Presuntos deudores
Hacer de Lazarillo de la justicia mexicana puede resultar muy caro.
El proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ninguna de las observaciones que los productores del documental Presunto Culpable hicieron para mejorar el sistema de justicia penal.
En el Senado de la República los escucharon, pero no les hicieron caso.
El Poder Legislativo y el Poder Judicial están ensimismados ante el paupérrimo sistema de justicia en México.
Armando Estrop129
El pago por daño moral sería sensiblemente más alto que todo el presupuesto anual del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad que para el siguiente año está proyectado en 64 millones 736 mil 922 pesos
El proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ninguna de las observaciones que los productores del documental Presunto Culpable hicieron para mejorar el sistema de justicia penal
"Nosotros propusimos que todos los juicios penales se videograbaran. Que hubiera acceso a medios a todos los procesos penales pero en lugar de eso hay un nuevo Código Nacional de Procedimiento Penal que dice que está prohibido introducir armas de fuego y cámaras a todos los tribunales”
Hacer de Lazarillo de la justicia mexicana puede resultar muy caro.
El proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ninguna de las observaciones que los productores del documental Presunto Culpable hicieron para mejorar el sistema de justicia penal.
En el Senado de la República los escucharon, pero no les hicieron caso.
El Poder Legislativo y el Poder Judicial están ensimismados ante el paupérrimo sistema de justicia en México.
No solo eso, ahora ellos son víctimas de la propia denuncia que hicieron con la película. Pasarán de presuntos culpables de daño moral a auténticos deudores si la sentencia es favorable a sus demandantes.
Se les demanda por 3 mil 300 millones de pesos como pago mínimo por el daño moral provocado a un agente ministerial y un testigo que salen en la película. Se les demanda por publicar una foto que ni siquiera tomaron y es parte del expediente en el que se basa la película.
Es un juicio en el que pareciera que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es aliado de la contraparte. ¿Quién en este país puede pagar 3 mil 300 millones de pesos?.
El director del polémico documental, Roberto Hernández, lo ve con ironía.
Para pagar tendría que pedirle prestado a Carlos Slim. Y lo que más le preocupa es que tendría que vender su bicicleta. O vender lo que todavía no compra.
En un iluminado departamento en la Ciudad de México, el abogado se come una barra de granola y unos puñados de arándanos. Al mismo tiempo recoge un par de calcetines –reminiscencia de la adolescencia masculina- que están en la sala junto a una guitarra acústica afuera de su estuche.
De pelo largo. Aire desenfadado. En una de las ventanas tiene pegado con cinta azul el proyecto de Código Penal Único que todavía se discute en el Senado. Roberto lleva un traje oscuro como quien lleva un uniforme. No va con su semblante relajado. No combina tampoco con la decena de libros de viajero que hay en su libreros con ruedas.
La formalidad de esa vestimenta parece ser indisoluble con la abogacía.
Para la entrevista se quita los zapatos y deja ver su par de raros calcetines que son más bien como guantes para los pies. Cada dedo tiene su compartimiento. Se sorprende incluso el fotógrafo, pero nadie dice nada.
De las tres propuestas concretas que se hicieron hace dos años –cuando se estrenó Presunto Culpable- ninguna se ha tomado en cuenta.
“Nosotros propusimos que todos los juicios penales se videograbaran. Que hubiera acceso a medios a todos los procesos penales pero en lugar de eso hay un nuevo Código Nacional de Procedimiento Penal que dice que está prohibido introducir armas de fuego y cámaras a todos los tribunales.
“Propusimos que se videograbaran todas las filas de identificación en donde los testigos oculares señalan a una persona sospechosa, y en lugar de eso el Código se ha negado a regular estos procesos de identificación”, asegura.
Toño Zúñiga, en quien se basa el documental, fue torturado y por eso la propuesta de los productores de Presunto Culpable fue que todos los interrogatorios también fueran registrados en video.
“El nuevo Código nacional ni siquiera contempla regular las entrevistas y se negaron a que fueran videograbados los interrogatorios policiales”, remarca.
Todos estos temas los propusieron Roberto y Layda Negrete, también productora del filme. Ambos están por terminar su doctorado en la Universidad de Berkeley, en San Francisco, California.
“Nosotros hicimos la película, encuestas en cárceles. (El senador panista) Roberto Gil me invitó a la Comisión de Justicia en el Senado como parte del trabajo que se está haciendo, esto que digo aquí frente a una cámara lo dije frente a ellos y no han hecho nada”.
