Si la población penitenciaria es considerada por muchas organizaciones como una de las capas sociales más abandonadas en México, la población carcelaria de adultos mayores, pese a sus condiciones de vulnerabilidad, es prácticamente invisible, según lo reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Actualmente en nuestro país existen 6 mil 334 hombres y mujeres privados de su libertad, cuyas edades se ubican entre los 60 y más de 81 años de edad, los que a pesar de ser protegidos por la ley, y pese a sus condiciones de vulnerabilidad, no han recibido ningún beneficio del poder judicial que les permita dejar o al menos disminuir su condición de encierro.
Si bien es cierto que la población de reos de la tercera edad representa el apenas el 3 por ciento del total de los internos recluidos en las 298 cárceles de todo el país, también es de reconocer que el 100 por ciento de este grupo de personas cuentan con padecimientos de salud, discapacidad y otras características propias de su edad, que les colocan en desventaja de sobrevivencia dentro de la prisión.
“Se han observado deficiencias en la atención de esta población, primordialmente en los rubros de salud, alimentación, equipos de apoyo y estancia digna”, señala la CNDH en su informe especial Sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios.
Desde el 2011, año en que la CNDH comenzó a observar de manera institucional las condiciones de reclusión en nuestro país, se ha venido haciendo la observación a los responsables del sistema penitenciario sobre la necesidad de resolver la falta de equipo de apoyo como sillas de ruedas, andaderas y bastones, sin respuestas sustanciales.
Las principales deficiencias encontradas en las cárceles del país, desde el 2012 a septiembre del 2017, refieren incumplimiento de la autoridad penitenciaria en cuanto a instalaciones accesibles, equipo de apoyo para deambular, falta de talleres ocupacionales, dietas adecuadas, falta de servicios médicos y falta de ubicación adecuada para sus edades.
A lo anterior se suma el abandono en el que se encuentran muchos de los internos de este grupo, lo que les imposibilita acceder a la presentación de quejas ante la CNDH, y que a la vez hace que este sector sea el que menos reclamos presenta ante esa instancia.
Por esa razón, en su informe especial, la CNDH confirmó la invisibilidad en la que se encuentran los adultos mayores recluidos en los centros penitenciarios de todo el país.
“A pesar de que cuentan con un marco jurídico que obliga a las autoridades a prestar atención especializada y específica en su favor”, precisó la comisión.
La sentencia los mata
Aunque existen casos excepcionales, la mayoría de los reclusos de la tercera edad no llegaron a la prisión siendo adultos mayores; la purgación de largas sentencias es lo que ha hecho que muchos de los presos lleguen al punto de la vejez dentro de las celdas, lo que hace que requieran medidas especiales de atención.
“(Las sentencias prolongadas) conllevan afectaciones a la salud y pueden propiciar depresión, ansiedad, violencia, entre otros efectos”, reconoce la CNDH, “requieren de especialistas y accesibilidad para que tengan las mismas condiciones y garantías en sus derechos como todas las personas en reclusión”.
Del padrón de adultos mayores en prisión, solamente 4 mil 798 de ellos se encuentran sentenciados, mientras que mil 536 aún están en proceso, esperando la determinación del juez y afrontando las condiciones de invisibilidad que reconoce la CNDH les vulneran en sus expectativas de vida.
Del total de adultos mayores sentenciados, mil 371 cuentan con una condena de entre 11 a 20 años de prisión, 902 tienen sentencia de 21 a 30 años de cárcel, 839 fueron sentenciados de 6 a 10 años, 675 purgan condenas de menos de cinco años, 517 tienen que cumplir de 31 a 40 años de cárcel, 277 purgan sentencia de 41 a 50 años y 217 están condenados a más de 51 años.
Urgen mejoras
Frente al problema que representa el incremento de la población penitenciaria de más de 60 años, el que solo del mes de julio de este año registró un aumento de 230 personas en comparación con el mes anterior, la CNDH considera necesario armonizar la normatividad jurídica vigente.
“Establecer la obligación de que los Centros de Reclusión Penitenciaria de la República Mexicana cuenten con un registro de personas de más de 60 años que incluyan condiciones de salud, necesidades específicas de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos”, pidió la defensora de derechos humanos.
También recomienda que existan programas para evitar la discriminación de los adultos mayores en reclusión y que se prevean los recursos presupuestales pertinentes a fin de mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios, conforme a los estándares internacionales que contienen adultos mayores.
