019. El documento está dirigido a Gerardo Garza González, director de SAyD de Monterrey.
“Esta DGIRA, en el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto objeto de evaluación que se dictamina con este instrumento es ambientalmente viable, por lo tanto, ha resuelto autorizarlo de manera condicionada” dice el oficio.
La DGIRA solicitó la opinión técnica de cinco dependencias federales: Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) de la Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En la consulta, órganos locales involucrados como la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, encabezada por Manuel Vital, y Montemorelos y Linares, municipios donde pretende ubicarse la Presa Libertad, dieron su aprobación.
“En las instituciones hay como un acuerdo de apoyar a este proyecto porque desde el nivel federal se asignó presupuesto y el Congreso local también determinó la asignación de dinero público”, comenta el biólogo Antonio Hernández Ramírez en entrevista con Reporte Índigo.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Conagua y la Conafor tendrían responsabilidad sobre la falsedad de la información.
Sin embargo, a nivel nacional, la Conagua solicitó el permiso para la construcción o modificación de obras en cauces y zonas federales, estudios correspondientes al tipo de obra y la concesión para la ocupación de terrenos federales.
La construcción de la Presa Libertad contempla una afectación de más de 618 hectáreas de terrenos forestales con vegetación matorral como el espinoso tamaulipeco, el submontano y vegetación de galería. La Conafor argumentó que la implementación del programa de restauración que el SAyD de Monterrey propone no abunda en sus alcances.
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Además, la MIA-R señala que se construirá la colonia La Libertad para la reubicación de los pobladores que se encuentran dentro del vaso de la presa de más de 2 mil 434 hectáreas, para la cual se contemplan 114 lotes que cuenten con infraestructura y servicios.
“Considerando la dimensión del proyecto, el hecho de acondicionar áreas verdes para el nuevo asentamiento humano que pretende edificar no es suficiente como una medida de compensación ambiental. Por lo anterior, es necesario contemplar medidas adecuadas que compensen el impacto generado”, dijo la Conafor.
La DGGFS pidió al SAyD considerar medidas de mitigación por la pérdida de servicios ambientaleS como la polinización y el hábitat de especies endémicas.
El INAH, por su parte, dijo que tiene registrados nueve sitios arqueológicos en donde sería la cortina de la presa y aún faltan investigaciones del embalse y
del acueducto. Por ello, la DGIRA declaró responsable al SAyD de Monterrey obtener los permisos correspondientes.
“La obra debe ser acompañada por una investigación de salvamento arqueológico que tenga como fin el recuperar y resguardar los vestigios arqueológicos que pudiera haber en el área de impacto de la zona de construcción y que desemboque administrativamente en un dictamen de visto bueno de la obra”, cita el oficio.
La validación condicionada de la Semarnat no es suficiente, pues la presa de almacenamiento sobre el río Potosí implica el cambio de uso de suelo de áreas forestales. La superficie
total del proyecto es de más de 31 mil 666 hectáreas mientras que 769 requieren cambiarse.
“La presente resolución no exime al SAyD de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo de áreas forestales ante la DGGF de la Semarnat”, establece la resolución.
Señalan a SAyD de falsedad
Los biólogos Antonio Hernández Ramírez y Silvino Eduardo Hernández Cárdenas sostienen que la Semarnat no debió haber autorizado la MIA-R de la Presa Libertad por la falsedad de la información que presentó el SAyD de Monterrey.
“Encontramos lo que en la ley le llaman falsedad de la información cuando revisamos los listados de especies, en particular los de fauna, que el promovente integró”, dice Her-
nández Ramírez a este medio.
El especialista explica que cuando las manifestaciones presentan información falsa se debe negar la autorización, conforme al artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
“Puede entenderse que te equivoques en una especie, pero aquí se repite esta circunstancia al menos seis veces. El grado de los errores llama a otro tipo de sospecha; la gravedad se consolida cuando la Semarnat no los identifica, por el contrario, los valida, y con base en esa información falsa autoriza de manera condicional”, reclama.
