El diputado priista Álvaro Ibarra Hinojosa presentó una iniciativa ante el Congreso de Nuevo León para reformar la fracción II del Artículo 353 bis del Código Penal de la Entidad, para sancionar penalmente el delito de discriminación que se realice contra la mujer, cuando se niegue o restrinja su derecho laboral o de salud, por razones de género o embarazo.
De esta forma, se pretende armonizar el delito local al delito contemplado en el Código Federal, en donde ya se establece una sanción penal por dicha forma de discriminación. En caso de aprobarse se aplicaría una pena de tres meses a un año de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo comunitario, además de una multa de veinticinco a doscientas cincuenta cuotas.
Los beneficios que se pretenden con esta iniciativa, respaldada por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso serían garantizar el acceso y permanencia al trabajo, así como garantizar el acceso al derecho a la salud en igualdad de circunstancias a favor de la mujer.
En el proyecto presentado por el diputado Ibarra Hinojosa se resalta la discriminación de la que siguen siendo víctimas las mujeres, particularmente en los periodos de embarazo en sus espacios laborales, en los que algunos casos no se cumple con la protección a sus derechos como trabajadoras; o en caso de buscar trabajo, no se les otorga por el hecho de estar embarazadas, o incluso por hecho de tener hijos, entre otras razones de género.
“Como legisladores, por todas estas razones debemos darle la mayor protección a la mujer, en nuestra normatividad, en aquellos casos en los que existe una evidente desigualdad en razón de su género y condiciones particulares”, señala la iniciativa.
Actualmente, en el artículo 353 bis del Código Penal de Nuevo León se establece que comete el delito de discriminación quien ‘niegue o restrinja derechos laborales; limite o restrinja un servicio de salud’.
De aprobarse la propuesta de reforma, la fracción II del citado artículo dejaría establecido que comete el delito de discriminación quien ‘niegue o restrinja un derecho laboral, principalmente por razones de género o embarazo; limite o restrinja un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo’.
