Alrededor de 200 presos políticos en el país quedaron olvidados y seguirán en la prisión pese a la publicación de la Ley de Amnistía.
Dicho marco normativo fue discutido, aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la Federación en el contexto de la contingencia sanitaria por Covid-19.
El objetivo de la reforma es liberar a los internos de los penales mexicanos que no hayan cometido delitos graves e incidieron en ilícitos como el robo sin violencia, a las mujeres presas acusadas de abortar y a quienes procesaron por narcomenudeo en grado de posesión.
Sin embargo, organizaciones civiles acusan que la ley no contempla a los presos que fueron recluidos por oponerse a un orden de Gobierno.
Francisco Cerezo, integrante del Comité Cerezo de Derechos Humanos, asegura que la ley se quedó corta y solo atiende las necesidades emergentes de reducir la población de las cárceles para evitar más contagios de Covid-19.
El Comité Cerezo, desde el 2001 cuando se formó tras la liberación de Antonio y Héctor Cerezo, pugnó por una ley para la liberación de los presos políticos y de conciencia que siguen tras las rejas.
“Desde el principio veíamos que el objetivo no eran los presos políticos sino las mujeres que eran sentenciadas por aborto, los delitos sin violencia o la portación de droga”, explica Francisco Cerezo.
Actualmente, de acuerdo con el Comité Cerezo, existen 200 casos de presos políticos en el país.
Francisco Cerezo pone de ejemplo a los 13 presos de la Unión Campesina Independiente (UCI) de Puebla que desde la década de 1980 están recluidos y no pueden ser beneficiados por la ley debido a que los procesaron por delitos de alto impacto como secuestro y robo con violencia.
Entre los casos más recientes, menciona el de Asunción Gómez Sánchez y su esposo Venturino Torres en el estado de Chiapas, a quienes detuvieron el pasado 21 de octubre de 2019 y sentenciaron por despojo de propiedad.
Ambos son miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y se desempeñan como defensores del derecho a la tierra.
Así como está la Ley de Amnistía, no sale nadie porque a los presos políticos y de conciencia se les imputan y fabrican delitos graves como homicidio, secuestro, delincuencia organizada, para que tengan procesos larguísimos
El Comité ha seguido dichos casos y ha acompañado a las familias en la exigencia de su liberación.
Señala que desde el 2001 y durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y lo que lleva el de Andrés Manuel López Obrador entregaron diversos documentos y entablaron el diálogo con los legisladores y las fuerzas políticas que estaban construyendo la ley.
No obstante, argumenta que el Estado no quiere reconocer que existen presos políticos porque si no aceptaría que es antidemocrático, por eso no se les agregó en la Ley de Amnistía.
“La ley parece decir que en México no existen los presos políticos, ya se aprobó y es muy difícil que aprueben otra con características diferentes, seguiremos haciendo presión por la libertad de quienes siguen presos injustamente”, declara.
Sedición, la única opción para los presos políticos
La maestra en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Milca Judith Calzada Lemus afirma que la única opción para que los presos políticos tengan su libertad es que hayan sido sentenciados por sedición.
No obstante, señala que no conoce a nadie sentenciado por esa razón. La sedición es un alzamiento colectivo y violento contra alguna autoridad.
“No conozco un caso de un preso político que esté sentenciado por sedición, que es el único en la materia que podría acceder al perdón por la Ley de Amnistía”, explica.
La liberación entonces no es factible porque los presos políticos no fueron juzgados por el delito de sedición sino por otros no contemplados en la recién aprobada ley.
La ley aprobada beneficia a quien hizo robo sin violencia y mujeres que abortaron, entre otros
“Es nula la posibilidad de que esto ocurra”, declara.
Añade que el problema entonces es la práctica judicial en la que se procesan, fabrican delitos e intervienen los actores políticos en perjuicio de los acusados.