El desánimo que les produjo que los legisladores involucrados en estos temas no quieran soluciones reales se ve compensado con que ven un despertar en la sociedad.
Daños millonarios
El monto mínimo reclamado por parte de sus demandantes es de 3 mil 300 millones de pesos. Sin embargo no existe un tabulador o un mecanismo confiable en alguna ley o código en el que se puedan basar estos montos en las demandas de daño moral.
> ¿Quién lo puede pagar?
“Tú me prestas”, dice lleno de risa. “Le iría a pedir dinero a Carlos Slim. O que él la pagara mejor porque no se lo podría pagar. Tendría que ganar 100 mil pesos diarios durante 30 años para poder pagarlo. Y no gastarme nada”.
> ¿Y si no pagas?
“Pues no creo que me puedan meter a la cárcel por eso, pero en realidad no lo sé, no sé qué pasaría. No tengo idea si podrían quedarse con todo mi patrimonio presente y futuro. No tengo idea. Hasta lo que no he comprado. Se podrían quedar el refrigerador. Y mi bicicleta”.
El director se encuentra sentado en una especie de flor de loto. Esa posición del yoga que le da un aire espiritual. Esa atmosfera se rompe cuando se habla de dinero.
El cobro de los abogados es otro tema que Roberto toma con irreverencia. Sabe que esa es una de las razones por las que el TSJDF aceptó todas las denuncias en su contra aunque carecieran de los requisitos indispensables. Es otra forma de acoso.
“El sistema de daño moral que tenemos se convierte como en una herramienta de censura.
“De censura de facto. A mí nadie me ha condenado, nadie me he dicho que he hecho algo ilegal, y sin embargo llevo dos años y medio litigando.
“Los abogados no me han cobrado ni un peso porque son muy comprometidos. Luis Schmidt, Abraham Díaz, Javier Quijano, ellos no me han cobrado ni un peso, pero les pedí que me dieran un memo de cuánto me habrían cobrado y ya suma 300 mil dólares de estarse defendiendo de cosas que no tienen razón de ser.
“Es un acoso judicial como para fregarte, pero en realidad no tienen perspectivas de ganar, o al menos eso es lo que yo creo. Mientras tanto me van a seguir condenando en todas las instancias hasta que llegue esto a un tribunal serio”.
En Michoacán un juez resolvió a favor de los productores de Presunto Culpable. Con su resolución no Radio, Televisión y Cinematografía no podrá censurar más la película. Como en todo proceso judicial esto es tan solo un triunfo momentáneo.
Una respuesta en tono de venganza
Presunto Culpable fue un éxito comercial. Es de las pocos proyectos de cine mexicano que recibieron presupuesto del IMCINE y este a su vez recibió dinero por la buena entrada en taquilla.
Ganó un Emmy como mejor investigación periodística.
Casi dos millones de personas lo vieron en cine. Aproximadamente 13 millones la vieron en televisión.
Compitió contra El Cisne Negro -el drama de una bailarina- y la protagonista fue ganadora de un Óscar; y contra las películas infantiles Mi Abuela es un Peligro y El Oso Yogi. Cuando Roberto platica las producciones que fueron los adversarios en taquilla ríe a carcajadas.
Luego toma aire y se pone serio. Reconoce que el problema que enfrentan es serio.
Desnudar a los integrantes del Poder Judicial resultó contraproducente. En vez de tomar la crítica e intentar hacer algo la respuesta ha sido en tono de venganza.
“Sí, es dramático que habiendo denunciado al Poder Judicial y sus prácticas ahora estamos siendo víctimas de un acoso. En lugar de que quieran cambiar quieren callar el mensaje.
“Es una crítica que en verdad hicimos de buena fe y con un gran apoyo académico detrás”.
Roberto Hernández está seguro que detrás de todo este caso se encierra una cuestión de ego.
“Les ha de haber dolido en el ego a los jueces verse tan criticados y ser mostrados como tan incompetentes”.
Presuntos prestamistas
¿Quiénes sí podrían pagar?
Carlos Slim
Grupo Carso
74 mil millones de dólares
Germán Larrea
Grupo México
16 mil millones de dólares
Alberto Bailleres
Industria Peñoles
11.9 mil millones de dólares
Ricardo Salinas Pliego
TV Azteca
8 mil 200 millones de dólares
